Europa lleva años, más de una década de hecho, inmersa en la gestión de los movimientos migratorios como uno de los problemas de mayor magnitud que afronta. El pasado 20 de diciembre, el Consejo de la Unión Europeo, bajo la presidencia rotatoria de España, y el Parlamento Europeo anunciaban el acuerdo para reformar el sistema de asilo y migración de la Unión Europea.

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Una reforma que se detalla en cinco reglamentos y cuya legislación es aplicable a los estados miembros. “Lo que hemos logrado es histórico”, señalaba el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas. “Por primera vez tras décadas de intentos fracasados, Europa ya tiene un marco político para gestionar la inmigración y el asilo”, agregaba. “Ponemos un freno a los populistas y a los eurófobos, a los demagogos, a los que quieren hacer creer a los europeos que Europa no es capaz de solucionar sus problemas”, añadía Schinas.

Desde España, la valoración del reglamento por parte del Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido también positiva, considerándola “una pieza crucial del rompecabezas”. “La UE mantiene su compromiso de abordar las causas profundas de la migración, colaborando con los países de origen y tránsito y haciendo frente a la lacra del tránsito ilícito de migrantes”, ha afirmado.

También la Ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, ha dicho que el acuerdo da respuesta a una cuestión “urgente y necesaria desde hace mucho tiempo”. 

Reacciones

La percepción sobre la normativa desde distintas ONG es otra. Por ejemplo, Amnistía Internacional ha asegurado que el pacto migratorio aprobado por el gobierno de la Unión Europea provocará “un aumento del sufrimiento” y que “hará retroceder durante decenios el derecho de asilo europeo”. 

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) también ha criticado lamentando que “se haya desvirtuado la naturaleza y el origen del pacto, que inicialmente perseguía mejorar los sistemas de asilo con más garantías y establecer un reparto equitativo de las responsabilidades entre los Estados”. 

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Entidades evangélicas

Desde el ámbito evangélico, entidades como Refugee Highway Partnership también han valorado el acuerdo desde una perspectiva crítica. Whitney Gerdes, miembro de la junta de la organización, reconoce que “la legislación de la UE sobre migración es fundamental porque el movimiento de personas en busca de seguridad no es un fenómeno nuevo ni dejará de ser una necesidad para millones de personas”, aunque también considera que “la respuesta europea a la migración y al aumento de los movimientos de personas ha sido históricamente bastante reaccionaria, lo que ha supuesto una carga injusta para los países del sur de la Unión”.

“El hecho de que se haya tardado tantos años en llegar a un acuerdo pone de manifiesto la división que existe en torno a esta cuestión, la carga no compartida de la inmigración entre los Estados miembros y la complejidad de las políticas de inmigración”, señala.

[photo_footer]Uno de los aspectos más controvertidos de la normativa es el cierre de los centros de acogida temporales fronterizos, lo cual permite la expulsión de personas de una forma más rápida. / Depositphotos.[/photo_footer]

Desde Italia, Giovanna Genova, una evangélica que trabaja en la asistencia de migrantes y personas en situación de sin hogar en la zona de la estación central de Milán, explica a Protestante Digital que “el regular la entrada de migrantes está bien” porque eso, dice, garantizará que “realmente entren los que necesitan ayuda”. “Es una cuestión de orden. Yo, dándole de comer a las personas que no tienen techo solo consigo que muchos refugiados no resuelvan sus problemas”, opina.

En España, una entidad que trabaja especialmente en la asistencia primaria de los migrantes que llegan a la costa es la iglesia Misión Cristiana Moderna, en Fuerteventura. Para su pastor, Ángel Manuel Hernández, “el acuerdo es muy bueno” y menciona tres reivindicaciones que llevan tiempo reclamando y que esperan que se vean respondidas con el nuevo reglamento. “La primera cuestión es que por fin se tiene una política migratoria común en toda la Unión. La segunda es que los países afectados van a dar las mismas repuestas migratoria. La tercera es el principio de solidaridad obligatoria, es decir, que los países no afectados estarán obligados a ser solidarios en la acogida, y si no lo son serán sancionados”, explica. “El acuerdo hace énfasis en el trabajo en el lugar de origen y eso nos parece sumamente importante. Dios quiera que definitivamente se cierren los acuerdos con los países de origen para ampliar el ámbito de acción de Frontex. Eso sería una solución vital”, dice.

Por otro lado, Hernández, lamenta que “para los menores no acompañados no haya respuesta en el acuerdo”. “Esto debe ser un problema de Estado, no de las comunidades afectadas, porque este es uno de los problemas más graves y delicados de la migración. El estado debe hacerse responsable de la distribución de los menores y no es así. Todo sigue recayendo sobre las comunidades afectadas, y a esos menores hay que cuidarlos como si de nuestros hijos se tratara, escolarizarlos y acompañarlos en su día a día, y en la actualidad en Canarias tenemos más de 3.000”, asegura.

Control reforzado

Las diferentes normativas que componen el acuerdo destacan por reforzar el control de la llegada de migrantes, con medidas como el cierre de los centros de acogida temporal fronterizos, lo cual permite devolver con más rapidez a las personas que lleguen sin la documentación ni los permisos requeridos. 

