El Estado pagará la mitad del coste de la visita papal en 2011

La anunciada visita del Papa en agosto de 2011 se trata de un encuentro eminentemente religioso y "privado", ya que no es la visita de un Jefe de Estado, sino del líder de una religión. Sin embargo, ha trascendido que alrededor de la mitad de los gastos –que ascienden a unos 50 millones de euros- serán pagados por instituciones estatales. El resto correrá por cuenta de grandes empresas privadas, entre ellas Telefónica, el Banco Santander y El Corte Inglés.

La visita será daclarada "evento de interés especial", al mismo nivel que la Ocean Volvo Race o los Juegos Olímpicos, lo cual supone que las empresas que financien la misma contarán con beneficios fiscales, que podrían alcanzar el 80% de los fondos. El Ejecutivo socialista ya ha presentado una enmienda en este sentido a la Ley de Presupuestos de 2010.

APOYO TOTAL
El apoyo prometido pel Gobierno incluye una "total facilidad" a los visados para extranjeros y el alquiler -para ceder de forma gratuita- del Palacio de Congresos de Castellana, que será la sede del Centro de Prensa. También se cederá el aeródromo de Cuatro Vientos, sede principal de la JMJ, junto a la plaza Cibeles. El centro de Madrid acogerá un Via Crucis y la misa de bienvenida de Benedicto XVI, que contará para la ocasión con una "sacristía" de lujo, en la que se vestirán cerca de un millar de obispos: el Ayuntamiento de Madrid.

La seguridad, los transportes y la sanidad también formarán parte de la aportación del Estado, a través de las tres administraciones (Ayuntamiento, Comunidad y Gobierno). La seguridad del evento, la logística y la limpieza también correrán a cargo del erario público, así como los gastos del séquito papal y de la Familia Real.

FIN DE LA OFENSIVA
¿Qué se espera a cambio de estas dádivas? El cardenal de Madrid, Antonio María Rouco Varela, ya se ha comprometido con la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega a reducir las críticas al Gobierno, es decir, a mantener un "perfil bajo" en sus críticas a las políticas del Ejecutivo socialista. De hecho, y pese al deseo de muchos obispos, el criterio del cardenal de Madrid se impuso en la manifestación antiabortista, prohibiendo a los prelados acudir a la misma y no ofreciendo valoración oficial alguna sobre el éxito o fracaso de la misma.

Según confirmaron fuentes eclesiales, durante un encuentro con De la Vega, Rouco Varela insistió en que el objetivo principal es que la visita del Papa sea exitosa y deje huella en la sociedad española. Por ello, se espera que en los próximos meses la ofensiva episcopal contra el Ejecutivo socialista se vea notablemente rebajada.

COMPLICIDAD
Cuando aún restan dos años para el evento, el cardenal Rouco Varela se ha asegurado la complicidad de Gobierno, Comunidad y Ayuntamiento. En las últimas semanas, el purpurado ha mantenido reuniones bilaterales con la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. Como subrayó el propio Rouco, "se han acordado todo tipo de facilidades y ayudas para el desarrollo con éxito del evento".

Con todo, las negociaciones se llevan a cabo a través de una Comisión Mixta, que ya se ha reunido y de la que forman parte, entre otros, el subsecretario de Presidencia, Juan José Puerta Pascual; la teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella y el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados. En la misma, se acordó la creación de 20 subcomisiones, con presencia de responsables de los ministerios de Interior, Exteriores, Salud o Administraciones Públicas.