Por qué un pederasta puede seguir en libertad en España, pese a estar condenado por abusar de dos niñas

Santiago del Valle García, el principal sospechoso de la muerte de Mari Luz Cortés, tiene dos condenas pendientes, pero nunca había pisado la cárcel, hasta hoy. En 2002 fue sentenciado a dos años y nueve meses de prisión por abusar sexualmente de su propia hija, una cría que entonces tenía 5 años. En 2004 volvió a ser declarado culpable: 24 meses por abusar sexualmente de otra niña de 9 años.

Ahora, la Fiscalía de Sevilla y el Consejo General del Poder Judicial han anunciado que van a abrir investigaciones para averiguar por qué seguía libre.

Del Valle cambió varias veces de domicilio en los últimos años, pero no había sobre él una orden de búsqueda, tal y como confirmó el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón.

Cuando la policía le interrogó en Granada por primera vez, hace ya más de un mes, como sospechoso de la muerte de Mari Luz, le dejó en libertad. Cada vez que la policía interroga a una persona que se encuentra en busca y captura tiene la obligación de entregarla inmediatamente al juzgado que la reclama.

Santiago del Valle no es el único pederasta condenado que no ha ingresado en prisión. Uno de los sospechosos de la desaparición de Yeremi Vargas, Marcos R., también había sido condenado a 20 meses por abusar de su hija, menor de dos años. Pero el día en que fue detenido por intentar secuestrar a otra niña en Gran Canaria, aún no había cumplido ni un solo día.

Según la escueta explicación que dio en su momento el delegado del Gobierno en Canarias, Marcos R. no había entrado en prisión "por los recursos que puso". Pero, según fuentes judiciales, habría sido difícil en cualquier caso, ya que si es la primera condena y es de menos de dos años lo normal es que suspenda el ingreso en prisión.

LOS CAMBIOS EN LA LEY
Hasta 1999 las penas por abusos sexuales a menores (no violación) se pagaban únicamente con una multa. Desde entonces, el máximo es tres años. En 2007, el Congreso aprobó una reforma del Código Penal que eleva la posibilidad de condenar a los pederastas a un mínimo de tres y un máximo de cinco años de prisión (como el tirón de bolso) si el abuso se produce en el marco de una organización delictiva, pero no para condenar a los pederastas individuales.

El Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, considera que es necesario modificar el Código Penal para endurecer las penas y para que se establezca la obligatoriedad de que se cumplan íntegramente. Propone, además, que se establezca un seguimiento continuo de los pederastas condenados.

Canalda explica que este tipo de persona no se rehabilita, está más que demostrado que reinciden una y otra vez por lo que es imprescindible, una vez que hayan cumplido la pena íntegra, que tengan un seguimiento psiquiátrico y judicial permanente.

En su opinión, cualquier tipo de abuso sexual a menores debería ser considerado siempre violación. En otros países, la identidad de los pederastas es pública, incluso a través de internet se puede saber si cerca del domicilio propio vive alguno.

EL DEBATE DE LA CADENA PERPETUA
Antes de proponer directamente un aumento de penas, el portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, cree que es necesario abrir el debate sobre la "cadena perpetua", una condena "perfectamente constitucional".

Añade que es necesario medir no sólo la culpabilidad, sino también el grado de peligrosidad de un delincuente a la hora de reincidir.