El Gobierno culpa a la Iglesia católica de la ruptura de la negociación educativa

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, acompañada de la ministra de Educación, María Jesús San Segundo, ha protagonizado desde marzo, por encargo del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, las negociaciones con los interlocutores de la Iglesia católica (ICR) sobre diversos temas, en los que las cuestiones educativas han sido las prioritarias.

Las reuniones, celebradas con discreción y saldadas con un fracaso, según admitió ayer la vicepresidenta primera, han tenido como representantes habituales por parte de la ICR al presidente de la Comisión de Enseñanza de la Conferencia Episcopal, Antonio Dorado, y al arzobispo primado de Toledo, Antonio Cañizares. También ha participado en las mismas conversaciones, como interlocutor directo con la vicepresidenta primera, el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez.

La negociación ha encallado en el tratamiento de la asignatura de religión, según señalan fuentes gubernamentales. Los interlocutores de la Iglesia católica pretenden que dicha asignatura compute como una materia más en las evaluaciones y en los currículos de los alumnos. La interlocución del Gobierno asume que la asignatura de religión conste en los programas, pero rechaza que sea evaluable y que influya en los currículos de los alumnos.

INTERÉS GENERAL
Fernández de la Vega dejó claro, también, que el Gobierno no puede ceder a las pretensiones de la ICR en cuanto al tratamiento de la asignatura de religión con el argumento de la defensa del interés general de los ciudadanos. "El Gobierno tiene la obligación de gobernar para todos los ciudadanos y de acuerdo con las decisiones que emanan del Parlamento", dijo Fernández de la Vega.

La vicepresidenta primera del Gobierno admitió que, desde marzo, cuando Zapatero le responsabilizó de la negociación con la ICR, ha tenido "varios encuentros" con distintos miembros de la jerarquía eclesiástica.

El nombramiento, en marzo, del obispo de Bilbao, Ricardo Blázquez como presidente de la Conferencia Episcopal, en sustitución del cardenal-arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, fue acogido por el Gobierno con satisfacción por considerar que representaba un "perfil abierto", en un momento en que ya se habían producido algunos choques de la Iglesia con el Gobierno, a cuenta de la legislación social, anunciada por el Ejecutivo, como la ley de matrimonios homosexuales.

Sin embargo, a lo largo de la celebración de las negociaciones del Gobierno con la ICR, desde marzo hasta ahora, las posiciones de los interlocutores de la jerarquía eclesiástica han ido variando. Mientras el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez mantenía con la vicepresidente primera del Gobierno la posición inicial de "diálogo fluido", las de otros interlocutores como el arzobispo primado de Toledo y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Antonio Cañizares, o la del portavoz de la Conferencia Episcopal, Martínez Camino, se han ido endureciendo.

La gota que ha rebasado el vaso de esta actitud de endurecimiento de un sector de la ICR es la manifestación convocada por la confederación católica de padres (Concapa), contra la Ley Orgánica de Educación (LOE) para el próximo 12 de noviembre, con el respaldo de una parte de la jerarquía eclesiástica.

La nota más significativa ha procedido del arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, que anunció el miércoles que hará un llamamiento a los párrocos de Madrid para que este fin de semana pidan a los fieles en sus parroquias que acudan a la manifestación.

La vicepresidenta primera del Gobierno, ayer, tras el Consejo de Ministros, se refirió al papel de algunos miembros de la jerarquía eclesiástica en la convocatoria de la manifestación, como Rouco Varela, y mantuvo una actitud de firmeza al reclamarse que se expliquen ante los ciudadanos.