Los Acuerdos Iglesia católica-Estado español, blindados

El sistema utilizado será el de «canje de notas» entre la Secretaría de Estado Vaticano y el Ministerio de Asuntos Exteriores, lo cual supone una novedad en el sistema de relaciones entre España y la Iglesia católica, aunque resulta una práctica habitual en la ampliación o modificación de Concordatos en otros países europeos.

NORMA INTERNACIONAL
Dicho «canje» dará rango legal, desde el punto de vista del Derecho Internacional, a los «puntos de acuerdo» alcanzados entre Episcopado y Ejecutivo socialista. La fórmula ha sido consensuada entre la Conferencia Episcopal y la Dirección General de Asuntos Religiosos, siendo informados puntualmente tanto el Nuncio del Papa en España, Manuel Monteiro de Castro, como la Secretaría de Estado, por parte de la Iglesia católica, y la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, por parte del Gobierno español.

La utilización de este sistema, según indicaron a este diario desde la Conferencia Episcopal, se debe a dos razones: en primer lugar, la modificación «de facto» de los Acuerdos Iglesia-Estado suscritos el 3 de enero de 1979, al renunciar expresamente la Iglesia católica a la exención de un impuesto; en segundo lugar, por la necesidad de «rubricar oficialmente» el acuerdo, para que éste no pueda ser modificado unilateralmente por el Ejecutivo socialista ni por el Parlamento. A partir de ahora, para negar el 0,7% a la Iglesia católica, el Gobierno debería denunciar los Acuerdos, una decisión de la más alta repercusión política, social y diplomática y, por tanto, sólo posible en casos extremos.

De este modo, se espera que en breve el Vaticano envíe una notificación al titular de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, en la que oficialice la renuncia, por parte del Vaticano, a la exención del IVA para los bienes eclesiásticos. «Es la Iglesia católica la que renuncia a un derecho, por lo que debe ser ella la primera en notificar la propuesta de modificación», subrayan desde el Episcopado.

El propio Moratinos responderá (posiblemente por valija diplomática) a este documento vaticano, con lo que el acuerdo automáticamente tomará rango de ley, entendiéndose derogada la orden ministerial que regulaba los privilegios fiscales para la Iglesia católica en materia de IVA. Aunque este impuesto es posterior a la firma de los Acuerdos con el Vaticano (entró en vigor en 1986, con la entrada de España en la Unión Europea), el Concordato de 1979 sí incluía expresamente la exención de distintas tasas. Tras 1986, el Gobierno entonces presidido por Felipe González entendió que la exención suscrita en 1979 afectaba a la nueva tasa. Ha tenido que ser la Comisión Europea la que obligase a nuestro país (como anteriormente hiciera con Portugal) a terminar con una situación incompatible con el derecho comunitario.

A partir del instante en que se acuse recibo de ambas comunicaciones, cualquier modificación o incumplimiento del sistema de financiación acordado podrá ser denunciado por cualquiera de las partes, produciéndose la ruptura del Acuerdo en materia económica entre el Vaticano y el Estado.

DENUNCIA DE LOS ACUERDOS
La materialización de este «canje de notas» supone un duro batacazo a las aspiraciones de los sectores más laicistas del PSOE, que en su día manifestaron su desacuerdo con la modificación del actual sistema tributario de la Iglesia y en España y que, a partir de ahora, no podrán reivindicar en el Parlamento la supresión de lo que denominan «sobrefinanciación de la Iglesia». Además, en el caso de que el Gobierno quisiera denunciar los Acuerdos, necesitaría un refrendo parlamentario de tres quintos, lo que se antoja impensable en la actual situación política.