Los protestantes del OCI ponen nota a la Sanidad española

“El crecimiento de la demanda en Sanidad no parece tener techo; la población es muy sensible a este tema y los partidos políticos siempre tienen la tentación de instrumentalizarlo con fines electoralistas”, el OCI considera después de todo el trabajo realizado, que en la atención sanitaria deben consensuarse acuerdos que permitan una planificación a largo plazo para que el sector no se vea tan influenciado por las presiones electoralistas.

RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE
La Relación Médico-Paciente (RMP) es un componente básico de la atención sanitaria, pero está casi ausente de los programas electorales, lo que muestra una inquietante falta de sensibilidad de los diferentes partidos, más preocupados por la inversión en estructura o las prestaciones sanitarias –a veces alejadas de las verdaderas necesidades de la generalidad de los pacientes, como la gratuidad de las intervenciones de cambio de sexo–.

Según el OCI la falta de consolidación en el empleo de muchos médicos limita de entrada la RMP: ésta no se puede establecer adecuadamente si el médico no va a permanecer atendiendo establemente al mismo colectivo de pacientes. Por esta razón el Observatorio afirma que “debe mejorarse la planificación de recursos humanos y adecuar las retribuciones (es alarmante la cantidad de especialistas que deciden emigrar para encontrar mejores condiciones de trabajo)”.

La sobrecarga asistencial empeora la RMP, porque impide el diálogo personal, sustituyéndolo por una relación mecánica y tensa. Se debe asegurar un mínimo de 10 minutos por consulta en Atención Primaria y quitar carga burocrática. En los hospitales esta sobrecarga es mayor en las áreas de Urgencias, lo que limita el componente humanitario en la atención. Además, concluye junto a los otros aspectos el informe, “se debe incentivar la figura del médico de referencia en los pacientes ingresados con pluripatología”.

Las listas de espera suponen también una grave dificultad; los sucesivos gobiernos se han preocupado más de maquillarlas con métodos “creativos” de contabilidad más que de resolverlas.

MÁS COMUNICACIÓN
La comunicación debe mejorar, afirma el informe, también entre los propios médicos –especialmente entre Atención Primaria y Especializada–, así como la coordinación. Es muy positivo, dice, el documento “Atención Primaria del Siglo XXI. Estrategias de mejora”, consensuado por el Consejo Interterritorial de Salud en octubre 2006, pero su desarrollo en las autonomías ha sido escaso y variable. “Se deben potenciar los recursos de telemedicina”.

El informe también habla de las responsabilidades de los ciudadanos frente a su demanda de los recursos sanitarios y sus exigencias a la hora de hacer uso de medicamentos: “Los ciudadanos deben asumir su parte en la mejora de la RMP, haciendo un uso responsable de los limitados recursos sanitarios; en este sentido se hace necesaria una mejora en la educación sanitaria de la población”.
Hay que apoyar al paciente especialmente en sus momentos de mayor fragilidad y dependencia: hay que proteger al ser humano embriofetal y dejar de considerar el aborto como un método anticonceptivo más, así como mejorar el apoyo social y económico a la embarazada. Además, dice el informe, para alcanzar una adecuada RMP en el enfermo terminal, hay que extender las unidades de Cuidados Paliativos.

ATENCIÓN MÉDICA EN EL TERRITORIO: EQUIDAD
Expone el informe que la salud es un bien público que debe ser garantizado desde el Estado, en condiciones de equidad en la cobertura, universalidad e igualdad. Esta equidad “supone una distribución de recursos sanitarios y una satisfacción de la demanda independientes de la capacidad de pago por parte del usuario”.

La transferencia de la Sanidad a las autonomías ha supuesto un mayor acercamiento a la ciudadanía; al mismo tiempo, la descentralización debería abrir puertas a un mejor manejo de los recursos económicos, pues se diversifican los proveedores y se mejora así la capacidad de negociar las compras de servicios. Pero también aflora –contempla el informe- un riesgo real de desigualdad en la asistencia: el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud tiene que ser un instrumento equilibrador y debería contar con instrumentos presupuestarios para conseguir mantener desarrollos equitativos; en contraste, parece que la mayor preocupación es el gasto sanitario y la gestión de las deudas de las sanidades autonómicas.

Por otro lado, en su análisis el estudio del OCI observa que el Foro Internacional de los Servicios de Salud en su reunión de Toledo hace extensiva la necesidad de esta equidad a la Unión Europea, señalando que hay que reafirmar unos principios comunes que sustenten los sistemas de salud en toda la Unión Europea, que deben gestionarse de acuerdo con los principios de igualdad, solidaridad y universalidad, y en un contexto de transparencia.

En los programas de los diferentes partidos políticos la equidad en la Sanidad de las distintas autonomías va poco más allá de una declaración de intenciones, pues queda siempre por resolver la cuestión del financiamiento, que está enquistada en el generalizado déficit de las autonomías en la gestión de la Sanidad. Propuestas como la universalización de la salud buco-dental o la financiación generalizada de las bombas de infusión de insulina aparecen justo en precampaña en el primer caso o responden a criterios más propagandísticos que de realismo en el segundo caso, analiza el OCI. El PSOE en su programa electoral para la pasada legislatura hacía una propuesta muy general de garantizar la cohesión y solidaridad interterritorial en términos generales, sin referencia al Sector Sanitario. Izquierda Unida hace propuestas también poco concretas, limitándose a proponer la potenciación del papel del Consejo Interterritorial para garantizar la coordinación entre comunidades autónomas.

