El tráfico de mujeres se mantiene en la impunidad

Las denuncias procedentes de prostitutas corresponden únicamente al 1% de los casos. Según las pocas chicas que se han atrevido a denunciar, los proxenetas ganan más dinero con las secuestradas que con las libres.

Durante el 2005 la policía española liberó a 1.249 chicas extranjeras, la mayoría rumanas. Explica el jefe de la lucha contra el crimen organizado de la Guardia Civil en Catalunya que la mayoría de las redadas, se diluyen en los juzgados. Las chicas, aterrorizadas, cambian sus declaraciones, los proxenetas lo niegan todo, y con la ayuda de sus abogados y la cobertura legal de sus negocios las chicas quedan a merced de las mismas redes que las compraron.

José María Hidalgo, comisario jefe de la Unidad Territorial de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía, explicó que salvo excepciones, las mujeres que detienen niegan que exista una red que las retenga contra su voluntad, las chicas no denuncian a sus explotadores aunque les ofrezcan protección.

Ellas sostienen que son clientas y que han alquilado una habitación. Y ellos aducen lo mismo, es decir, que no conocen a las chicas. Pero hay ocasiones en las que encuentran datos que demuestran que existe una relación laboral ilícita entre ambos, y entonces entran en acción los derechos de los trabajadores.

En lo que va del 2006 han detenido en locales de Barcelona, Girona y Tarragona a 116 rumanas, 47 brasileñas, 14 nigerianas, 8 colombianas, 6 dominicanas, 6 venezolanas, 4 rusas y varias de otras nacionalidades.

FALTA DE COLABORACIÓN
Los responsables de la seguridad del Estado reiteran las grandes dificultades que tienen para investigar debido a la falta de colaboración de las víctimas, la carencia de herramientas legales efectivas y la escasa comprensión del fenómeno por una parte del aparato judicial.

La captación de las esclavizadas se suele producir en países como Rumanía, Moldavia, Eslovenia, Rusia o Ecuador, en cuya prensa los traficantes insertan anuncios ofreciendo trabajos en el exterior.

La joven aceptará salir de su país y será secuestrada. La amenazarán con mutilarla y matar a su familia, la violarán para someterla, la vejarán, le pegarán, la proveerán de un pasaporte falso, la traerán a España por carretera en estado de shock y la depositarán, una vez vendida por unos 6.000 euros de promedio, en cualquier club de carretera. Nunca se atreverá a denunciar, y si es detenida, la expulsarán.