Según recuerda Gerdes, “los controles más estrictos que se han propuesto, es decir, la separación de quienes se considera que tienen menos probabilidades de recibir asilo en centros de detención, viola el derecho a un proceso de asilo justo”. “En este endurecimiento tampoco hay exenciones claras para las poblaciones vulnerables, y esto pone a los menores no acompañados y a los discapacitados en mayor riesgo de explotación y abuso”, agrega.

Para Hernández, la cuestión del asilo es una de las notas “agridulces” del acuerdo. “Porque las personas tienen derecho a huir de sus países si su vida está en riesgo”, dice. “Fue el acuerdo establecido en la convención de Ginebra después de la Segunda Guerra Mundial. Y por eso se establecen las políticas de asilo. La investigación más rigurosa en las políticas de asilo es importante, como establece el acuerdo. Pero que el que pide asilo quede en una condición de detención migratoria en el territorios fronterizos hasta que no se le de respuesta a su situación de asilo, cuando todos sabemos que el tema del asilo tarda muchísimo tiempo, es lo que no nos parece bien. No se puede detener a una persona como si fuera un delincuente por intentar salvar su vida. Porque además entrar ilegalmente en España no constituye ilícito penal alguno, de hecho está considerado a lo sumo una falta administrativa, a no ser que se haga por medio de falsificación de documentos, entonces si se incurre en un delito penal”, remarca.

[photo_footer]El acuerdo también menciona la "solidaridad obligatorio" entre los Estados miembros de la UE para repartirse en cuotas a las personas a las que acoger. / Depositphotos.[/photo_footer]

Reparto en cuotas como “solidaridad obligatoria”

El acuerdo también refuerza el reparto entre los países miembros por cuotas establecidas de las personas llegadas al territorio de la Unión Europea. Algo que ya se planteó hace, con el caso de la Alemania de Angela Merkel siendo portada de los periódicos por acoger a un millón de migrantes sirios, pero que con la nueva normativa queda estipulado como “solidaridad obligatoria”. No obstante, también se trata de un aspecto que despierta inquietud o escepticismo.

Desde la entidad evangélica Refugee Highway Partnership, Whitney Gerdes considera que “las cuotas siguen sobre la mesa porque existe la esperanza de que la UE actúe como un organismo unificado y comparta la responsabilidad de ofrecer un lugar seguro a quienes buscan asilo”. “Además, en el nuevo pacto existe la opción de que los países se limiten a pagar una tasa para no tener que asumir su cuota de recién llegados, lo que erosionará cualquier esperanza de que los migrantes sean recibidos proporcionalmente en todos los Estados miembros”, observa.

Por su parte, la Misión Cristiana Moderna sí apoya el reparto en cuotas y defiende un modelo de acogida en e que las personas siguen siendo desplazadas después de llegar a territorio europeo. “Mientras haya fluidez como la que está habiendo todo está bien, porque en Canarias solo disponemos de 7.000 plazas alojativas”, dice Ángel Manuel Hernández. “Si siguen las políticas de traslados, por nuestra parte todo está bien, a excepción del tema de los menores que hay que darle una solución urgente”, remarca.

Y piden de forma enfática “que se cumplan los acuerdos con el tema de la solidaridad obligatoria y que se aborde el tema de los menores desde el Estado”. “Pedimos que se siga trabajando como se está haciendo, contando con nosotros y sentándonos en las mesas de gestión. Porque la cuestión migratoria tiene muchos cabos que pueden quedar sueltos”, añade.

“La iglesia tiene la oportunidad de intervenir donde los sistemas gubernamentales se quedan cortos”

De los más de 446 millones de personas que vivimos en la Unión Europea, 23,8 no están reconocidos como ciudadanos de la misma (el 5,3%) y otros 38 millones han nacido fuera de sus fronteras (el 8,5%). Para Gerdes, estos datos del Eurostat ayudan a recordar que, según la Comisión Europea, “la UE sólo tiene el 1,5% de la cuota mundial de refugiados en comparación con su población”. 

“Con una opinión pública y política cada vez más contraria a los inmigrantes, la Iglesia debe mantenerse informada sobre las realidades mundiales y nuestra fiel respuesta como miembros, sobre todo, de la familia de Dios”, subraya.

Según esta miembro de la junta de la Refugee Highway Partnership, y que también sirve como especialista educacional global en la Asociación Internacional para los Refugiados (IAFR, por sus siglas en inglés), el acuerdo pactado pone de manifiesto que “la Iglesia tiene la oportunidad de intervenir allí donde los sistemas gubernamentales se quedan cortos”. 

“Nuestro mandato [como cristianos] siempre ha sido acoger al extranjero o al ‘inmigrante irregular’, como reza fríamente la terminología de la UE. Este acuerdo representa la necesidad de que las iglesias y las organizaciones cristianas continúen su trabajo, ya que una vez más las soluciones ofrecidas por la UE no son suficientes para las personas representadas en los millones que buscan seguridad en todo el mundo”, asegura.

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