La financiación de la Iglesia católica: los obispos blindan sus ingresos

Un 'canje de notas' eleva a "estable" lo pactado entre el Ejecutivo socialista y el Vaticano. Con tan beneficioso trato el Gobierno pretende desactivar las críticas de los obispos.

"Mi Gobierno considera que [lo pactado] recoge las negociaciones mantenidas y el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal con el asenso de la Santa Sede, y constituye una aplicación de lo previsto en el artículo II del Acuerdo sobre Asuntos Económicos [firmado en Roma entre España y el Vaticano en 1979]", escribe Moratinos al nuncio apostólico. "Al expresar la conformidad de la Santa Sede con el texto de la nota, aprovecho la oportunidad para renovarle las expresiones de mi más alta consideración", responde el arzobispo.

Con el nuevo sistema, el coeficiente del IRPF que recibirá el episcopado de sus fieles se eleva del 0,52 al 0,7%. El llamado "intercambio de notas" acuerda pactar también "la compensación por la pérdida de la exención del IVA a favor de la Iglesia católica", exigida por la Unión Europea. Dicha compensación está "incluida en el cálculo del porcentaje de asignación tributaria", dice el ministro.

Con este pomposo canje de notas el Gobierno parece buscar que quede claro que el Vaticano "estima suficiente el compromiso para dar por concluido el proceso de sustitución de la dotación estatal, considerando que el porcentaje de asignación tributaria fijado en el 0,7% del IRPF tiene carácter estable". Los gobiernos anteriores se negaron a asumir esta reclamación episcopal. Con tales concesiones, el Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero buscaría espantar de una vez las críticas de los obispos, que le acusan de persecución de lo religioso y de "laicismo beligerante".

Pero, pese a la aparatosidad del procedimiento diplomático utilizado -en este solemne canje de notas entre Estados los obispos españoles figuran como meros negociadores iniciales-, expertos en derecho eclesiástico dicen que lo acordado ni cambia el concordato de 1979 ni convierte en "estable" lo acordado como afirma la nota, ni en "indefinido" como sostiene la Ley de Presupuestos para 2007.

Esto opina el catedrático Dionisio Llamazares, que fue director general de Asuntos Religiosos en los gobiernos de Felipe González: "No hay cambio de modelo, lo pactado deja intacto el Acuerdo de 1979 y no afecta para nada ni a la transitoriedad de la fórmula de la asignación tributaria ni al compromiso autocontraído por la Iglesia católica de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades. Además, subsisten intactas las bases de los reproches de inconstitucionalidad de la fórmula de la asignación tributaria, salvo como transitoria".

La asignación de Hacienda a la Conferencia Episcopal Española en 2007 -algo más de 12,5 millones de euros mensuales- es una mínima parte de la ingente aportación económica que diferentes administraciones del Estado hacen a esta Iglesia. Los expertos cifran en 5.000 millones los fondos recibidos por esta confesión para financiar cada año una imponente red de servicios -culturales, educativos, hospitalarios, en guarderías, ONG u obras de caridad, entre otros muchos-, atendida por decenas de miles de personas.

Hasta ahora, Hacienda recaudaba una parte de la asignación tributaria a través del IRPF de los declarantes católicos, y el resto lo entregaba como "dotación" extraordinaria graciosa. Este sistema data de 1988 y era transitorio, mientras los obispos encontraban en tres años (antes de 1991) mecanismos de autofinanciación. El Gobierno socialista acepta ahora elevar a definitivo el viejo sistema de asignación tributaria, no sin antes incrementar por encima del 34% el porcentaje de dicha asignación (ahora, el 0,5239; en el futuro el 0,70% de la cuota íntegra de cada IRPF asignado a esa Iglesia).

A este sistema se le llama impropiamente impuesto religioso. La realidad es que el católico no añade ni un euro de su bolsillo en el IRPF. Es Hacienda quien lo resta de los ingresos públicos totales, a petición de un creyente que, con ese mecanismo, aporta al Estado el 99,3% de su cuota fiscal, no el 100% como el resto de los españoles. La Iglesia católica recibirá con creces, con este aumento del porcentaje de la cuota, lo que perderá con la supresión de dotación graciosa: los ingresos pasarán este año de los 144 millones de euros que entregó Hacienda al episcopado en 2006 a más de 175 millones.