La Iglesia católica quiere una financiación tipo italiano y subir al Estado la cuota que recibe

Antes de octubre, sin embargo, deben presentarse los Presupuestos Generales del Estado para 2007, en los que debe reflejarse la partida presupuestaria para la Iglesia católica.

Los dos únicos aspectos en los que Iglesia católica y Gobierno están de acuerdo giran en torno a la necesidad, por un lado, de acabar con el «complemento presupuestario» (cantidad con cargo a los Presupuestos con la que el Estado completa el dinero destinado a la Iglesia, si no resulta suficiente con los ingresos vía IRPF); y por el otro, de que cualquier decisión que se tome al respecto de la financiación de la Iglesia católica sea compatible con los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979, que el Ejecutivo socialista se ha comprometido a «no tocar» al menos durante la presente legislatura.

0,82 Y OTRAS CONFESIONES
Mientras los técnicos de la Conferencia Episcopal estiman necesario aumentar en tres décimas el actual porcentaje, hasta alcanzar el 0,82 por ciento de los impuestos, el Ministerio de Hacienda apuesta por establecer un sistema de tres a cinco años de duración, que culmine con la total autofinanciación de la Iglesia católica.

Durante el último encuentro, celebrado en el mes de julio en la sede del Ministerio, los representantes del Episcopado presentaron una propuesta al Gobierno, basada en el modelo italiano. Del mismo modo, la propuesta episcopal abre la puerta para que, en el mismo modelo de Declaración de la Renta, se incluyan casillas para las confesiones religiosas minoritarias (judíos, musulmanes y evangélicos). Lo que supondría entrar en la misma dinámica que la ICR.

UNA HORQUILLA VARIABLE
El sistema avalado por el Episcopado, con variantes, ha sido aceptado por algunos grupos parlamentarios, como CiU.

En este momento, la Conferencia Episcopal se encuentra a la espera de que Hacienda responda a su propuesta. Según fuentes cercanas a las negociaciones, el Gobierno no estaría dispuesto a aumentar el porcentaje que recibe la Iglesia vía IRPF hasta la cifra que maneja el Episcopado.

Siguiendo esta propuesta, al cabo de esos cinco años la Iglesia dejaría de percibir el mínimo que actualmente se establece en los Presupuestos Generales del Estado y que se complementa, si no se alcanza la cifra presupuestada, a través del IRPF. Hasta la fecha, jamás se ha alcanzado este objetivo, lo que preocupa a los obispos.

TRANSPARENCIA EN LOS DATOS
Por su parte, en el transcurso de la última reunión de la comisión mixta Iglesia-Gobierno para tratar la cuestión financiera, el Ejecutivo solicitó al Episcopado un informe sobre las aportaciones que la Iglesia católica hace a la sociedad española. Como contrapartida, los obispos reclamaron una mayor transparencia en las cuentas.

Ninguna de las dos partes ha querido hacer públicos los datos del último ejercicio fiscal. La Agencia Tributaria, al considerar que es la Iglesia católica quien debe dar sus datos, y la Conferencia Episcopal, que suele hacerlo casi un año después. No obstante, fuentes consultadas por este diario aseguran que, si bien el número de contribuyentes que han marcado la casilla de la Iglesia no se ha movido, oscilando en torno al 33 por ciento, lo que sí ha subido es el dinero recaudado.