La gestión descentralizada de la Sanidad puede originar desequilibrios en los servicios ofertados a la población en las diferentes autonomías; el Consejo Interterritorial debe funcionar eficazmente para prevenir estas desigualdades; las promesas de nuevas generalizaciones de asistencia en aspectos concretos deben ir acompañadas de dotación presupuestaria suficiente y realista. Finalmente, la descentralización de la Sanidad podría ser una oportunidad para fomentar la especialización de cada autonomía en servicios sanitarios determinados, como va a suceder con la oferta educativa de las universidades, pero esto debe ir acompañado de la garantía de un catálogo de mínimos asistenciales en todas las autonomías y de menores rigideces y trabas burocráticas para que cualquier paciente pueda acceder a los servicios de otra comunidad.

ASISTENCIA SOCIO-SANITARIA: LEY DE DEPENDENCIA
La Ley Básica de Protección a las Personas Dependientes es consecuencia del compromiso electoral del 04 del partido gobernante. La familia debería ser su eje vertebrador, por lo que los cambios que se están introduciendo en la familia española tendrán necesariamente su efecto sobre su implantación.

Esta ley afecta a competencias de las comunidades autonómicas, por lo que será necesario pactar con cada una de ellas su puesta en marcha para alcanzar un consenso que garantice el principio de universalidad. En este sentido, ya se perciben algunas disfunciones desde sus primeros pasos, como en la comunidad autónoma de Madrid, en donde los ciudadanos sufren las consecuencias del desencuentro entre los gobiernos central y autonómico.

La ley reconoce el valor moral de "las mujeres, las que tradicionalmente han asumido el cuidado de las personas dependientes", pero también el económico; éste nunca ha sido reconocido, pero la realidad es que ahora los servicios que el ama de casa ha cumplido tradicionalmente deben mantenerse con muchos millones de euros. Con todo, destaca el hecho de que se reconoce la labor del cuidador no profesional, pero su trabajo será remunerado sólo cuando cumpla requisitos muy estrictos. De alguna manera la atención cualificada técnicamente se considera superior a la cualificada humanamente: se habla mucho de calidad de vida y obviamos la calidez en la vida.

Siete artículos de la ley se dedican a regular la evitación del fraude, lo que es de destacar, pues habla del criterio que el legislador tiene, quizás con razón, de la ética colectiva de nuestro país.

Un elemento preocupante ya desde ahora es el de la financiación. La disposición final primera establece que la ley se vaya aplicando de forma progresiva, pero el sistema debe estar funcionando eficazmente en cuatro años y alcanzar a todos los potenciales beneficiarios en ocho años. Esto implica que se necesitarán tres legislaturas con sus correspondientes dotaciones para dar cumplimiento pleno al compromiso electoral del partido gobernante. En este sentido, se debería renunciar a la propaganda fácil y dejar claro, por ejemplo, a los dependientes de nivel 1, grado 1, que el plazo para empezar a atender sus necesidades se extiende hasta dentro de ocho años. Por otra parte, una ley como ésta, con unas implicaciones presupuestarias tan dilatadas en el tiempo, debe contar con un grado elevado de consenso tanto en su diseño como en su aplicación; justamente para esto están los políticos, para encontrar puntos de encuentro por encima de oportunismo electoralistas.

Son preocupantes, dice el OCI, las carencias en la previsión del número total de personas potencialmente beneficiarias: las cifras presentadas por diversas instituciones muestran notables diferencias con las previstas por el gobierno, lo que sugiere que debería disponerse de una estimación realista y confirmada para no dar la imagen de falta de previsión.

En cualquier caso, “valoramos positivamente la decisión de poner en marcha la ley y hacemos un llamado al rigor en su desarrollo, al consenso entre los partidos políticos por encima de intereses electorales, pero también a la responsabilidad de la población civil: hay que renunciar al abuso en la utilización de los recursos públicos, que tanto ha afectado ya al funcionamiento de la Sanidad, y ni el gobierno ni la población deben olvidar que la primera responsabilidad de la atención de los discapacitados corresponde a la familia, que debe contar con pleno apoyo económico y humano, pero tiene una función no puede ser sustituida por la pura asistencia técnica y el soporte económico. Es pertinente recordar aquí las palabras de S. Pablo en 1Ti 5.4: “Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que éstos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios”.

EL OBSERVATORIO CÍVICO INDEPENDIENTE
Este OCI tiene como fin tratar de aportar a la vida pública y política española las raíces protestantes que sirvieron para la aparición de las primeras democracias europeas, “desde la separación de los poderes de Iglesia y Estado hasta el necesario control de las instituciones democráticas por parte de la propia sociedad”. “Pretende fomentar la participación de la sociedad civil ya que en los países que no tienen una fuerte tradición protestante el papel de la sociedad civil llega a ser mucho más débil” –dice su Presidente, Jaume Llenas, argumentando la falta de una estructura y conciencia que permita la participación individual de los ciudadanos.

En este sentido el presidente de este organismo ha dicho: “En muchas ocasiones parece que somos llamados a las urnas y luego prácticamente no se nos vuelve a escuchar durante años y nadie nos pregunta”. Sistemas como el del OCI defiende que los políticos deban rendir cuentas no solamente cada cuatro años sino continuamente, y que los ciudadanos se acostumbren a dar su opinión y “puedan tener cauces para participar”.

INFORME COMPLETO
Pueden leer aquí el informe completo del OCI sobre la Sanidad pública española.