Las Federaciones de las confesiones minoritarias piden que se cumpla lo ya pactado con el Estado

Ayer retomó la idea inicial la vicepresidenta del Gobierno. El camino escogido no es la laicidad del Estado, sino extender a otras muchas confesiones algunos de los generosos compromisos contraídos con la Iglesia católica. Pese a todo, las religiones "de notorio arraigo" con acuerdos de cooperación -protestantes, musulmanes y judíos- expresaron sus recelos. "Tendrá credibilidad si, mientras tanto, hace cumplir lo ya firmado", dijo el secretario de la Federación Musulmana, Yusuf Fernández. La LOLR fue en 1980 "un paso para la consagración de una sociedad basada en la neutralidad del Estado. Las expectativas se han visto defraudadas", lamentan también los protestantes.

Los acuerdos de 1992 reconocían a estas religiones derechos como la protección jurídica de sus lugares de culto; un estatuto para sus dirigentes religiosos; asistencia a fieles en ejército, cárceles u hospitales; efectos civiles al matrimonio celebrado según sus ritos; enseñanza religiosa en escuelas; regulación de enterramientos y cementerios; sello de garantía de alimentos propios y su disponibilidad en centros públicos, o participación en las comisiones encargadas de velar por la libertad religiosa. Quince años después, la mayoría de esos derechos no se han desarrollado.

España camina "con la marcha del cangrejo en laicidad; existe una confesionalidad católica encubierta", lamentan las religiones minoritarias. Suman ya más de tres millones de fieles en España. La propuesta de De la Vega sería un paso positivo si su idea es la de lograr "un estatuto común para todas las religiones, incluida la católica", resume el secretario ejecutivo de la federación de Iglesias Evangélicas, Mariano Blázquez.

La Iglesia católica recibe del Estado unos 4.000 millones de euros anuales en diferentes conceptos. El resto de las confesiones, apenas cinco millones. Es una parte de la desigualdad. Con ironía, los judíos subrayan que los obispos "ni siquiera cumplen" la exigencia legal de inscribir a su Iglesia en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia. "Es que tenemos 20 siglos de historia, y el Estado español apenas cinco siglos", argumentan los prelados. Los judíos replican que ellos cuentan su existencia en 5.000 años o más.

POSTURA DE FEREDE
En relación a este tema, la FEREDE (Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, representante legal ante el Estado) ha hecho pública una nota que resume la postura y declaraciones de su Secretario ejecutivo, Mariano Blázquez, que transcribimos literalmente:

1. Al no conocer el contenido concreto de la reforma que pretende acometer el Gobierno, nuestra opinión formal queda supeditada a la espera de la publicación del correspondiente proyecto.

2. Dicho esto, en principio nos parece positivo avanzar hacia una mayor laicidad o neutralidad del Estado y del trato institucional hacia todas las confesiones religiosas.

3. Ese avance a favor de una laicidad positiva, o cooperadora, puede realizarse por varios medios. Uno de ellos - que no el único e imprescindible - puede ser una modificación de la LOLR.

4. Lo que los protestantes agrupados en FEREDE venimos pidiendo a los sucesivos gobiernos desde el año 2001, es que haya "un estatuto común" en derechos y obligaciones de libertad religiosa para todas las confesiones.

5. También solicitamos mejorar la regulación religiosa actual y desarrollar los Acuerdos de Cooperación suscritos con FEREDE en 1992 que, hasta la fecha, han tenido escaso desarrollo y aplicación. A tal fin hemos desarrollado un documento donde se detallan y concretan nuestras peticiones.

6. A nuestro modo de ver, los Acuerdos de Cooperación existentes (firmados con católicos, judíos, musulmanes y protestantes), deben quedar sometidos a las disposiciones de la LOLR, porque esta ley desarrolla el contenido del derecho fundamental de libertad religiosa que, por su propia naturaleza de derecho humano, debe garantizar la igualdad de derechos y de trato sin que pueda argüirse - para justificar las desigualdades y las discriminaciones - el hecho de que una confesión religiosa sea mayoritaria o minoritaria.

7. El papel de los Acuerdos de Cooperación no debe estar relacionado con la libertad, sino con la cooperación en aras al interés común y al bienestar de la sociedad, todo ello desde la premisa de una igualdad jurídica previa.

8. Las modificaciones de la LOLR - en caso de acometerse - deben hacerse desde la lógica del consenso que caracterizó la anterior Ley de Libertad Religiosa (aprobada de modo casi unánime por el Parlamento español) y sin los temores a que se revisen situaciones de privilegio que son propias de regímenes confesionales y no de un régimen no-confesional y, por lo tanto, obligado a una neutralidad institucional que, como se ha dicho, no está reñida con la cooperación en beneficio del bien común y la sociedad (Madrid, 08/05/2008)