Nueva Ley de libertad religiosa en España

La primera, es si responde a un ataque a la Iglesia católica.

La Iglesia con sede en Roma tiene todo el derecho a temer que se trate de una forma de recortar sus actuales potestades en España, amparadas por las normas, leyes y costumbres.

En lo que suponga un recorte a un monopolio, hegemonía y considerarse cualitativamente por encima del resto de las confesiones, es una necesidad que la democracia tiene pendiente. No más funerales de Estado católicos, no más cementerios y capillas públicas marcadas por el sello de símbolos del catolicismo, que se “prestan” (en el mejor de los casos) para su uso a otras confesiones.

La segunda interrogante, es si supone un recorte a las libertades de expresión, de conciencia y de disentir de los aspectos morales de la gestión de lo público.

En esto, la Iglesia católica, y la protestante, el resto de las confesiones, y la sociedad en general, debería tener un cuidado extremo en que no se produjese un "sí" como respuesta.

Porque podría interpretarse que a cambio de una cierta igualdad (en lo económico, en la presencia en actos públicos, etc.) se introdujese la limitación a la expresión de la libre opinión, dejando la fe y las convicciones para la esfera de lo íntimo.

Y si bien es cierto que a menudo la Iglesia católica mezcla política y religión, entrando en la arena del debate y la participación política; no es menos cierto que el Estado tiene un tendencia igual de frecuente a legislar en cuestiones morales que sólo competen a los padres, las familias o la conciencia de cada individuo.

Si la Iglesia debe tener neutralidad política, el Estado debe tener neutralidad moral.

Y ponemos un ejemplo, para no perdernos. La reciente campaña del preservativo a ritmo de rap (sólo con coco, sólo con condón), al igual que todas las campañas para la prevención del embarazo en los jóvenes, se olvida de la simple abstinencia sexual hasta el matrimonio (o hasta la relación estable de pareja si no se cree en esta institución). Más importante aún, ninguna campaña se ha hecho en contra de la promiscuidad sexual, que es un clarísimo factor de riesgo para embarazos no deseados y ETS (que no son extraterrestres, sino Enfermedades de Transmisión Sexual). Y esto ha sucedido con los Gobiernos de todos los signos y colores políticos.

Antes de seguir, queremos subrayar que los protestantes no somos en absoluto sospechosos respecto al preservativo. Lo aceptamos sin objeción alguna como método anticonceptivo, aunque –añadimos- idealmente dentro de una sexualidad responsable (y en nuestro caso, como creyentes, dentro de una ética cristiana).

Pero no sólo estas opciones no se contemplan, sino que si a alguien se le ocurre defender estas ideas –joven o mayor- se le acusará de retrógrado, fundamentalista, frígido o reprimido (son sólo algunas de las lindas palabras que hemos escuchado en debates en televisiones públicas y privadas).

Por lo tanto, creemos que hay razones para al menos estar inquietos en las posibles reformas que se quieran introducir. Si el precio de la igualdad es el silencio ético de las confesiones, estaríamos ante un monopolio moral de lo público por parte del Estado. Como actualmente aún existen en muchas áreas monopolios de la vida política pública por parte de la Iglesia católica.

A ver si encontramos el equilibrio. Nos jugamos todos mucho en ello.