La «guerra» de crucifijos resurge con el inicio del curso escolar

En Navarra la «guerra de los crucifijos» se presenta como uno de los temas que marcará la actualidad educativa. El consejero de Educación de Navarra, Carlos Pérez-Nievas, ha manifestado que si la norma que prepara el Gobierno socialista no es de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas, dejará la decisión en manos de los consejos escolares, donde están representados los miembros de la comunidad educativa, es decir, padres, profesores y personal administrativo.

El Gobierno central ya ha manifestado su voluntad de legislar para que se retiren todos los símbolos religiosos de los centros educativos públicos, a excepción de los que tengan valor histórico o artístico. Tanto asociaciones de padres como grupos laicistas y «cristianos de base» navarros se han sumado a la propuesta.

Herrikoa, la federación de apymas mayoritaria en la red pública de colegios de Navarra, se ha mostrado a favor de la iniciativa del Ministerio de Justicia porque «defendemos que la escuela pública debe ser laica y respetuosa con todas las creencias y la religión debe estar en otro ámbito, no en la escuela», señala a este respecto su responsable, Pedro Rascón. «Si nos ponen en la tesitura de poder solicitar la retirada de los símbolos, lo haremos. Nadie tiene que sentirse molesto por ello, precisamente, ese el fondo de la cuestión: evitar que nadie se sienta ofendido por uno u otro símbolo, y más ahora que hay tanta diversidad», manifiesta.

Con relación al posicionamiento del Gobierno foral de no obligar a retirar los símbolos si la decisión es de ámbito autonómico, Rascón se mostró crítico. «No me convence la postura del departamento de Educación; supongo que el Ejecutivo central redactará una ley orgánica y, por tanto, habrá que acatarla y cumplirla, pero si fuera opcional no me parece razonable que Navarra, una vez más, se desmarque del resto», asegura.

El presidente del grupo laico Foro Gogoa, Roberto Oiz, abunda en esta tesis. «Si la iglesia católica fuera minoritaria en este país y los símbolos fueran de otro credo se quejaría, pero como tiene una posición dominante se aprovecha de ella para hacer estas reclamaciones», dice. «El lugar de los crucifijos e imágenes no es la escuela pública, sino el ámbito privado, las parroquias, etc», añade. Sobre la posibilidad de que la ley obligue a modificar incluso el nombre de algunos centros que incluyen advocaciones religiosas, Oiz pide prudencia. «Tampoco creo que haya que borrarlo todo, hay que examinar caso a caso», señala.

En el proyecto del Gobierno sólo serán indultados los crucifijos y otros símbolos que tengan valor histórico o artísticos, pero los grupos laicos quieren que todos los símbolos religiosos salgan de las aulas de la escuela pública, aunque posean cierto interés cultural. La solución para estos grupos sería que estos símbolos fuesen trasladados a un museo.

Los católicos no ven razones para retirar estos símbolos de las escuelas, sean públicas, concertadas o privadas. Así, la FERE, patronal mayoritaria de los centros concertados católicos, no entiende por qué hay que quitar esos símbolos de las escuelas, a no ser que los alumnos del colegio lo pidan, ya que la mayoría de la población española se define como católica. Por su parte la asociación católica de padres CONCAPA acusa al Gobierno de «tener aversión por lo católico», y la patronal de centros privados CECE dice que la retirada de símbolos va en contra de la libertad de las familias.

Y EN BAENA, LO CONTRARIO
«Este cristo estará aquí mientras yo sea alcalde. Estará aquí mientras yo sea alcalde. Se lo repito. Se levanta la sesión». Punto. Con tono contundente y sin lugar a réplica, el alcalde de Baena y senador del PSOE por Córdoba, Luis Moreno, rechazó en el pleno del pasado julio la retirada del crucifijo –solicitada por IU– instalado en la mesa presidencial del salón plenario del ayuntamiento.

«Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas (...) y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la iglesia católica y las demás confesiones», adujo el alcalde reproduciendo el artículo 16 de la Constitución. «Pero con la iglesia católica», remarcó pareciendo olvidarse de la primera parte del artículo, que también acababa de leer: «Ninguna confesión tendrá carácter estatal».

Moreno apoyó su decisión en el respeto a la tradición, ya que el crucifijo lleva más de 100 años en el ayuntamiento y a que aún no existe una ley que le obligue a retirarlo.

«Porque la inmensa mayoría de nuestro pueblo es cristiano y basta con observarlos a ustedes cómo corren debajo de los santos para portarlos o cómo corren detrás del obispo para besarle la mano», añadió el alcalde en el pleno, cuyo vídeo está recogido en Youtube. Andalucía Laica exige al PSOE que intervenga para eliminar «esta situación confesional». En abril del pasado año, el alcalde de Zaragoza, el socialista Juan Alberto Belloch, también rechazó retirar el crucifijo del salón de plenos.

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