“Nuestro país sigue enfrentándose actualmente a uno de los índices de congestión carcelaria más elevados del mundo, y sin embargo se sigue deteniendo a personas por el mero hecho de alzar la voz contra el gobierno”. Estas son las palabras con las que el obispo y secretario general de la Iglesia Unida de Cristo de Filipinas (UCCP, por sus siglas en inglés), Melzar Labuntog, se ha expresado en el marco de la 54ª sesión regular del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra.

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Labuntog, también en calidad de representante del Consejo Nacional de Iglesias de Filipinas (NCCP, por sus siglas en inglés), ha transmitido al resto de participantes su preocupación por las “detenciones arbitrarias y la alarmante práctica de levantar falso testimonio contra los activistas en defensa de los derechos humanos en Filipinas”.

“La grave situación de los derechos humanos ha dado lugar a innumerables detenciones arbitrarias de activistas que trabajan incansablemente para salvaguardar y defender los derechos de la población”, ha añadido Labuntog durante su participación en la sesión.

Un año después del cambio de gobierno

Filipinas celebró elecciones en mayo de 2022 para conocer quién sucedería al polémico Rodrigo Duterte. La candidatura compuesta por la hija del propio Duterte, Sara, y el hijo del ex-dictador filipino Ferdinand Marcos, con el mismo nombre, ganó los comicios. 

Uno de los principales retos de su legislatura iba a ser la gestión de la violencia policial, que se había desbocado con la campaña antidroga de Duterte y que solo entre 2016 y 2017 había dejado al menos 12.000 muertos en las calles del archipiélago, según Human Rights Watch.

Aunque en agosto de 2022, ya bajo mandato de Marcos, el Ministerio de Justicia anunció la revisión de 250 casos de homicidio ocurrido en Luzón Central durante las redadas contra la droga, y en septiembre de 2022 el mismo departamento comunicó la intención de presentar cargos de asesinato contra al menos 30 agentes de policía que habían participado en varias operaciones en 2021, organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, siguen denunciando que “la inmensa mayoría de los homicidios relacionados con ‘la guerra contra las drogas’ siguen sin ser investigados”. 

De hecho, según el grupo de investigación universitario Dahas, tal y como recogen desde Amnistía Internacional, solo en 2022 se produjeron 324 asesinatos extrajudiciales relacionados con la campaña antidrogas del gobierno filipino, 175 de los cuales desde que ‘Bongbong’ Marcos y Sara Duterte accedieron al gobierno. La organizaciones en defensa de los derechos humanos también denuncian una represión constante de disidentes e incluso el asesinato de dos periodistas en el segundo semestre de 2022.

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Tensiones con las iglesias

Otro de los frentes no resueltos del nuevo gabinete de gobierno en Filipinas es la relación con las iglesias en el país. Una relación que alcanzó máximos históricos de tensión bajo el mandato de Rodrigo Duterte, quien en uno de sus discursos animó a la población a matar a obispos católicos, mientras que en otro se refirió a Dios como “estúpido”, lo que generó un clamor nacional entre las diferentes confesiones cristianas. 

En octubre de 2022, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU no renovó el mandato de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para seguir de cerca la situación en Filipinas. Esto explica también el sentido del mensaje del obispo Labuntog en la sesión de este mes de septiembre.

Según el NCCP, el gobierno sigue utilizando el marco legal existente para presentar cargos contra pastores y responsables de iglesias en el país, como los casos del reverendo de la Iglesia Unida de Cristo Edwin Egar, o el de la Iglesia Metodista Unida, Glofie Baluntong. De hecho, la organización de derechos humanos Karapatan ha contabilizado el número de presos políticos detenidos injustamente por cargos falsos en 776 hasta junio de 2023. Entre ellos se encontraban dos pastores de la UCCP, el reverendo Nathaniel Vallente y el pastor Jimmy Teves, junto con Aldeem Yañez, de la Iglesia Filipina Independiente (IFI) de Cagayán de Oro.

“La Ley antiterrorista se está explotando cada vez más para presentar casos infundados contra defensores de los derechos humanos, incluidos miembros del clero”, ha asegurado Labuntog en su comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. “Estos casos de disturbios preocupan profundamente a la Iglesia Unida de Cristo en Filipinas. La creciente persecución de trabajadores y ministros eclesiásticos dentro de las comunidades es un claro indicador de la erosión de los derechos humanos, la libertad y la justicia”, ha añadido.

Desde el NCCP han pedido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que exija al gobierno de Filipinas el cese de las detenciones y de los asesinatos extrajudiciales y la derogación de la Ley antiterrorista.

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