Iglesia católica y PP comienzan una temporada conflictiva con el Gobierno por la enseñanza de la religión

LA CLASE DE RELIGIÓN
Será no evaluable y puede que fuera del horario escolar. La enseñanza de Religión, su ubicación dentro del horario escolar y una posible alternativa es el principal punto de crítica de la Iglesia católica (ICR) y las organizaciones educativas que siguen fielmente sus dictados. "La ley pone seriamente en peligro esta enseñanza", diagnosticó la Conferencia Episcopal Española (CEE) al conocer el texto.

La jerarquía católica, que considera toda la ley "inaceptable", pide que, según los acuerdos Estado-Santa Sede de 1976, la Religión sea materia fundamental y evaluable como las Matemáticas, así como una alternativa similar, que también debe ser obligatoria. La FEREDE (Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, representante legal ante el Estado) defiende que no sea evaluable ni obligatoria.

El proyecto prevé que la Religión sea una materia optativa para los alumnos y de oferta obligatoria para los centros, evaluable pero no computable, así como sus posibles alternativas.

Por su parte, la confederación laica de padres CEAPA y ERC piden que la enseñanza religiosa salga de la escuela. "O al menos que se coloque al principio o al final del horario, como en Italia. El proyecto deja la puerta abierta", subraya la presidenta de la Confederación, Lola Abelló.

DOCENTES DE RELIGIÓN
Los 11.000 profesores de religión católica también anuncian movilizaciones para este otoño si no se cambia la disposición adicional segunda del proyecto, donde se indica que la "entidad religiosa, en su condición de empleador, facilitará a las Administraciones las nóminas correspondientes, así como sus eventuales modificaciones". Es decir, el Estado hará un pago delegado de los salarios, pero las respectivas religiones deberán contratar a sus docentes.

El Ministerio de Educación afirma que, con la LOE, la ICR y el resto de entidades legales que representan a las diferentes confesiones tendrán que "asumir la responsabilidad de las decisiones que toma". En el futuro, si se decide rescindir el contrato de un profesor y éste gana la demanda en los juzgados, el dinero saldrá de los bolsillos de la entidad religiosa que le ha contratado.

LOS CONCIERTOS EN LA ENSEÑANZA
La escuela concertada considera que la LOE "perjudica gravemente el principio de libertad de enseñanza y compromete el derecho de los padres a la elección de centro". Las patronales Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), a la que pertenecen numerosos colegios vinculados al Opus Dei, y la Federación de Religiosos de Enseñanza Centros Católicos (FERE-CECA), próxima a la Conferencia Episcopal, aseguran que la nueva ley "no considera la educación también como un servicio social" y la trata como "subsidiaria de la pública". Cuentan con el apoyo del PP y presumiblemente del PNV y CiU.

El PSOE sostiene que la ley se limita a exigir los mismos requisitos a todos los centros financiados con dinero público. ERC e IU piden que se haga una mayor apuesta por el laicismo y por la educación pública, de forma que se exija un mayor control de las admisiones de alumnos mediante comisiones y una distribución igualitaria de los alumnos inmigrantes en todos los centros.