Partidos de izquierda y derecha enfrentados en España por la nueva ley del aborto

El PP reivindica ahora la ley de 1985 contra la que en su día se movilizó. Los nacionalistas de CiU y PNV muestran dudas.

Los argumentos de la portavoz popular, Sandra Moneo, por los que su partido votó en contra de la creación de una subcomisión para estudiar una reforma fueron, según explicó, "el Gobierno abre un debate sobre el que no existe ninguna demanda social".

En el PP, en cuyo seno hay católicos pero también ateos o agnósticos, hay alguna preocupación con este debate, porque algunos dirigentes temen que el PSOE les quiera colocar una imagen de retrógrados similar a la que les provocó su rechazo al matrimonio homosexual. Casi todas las encuestas demuestran que la mayoría de la población está a favor de una ley de plazos. Sin embargo, según fuentes de la dirección, nadie ha planteado internamente que el PP debería haberse abstenido en la votación para crear la subcomisión.

La izquierda (PSOE, ERC, IU-ICV, BNG) apoyó con entusiasmo la creación de una subcomisión impulsada conjuntamente por PSOE e IU, mientras CiU y PNV, nacionalismos de raíz democristiana o centro-derecha, cuyo voto tradicional tiene un fuerte componente católico, expresaron sus dudas.

CiU decidió abstenerse puesto que, según su portavoz, Mercé Pigem, la división entre los dos partidos, Convergència y Unió, hace que en asuntos morales -aborto, eutanasia, matrimonio homosexual, células madre- haya libertad de voto, de manera que CiU esperará al pleno para que cada diputado se pueda expresar libremente.

El portavoz del PNV, Joseba Agirretxea, dijo que su grupo no se opone a la creación de una subcomisión, pero expresó muchas dudas sobre el contenido de la reforma.

Mucho más claro lo tenía la izquierda. Tanto Gaspar Llamazares (IU-ICV) como Joan Tardá (ERC), que ya pidieron esta reforma en la anterior legislatura pero se encontraron con el rechazo de los socialistas, insistieron en la idea de que algunas mujeres que abortan y profesionales que realizan la intervención están siendo criminalizados e incluso perseguidos penalmente.

El PSOE y el Gobierno han tomado la firme decisión de sacar adelante una profunda reforma de la ley del aborto. De hecho, lo que hay ahora no es una ley, sino un retoque del Código Penal para despenalizar el aborto en tres supuestos: embarazo por violación (durante las 12 primeras semanas), malformación del feto (22 semanas) y afectación psicológica de la madre. Este último no tiene límite, y es el supuesto al que se acogen el 97% de las mujeres.

El Ministerio de Igualdad ha creado una comisión de expertos, que trabajará en paralelo a la subcomisión del Congreso para tener lista la ley en el primer trimestre de 2009. La subcomisión tiene un plazo máximo de seis meses para elaborar su informe.

Carmen Montón, portavoz del PSOE, explicó que el PP, con su voto negativo "quiere hurtar el debate" y recordó que la nueva ley pretende corregir las "disfunciones" de la actual y garantizar que se puede abortar en toda la red pública y en todas las comunidades.

El PSOE se plantea una ley de plazos -se habla de entre 12 y 16 semanas- combinada con supuestos. Esto es, en las primeras semanas, aborto libre -con un plazo de 14 semanas, el 90% de los abortos actuales quedarían legalizados automáticamente-, y después sólo en casos justificados, como malformaciones del feto o riesgo grave para la madre.

A partir de ahora se abre un proceso de comparecencias en la subcomisión, que será polémico.