El Parlamento maltés aprobó por unanimidad que el aborto seguirá siendo ilegal, salvo cuando la vida de la madre corra peligro después de haber intentado todos los demás tratamientos.

Además, un equipo médico decidirá sobre el aborto y deberá ponerse de acuerdo sobre el procedimiento, que sólo podrá tener lugar en una clínica autorizada.

Ese equipo estaría compuesto por dos ginecólogos u obstetras, uno de los cuales será el profesional que practique el aborto, y un especialista en cuestiones de salud de la mujer.

Sin embargo, la presidenta del partido laborista, Ramona Attard, y la secretaria parlamentaria, Rebecca Buttigieg, explicaron que en los casos en que exista un peligro inmediato para la vida de la mujer, no serían necesarias las tres firmas.

El proyecto de ley también introduce el concepto de viabilidad fetal, que se define como "el momento del embarazo en el que el feto es capaz de vivir fuera del útero según las prácticas médicas actuales".

Si se considera que el feto es viable de acuerdo con la práctica médica actual, los médicos tendrán que atender primero el parto antes de realizar cualquier intervención médica para tratar a la mujer.

"Por primera vez, esta modificación proporcionará a los profesionales que intentan salvaguardar la vida de una mujer que experimenta complicaciones durante su embarazo la tranquilidad de que no corren el riesgo de ir a la cárcel y de que la ley ampara su trabajo", dijo Buttigieg.

 

Un procedimiento largo

Malta es el único país de la Unión Europea donde el aborto es ilegal en todas las circunstancias, incluso en casos de violación, incesto y cuando la vida de la madre corre peligro.

Practicar un aborto es un delito castigado con hasta tres años de cárcel, y ayudar a una mujer a abortar, con hasta cuatro años.

Tras algunos incidentes que pusieron en peligro la vida de dos mujeres, el partido laborista maltés propuso enmiendas que permiten llevar a cabo procedimientos para salvar vidas cuando la salud de la madre corre grave peligro.

Dichas enmiendas fueron aprobadas en segunda instancia en el parlamento el pasado diciembre, y el gobierno mantuvo entonces varias conversaciones con distintas partes interesadas para conocer su punto de vista, lo que condujo a la actual decisión del parlamento.

Se espera que el Parlamento apruebe el proyecto de ley revisado en las próximas semanas.