Aplausos, caras sonrientes y un buen apretón de manos. El acuerdo está cerrado. En este caso entre la Unión Europea, con el impulso destacado de Italia, y Túnez. El primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente tunecino, Kaïs Saied, han firmado un documento que pretende controlar el tráfico migratorio en el Mediterráneo a cambio de una lluvia de millones para el país norteafricano.

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Según el detalle del texto, el gobierno tunecino percibiría unos 255 millones de euros por parte de la Unión Europea a cambio de su ayuda para frenar la llegada de pateras y embarcaciones en su frontera mediterránea. El acuerdo también comprende el compromiso de Bruselas y de Italia para facilitar una especie de crédito del Fondo Monetario Internacional a Túnez valorado en 2.000 millones de dólares, aunque la institución pide reformas y garantías en cuanto al respeto de los derechos humanos en el país.

“Este acuerdo con Túnez debe verse como un modelo para construir nuevas relaciones con África”, ha señalado Meloni. Por su parte, Von der Leyen ha asegurado que se debe “romper” el negocio de los traficantes de personas, y ha prometido que aumentarán “el control fronterizo y la repatriación en pleno cumplimiento del derecho internacional”.

Pero, ¿funcionan los acuerdos para el control migratorio?

Para algunos, el acuerdo entre la Unión Europea y Túnez es una réplica a menor escala del que se firmó en 2016 con Turquía, aunque la promesas de Bruselas a Erdogan incluían hasta 6.000 millones de euros para facilitar la acogida de personas en territorio turco y la liberalización de visados para ciudadanos turcos. 

[photo_footer]De izquierda a derecha: el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente de Túnez, Kaïs Saied; y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en la firma del acuerdo. / Dati Bendo, European Comission, Wikimedia Commons.[/photo_footer]

Italia ya firmó una acuerdo bilateral con Libia en 2017, que renovó en 2020, por el que se comprometía a ayudar a la guardia costera libia a interceptar embarcaciones y devolverlas a los centros de detención del país. En enero de 2023, Meloni firmó un nuevo compromiso con Trípoli para la extracción de petróleo y gas en las costas libias valorado en 8.000 millones de dólares, y que también permitía aunar fuerzas en materia de estabilidad política y control migratorio entre ambos países. 

La pregunta es si esta clase de acuerdos, en cuanto a los movimientos migratorios, son tan efectivos como se pretende al anunciarlos. Y los datos parecen ponerlo en duda. Por ejemplo, en Italia, a pesar de contar con el acuerdo general de la Unión Europea con Turquía y del suyo propio bilateral con Libia, en lo que va de 2023 han desembarcado en su territorio al menos 75.000 personas, mientras que en 2022 lo hicieron menos de 32.000. De ellos, apenas 5.000 son tunecinos, por cierto.

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Desde 2014, la organizaciones pro-derechos humanos han contabilizado la muerte de 57.869 personas en trayectos migratorios en todo el mundo, 27.845 de ellas en el Mediterráneo. “Esta es una razón suficiente para evitar que los migrantes crucen el mar en embarcaciones no aptas para la navegación”, señala al respecto el presidente de la Alianza Evangélica Italiana, Giacomo Ciccone. “Por otro lado, ningún acuerdo como éste resolverá el problema [de las migraciones] si no va acompañado de políticas sistémicas con todas las partes implicadas”, agrega. 

El problema, para Ciccone, es que “en estas cuestiones parece que algunos países europeos siguen el principio de subsidiariedad, intentando aplicar soluciones a los eslabones débiles según un modelo jerárquico”. “Este principio se concibió en el marco piramidal de la Iglesia Católica Romana”, dice.

Desde la Asociación Attalaki, que monitorea el estado de la libertad religiosa y los derechos humanos en Túnez, comprenden que el país ya “hace todo lo posible con los recursos de que dispone para frenar la migración irregular”, y recuerdan que “a menudo [es] orquestada por redes delictivas dedicadas al tráfico de seres humanos”. Por otro lado, aseguran que “estos recursos financieros y logísticos son extremadamente limitados e insuficientes para la tarea” y consideran que “este aspecto es una de las razones que han obligado a Túnez a firmar un acuerdo migratorio con Europa”.

No obstante, también opinan que “es evidente que la ausencia de una estrategia clara de lucha contra la inmigración irregular agrava inevitablemente la situación y la lleva a descontrolarse”. “Túnez necesita desarrollar un plan estratégico que proteja tanto al país como a los migrantes de las consecuencias de este tipo de migración”, afirma a Protestante Digital el presidente de Attalaki, Rashed Masoud Hafnaoui.

En Túnez, ataques y apoyo a los migrantes

Desde Túnez, señala Hafnaoui, “existe una aceptación generalizada del acuerdo migratorio la Unión Europea”. “Los tunecinos, por diversas razones que algunos consideran lógicas, entre ellas factores económicos y sociales, se oponen en general al asentamiento de inmigrantes en suelo tunecino, por considerar que la presencia de otros africanos en Túnez contribuye al encarecimiento de la vida y al aumento de los índices de delincuencia”, remarca. 

Hafnaoui también matiza que “existe un grupo que aboga por la protección de los derechos de los inmigrantes en Túnez y el respeto de su libertad de circulación, y que rechaza este acuerdo por considerar que beneficia a Europa y no a Túnez, convirtiendo a este país en guardián de las fronteras del sur del Mediterráneo”. “El Presidente Kaïs Saied ha negado rotundamente que Túnez deba servir de guardia fronteriza a nadie más que a Túnez y se niega a aceptar el asentamiento de inmigrantes en tierras tunecinas”, agrega.

