El Gobierno creará un `observatorio religioso´ dentro del Plan de Derechos Humanos

«La sociedad española ha cambiado bastante, hay nuevos colectivos a los que el Estado debe dar una respuesta y respetar sus creencias», explicó, para agregar que se trata de «garantizar y atender al pluralismo» en todos los espacios públicos. La vicepresidenta dijo no entender muy bien las críticas a esta iniciativa, «que no va contra nadie y es respetuosa y garantista». La idea, explicó, es «recoger jurisprudencia constitucional» y alcanzar «el mayor consenso posible» para sacarla adelante.

OBSERVATORIO DEL PLURALISMO RELIGIOSO
Además de la reforma de la Ley se creará un «observatorio sobre el pluralismo religioso» y se realizará un estudio sobre la gestión pública de la diversidad religiosa en los ámbitos local, autonómico y estatal. También se pretende que los distintos agentes públicos como policías, fuerzas armadas, facultativos o sanitarios reciban formación y enseñanza en materia de libertad religiosa.

Esta es una de las 172 medidas englobadas en el «Plan de Derechos Humanos», elaborado por ocho ministerios, que De la Vega presentará el lunes en la sede de la ONU y, más modestamente, en el Congreso de los Diputados. Porque la pretensión del Gobierno es, nada más ni nada menos, que establecer «una hoja de ruta para salvaguardar y extender los derechos humanos dentro y fuera» de España. Fue aún más solemne al señalar que así nos situamos «en la vanguardia mundial en defensa de los derechos humanos». También en este caso se creará una comisión de seguimiento formada por Gobierno, ONG, sociedad civil, Defensor del Pueblo y expertos en Derechos Humanos.

EL PLAN GLOBAL
El Consejo de Ministros aprobó también otro Plan Integral, este contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. En el mismo, se garantizará protección a las víctimas que decidan colaborar con la justicia y se les proporcionará autorizaciones especiales de residencia.

El Plan de Derechos Humanos se completará con una Ley Integral de Igualdad de Trato y no Discriminación y con una nueva Ley para Víctimas del Terrorismo, comprometida la legislatura anterior, entre otras medidas. Se ampliarán las garantías de los detenidos con la entrada, por ejemplo, de las cámaras de grabación en dependencias judiciales.

La ejecución del proyecto gubernamental tendrá un seguimiento a través de una comisión que presidirá el secretario de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño, e integrará a ONG y representantes de organizaciones de derechos humanos, y será sometido a control del Parlamento.

El plan, en el que han participado ocho ministerios, lo presentó el lunes pasado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la Asamblea General de la ONU. Recoge 132 medidas de aplicación en territorio español y 42 en actuaciones en el exterior en materia de libertad personal. En concreto, amplía las garantías legales del detenido, como la reducción del actual plazo de ocho horas para la asistencia letrada y prohíbe la detención incomunicada a menores de edad, además de obligar a grabar la estancia de detenidos en dependencias policiales.

Además del específico combate contra quienes trafican con seres humanos, el plan propone una ley integral de trato no discriminatorio; el reconocimiento del derecho a voto en las elecciones municipales a los extranjeros residentes no comunitarios; la defensa de los derechos de los españoles en el exterior y la lucha contra la violencia de género.

Entre las medidas en el ámbito exterior, el Plan de Derechos Humanos incluye el cumplimiento de los Objetivos del Milenio marcados por la ONU.

TRATO A LA IGLESIA CATÓLICA
«Claro que vamos a mejorar la Ley de Libertad Religiosa, y sobre esto del laicismo, uno a veces tiene ciertas sorpresas. He visto por ahí algún titular de: Ofensiva laicista del Gobierno... ¡Es que estamos en un Estado aconfesional!, que además, en cualquier comparación con un Estado democrático que uno pueda poner encima de la mesa, tiene una relación muy, muy favorable con la Iglesia Católica», dijo el Presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero.

A su juicio, España es un Estado confesional «moderado» y no se puede hablar de ofensiva laicista «casi como de un riesgo, una amenaza». Eso ocurre, añadió, porque «no se comprende bien qué significa la idea del laicismo», una idea democrática en la que todas las religiones son iguales y el Estado mantiene «un papel de neutralidad y de facilitar la libertad a todos, en vez de imponer una doctrina» a toda la ciudadanía.

«Seguramente, con el paso de alguna generación más ya no será elemento de discusión en este país. Mi opinión es que ya debería de haber sido cerrado el debate», pero no ha sido posible, concluyó Zapatero.