Dionisio Llamazares: «La financiación de la Iglesia es inconstitucional»

La laicidad tiene dos principios fundamentales: la separación del Estado con respecto a las creencias religiosas de sus ciudadanos y una neutralidad escrupulosa de los poderes públicos con respecto a esas creencias, sean o no religiosas. Pero, según el catedrático Dionisio Llamazares, en España hay situaciones en que parece que se confunde a una determinada iglesia, en este caso, la Iglesia católica, con el Estado. “Por ejemplo, que el Estado, aunque sea con una fórmula extraña que se llama asignación tributaria, termine pagando los sueldos de obispos y sacerdotes, no parece muy armonizable con la laicidad. O que tengan un tratamiento fiscal más favorable las confesiones religiosas que las ONG. No parece coherente con la laicidad que haya una clase de religión evaluada académicamente. Ni que en los centros públicos la actividad docente, que debe ser neutral, esté presidida por un crucifijo. Ni que el cuerpo de Policía participe en procesiones en honor de una Virgen o un Cristo, ni que el Ejército presente armas al Santísimo Hay muchas pequeñas o grandes cosas que hay que resolver” –declara el experto.

Dioniso Llamazares fue director general de Asuntos Religiosos entre 1991 y 1993 con el Gobierno socialista. Según el especialista, desde entonces “no se ha mejorado mucho. Hay cosas que han cambiado, pero no sé si para mejor”. Llamazares pone el ejemplo de que hace año y medio se puso en marcha el acuerdo de la asignación tributaria a la Iglesia católica, que teóricamente tenía que haberse puesto en marcha en 1995. En todo ese tiempo, había un sistema de dotación presupuestaria similar al del régimen anterior. Y se ha puesto en marcha a cambio de determinadas concesiones, como subir el porcentaje del 0,5% al 0,7%. Ese acuerdo no tiene punto final. “Parece que el Estado siempre cede a lo que se le pide y se obliga a financiar indefinidamente a la Iglesia católica. No es de recibo” –dice Llamazares.

El experto en Derecho Eclesiástico ha dicho que no cree que el PSOE llevará a cabo sus amenazas sobre la revisión de los acuerdos con el Vaticano por cuestiones electorales: “Las consecuencias electorales de una revisión de los acuerdos, con las posibles tensiones que generaría, es uno de los datos que va a tener en cuenta el Gobierno”.

Llamazares también ha explicado que la tarea del Estado en reconocer las demás confesiones no ha servido para avanzar hacia el laicismo sino para que haya más religión. Con esto también se han mantenido los privilegios a la Iglesia católica. “En virtud del principio de igualdad, como a la Iglesia se le financia por parte del Estado con esa fórmula -que yo entiendo que es inconstitucional-, se arregla aplicando esa misma financiación a las otras confesiones con acuerdo pero el Estado no puede financiar a ninguna iglesia ni ninguna actividad de carácter religioso” -afirma.

Cuanto a las “ingerencias” de la Iglesia católica en algunos temas de debate, el catedrático ha recordado que en virtud del principio de libertad de expresión todos los ciudadanos, y los obispos son ciudadanos españoles, están perfectamente legitimados para rechazar la eutanasia o el matrimonio homosexual. Lo que no es de recibo es que cuestionen la legitimidad del Parlamento para dictar leyes que no se acomodan a una moral concreta, la suya. Pretender imponer a todos esa moral particular supone una violación flagrante del principio de libertad de conciencia de los que no la comparten.