Desde Attalaki hablan de “una sensación imperante de miedo que se apodera de muchos de los migrantes llegados al país”, con las imágenes de las colas frente a las respectivas embajadas. También denuncian “ataques contra algunos de ellos”. “Al aeropuerto de Túnez han llegado aviones de países africanos para repatriar a sus ciudadanos, como si se tratara de una operación de evacuación de un lugar asolado por una catástrofe natural o una guerra grave, a pesar de que la situación en las calles tunecinas no justifica en realidad todo este temor, salvo algunos incidentes aislados. De hecho, la condena civil y popular de las acciones poco éticas llevadas a cabo por algunos alborotadores y las manifestaciones de apoyo a los inmigrantes son mucho más significativas que estos sucesos”, asegura Hafnaoui.

[photo_footer]Saied y Meloni son los grandes protagonistas del acuerdo, que sigue la línea de otros compromisos firmados en el pasado. / Nicolas Fauqué, European Comission, Wikimedia Commons.[/photo_footer]

“No se puede negar la difícil situación a la que se enfrentan actualmente los migrantes africanos en Túnez, a pesar de los esfuerzos de las autoridades y de la sociedad civil por prestarles asistencia. Su situación requiere la intervención urgente de las agencias internacionales y de la ONU, así como la necesidad de abordar su situación legal y respetar plenamente sus derechos legítimos, tal y como se estipula en los tratados y convenciones internacionales”, piden desde Attalaki.

Desde organizaciones como Amnistía Internacional se han manifestado contra el acuerdo firmado entre la Unión Europea y Túnez, y han acusado a las autoridades tunecinas de abandonar a cientos de personas en las fronteras de las zonas desérticas del país, al principio sin proveerles de lo necesario para sobrevivir.

En Italia, “medidas efectivas”

Desde Italia, cabe recordar que el control de la migración ilegal ha sido uno de los temas que han llevado a Meloni al gobierno, con sus promesas electorales sobre frenar las llegadas. Una vez en el Palacio Quirinale, la realidad ha sido distinta. “Gestionar el desembarco sería legítimo, pero a nadie se le ocurre honestamente hacer retroceder a las personas una vez que están en una embarcación improvisada”, subraya Ciccone. 

“En cierto sentido, esto refleja lo que ocurre en Europa con el Reglamento de Dublín, cuando establece que el país por el que un solicitante de asilo entra por primera vez en la UE es responsable de tramitar su solicitud de protección”, apunta el presidente de la Alianza Evangélica Italiana. “Eludir nuestras responsabilidades no es correcto, ni conveniente, en absoluto. Si te quejas de Dublín no puedes hacer retroceder los barcos. También, si te quejas de la actitud rígida de algunos gobiernos, no puedes defender el Reglamento de Dublín. ¡Otra vez el marco jerárquico es el problema!”, asegura.

Respecto a la cuestión de priorizar las entradas de personas con su situación regularizadas, Ciccone afirma que “es correcto dar prioridad a las llegadas de países más comprometidos con la protección de los derechos humanos y el control de las travesías marítimas ilegales”. “Esta sería una dirección correcta para reducir la presión, pero tenemos que esperar a que se tomen medidas efectivas”, añade una vez más.

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[title]Acogida y responsabilidad: una reflexión bíblica sobre la acogida[/title]

[text]En Italia, los evangélicos han protagonizado algunos de los esfuerzos más destacados por la acogida y la integración de personas migrantes en el país, como los llamados corredores humanitarios o también gestos públicos defendiendo la “obligación moral” de la acogida.

La Alianza Evangélica Italiana promueven el ‘Domingo del refugiado’, cada mes de junio, en colaboración con la Alianza Evangélica Mundial (WEA, por sus siglas en inglés). Además, Ciccone recuerda que hace tiempo que sentaron las bases de una reflexión bíblica en el país respecto al fenómeno migratorio. “Hace quince años expresamos que las dos principales categorías bíblicas a considerar para la integración son la acogida y la responsabilidad. Las iglesias evangélicas tienen muchos cientos de metros donde los cristianos están viviendo juntos bajo este modelo, y funciona bien”, asegura el presidente de la Alianza italiana.

En la reflexión continua sobre el asunto, Ciccone reconoce que “el pueblo de Dios tiene que dar respuestas sistémicas a su comunidad”, y defiende que lo que no se quiere es “retroceder en este compromiso”. “Las categorías bíblicas son realmente útiles para repensar la arquitectura social e incluso Europa”, considera.

En este sentido, Ciccone apunta a la incapacidad de los Estados para asumir ciertas cuestiones. “Cada vez que un gobierno dice ‘puedo hacerlo solo’ comete regularmente grandes errores”, dice. “Según el principio de las responsabilidades diferenciadas de Kuyper, pensamos que los organismos intermedios pueden desempeñar un papel crucial. Los países y los gobiernos no pueden encontrar la solución para cuestiones que se superponen a múltiples esferas de la existencia humana”, agrega, remarcado el papel que pueden desempeñar incluso colectivos minoritarios, como el evangélico en Italia. “Por ejemplo, las solicitudes de asilo por persecución religiosa no pueden evaluarse correctamente sin una implicación directa de las confesiones religiosas de pertenencia”, manifiesta.[/text]

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