Tras la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que ordena la retirada de los crucifijos de las escuelas públicas de Italia,
el Ministerio de Justicia de España dijo que la medida "será tenida en cuenta" en la tramitación de la Ley de Libertad Religiosa en nuestro país. No obstante, según fuentes vinculadas al desarrollo del proyecto, la futura norma -que permanece "congelada" a la espera de "un momento político oportuno"- no ordenará de forma expresa la desaparición de crucifijos de las aulas públicas, ni alterará los hábitos de los concertados.
La retirada de símbolos religiosos en las escuelas públicas es ya obligada en España por una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), de 1982, pero la medida se cumple sólo si los padres lo solicitan, lo cual significa que deben estar dispuestos a un difícil tránsito jurídico. La ley serviría, en principio, para agilizar el proceso y evitar esperas como la que viven desde hace cuatro años los padres del colegio Macías Picavea de Valladolid.
ESCUELAS CATOLICAS
Muy distinta será la cuestión en la escuela católica concertada, cuyos crucifijos, al margen de la voluntad de los padres y de que cuestan más de 3.600 millones de euros anuales al Estado, según estudios independientes, están protegidos por los Acuerdos Iglesia-Estado, de 1979.
El Ejecutivo socialista ha repetido en varias oportunidades que, pese a las dudas acerca de su constitucionalidad, no piensa derogar el Concordato, cuya vigencia defiende con uñas y dientes la Iglesia católica. El Ministerio de Justicia insiste en recordar que es una norma de rango internacional y que, además, en España el "respeto al ideario católico de los centros" está consagrado en el Acuerdo de Enseñanza y Asuntos Culturales. En opinión de la Iglesia, también está garantizado en los artículos 16 y 27 de la Constitución.
CADA AUTONOMIA DECIDE
El Constitucional obliga desde 1982 a descolgar las cruces de las aulas públicas, pero como la gestión de los colegios públicos (los únicos a los que atañe la sentencia de Estrasburgo) pertenece a las comunidades autónomas, la cuestión se maneja con disparidad de criterios.
Andalucía, Castilla-La Mancha y Canarias, por ejemplo, actúan cuando tienen conocimiento de una queja de unos padres. En cambio, otros territorios, como Murcia o Castilla y León, respaldan la decisión que al respecto tome el Consejo Escolar de cada centro, pese a que la doctrina del Tribunal Supremo asegura que estos órganos no son competentes en un asunto de esta naturaleza, así como que "deben mantener su carácter laico".
MAS ALLÁ DE LAS AULAS
La anunciada reforma iba a presentarse al Congreso a finales de este año o comienzos de 2010. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, dijo en junio que la futura ley afectaría a la presencia real de los símbolos religiosos en cuatro ámbitos de la sociedad: la escuela (facilitando la retirada en aquellos lugares donde, pese a la sentencia del TC, todavía no se ha producido, y profundizando en la enseñanza en valores laicos), el Ejército, los centros sanitarios y las prisiones.
Pero ahora otros temas, como la tramitación de los Presupuestos, la Ley del Aborto y la presidencia española de la UE, han restado relevancia a una propuesta que, a comienzos del verano, aparecía como una de las prioridades del Ejecutivo socialista.
Es evidente que
la intención de "profundizar en la laicidad del Estado", presente en el programa electoral del PSOE, se encuentra ante una difícil tesitura. ¿Cómo justifica Zapatero la presencia de símbolos religiosos en actos públicos, así como los mal llamados "funerales de Estado"? ¿Cómo regulará el uso de símbolos religiosos –por ejemplo, el velo islámico- en la escuela y la administración pública?
El Gobierno deberá optar por una separación radical entre el Estado y las confesiones religiosas, o bien garantizar la libre expresión a todos. Esto es, igualar a las confesiones minoritarias, judíos, musulmanes y evangélicos, con la Iglesia católica.
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