El País ha publicado en su edición de este sábado un bochornoso artículo sobre el crecimiento de iglesias evangélicas en la zona de Carabanchel.
El partido progresista trabaja en una propuesta para poner a disposición de los ancianos que deseen morir una píldora de efecto mortal sin receta médica ni importar su estado de salud.
Holanda y Bélgica son los países europeos con una legislación más desarrollada en torno a la eutanasia. Y algunas voces del gobierno actual de coalición se está planteando facilitar todavía más la muerte de sus ciudadanos con una “pastilla letal” a disposición de aquellos mayores que deseen dejar de vivir, aunque no sufran ninguna dolencia específica.
La idea, según explica el diario ABC, surgió hace 40 años de parte de un juez del Tribunal Supremo holandés, Huib Drion. El magistrado defendió que el Estado diese a los mayores de 70 años una píldora venenosa para que pudieran decidir cuándo morir.
Aunque será difícil que la idea salga adelante por la configuración actual del gobierno holandés, este acaba de publicar un estudio sobre la definición del espectro de población a quien se dirigiría esta pastilla del suicidio. Según el informe, solo un 0,18% de los mayores de 55 años tiene un deseo de morir consistente y activo, lo que en números redondos sumaría cerca de 10.000 personas.
Para el ministro de Sanidad, Hugo de Jonge, el informe apunta a que un cambio legal extremo como el que se propone desde el ala progresista no es la respuesta al deseo de muerte de los mayores de 55 años. "La sociedad debe hacer todo lo que tiene en su poder para ayudar a estas personas a recuperar las ganas y el sentido de vivir", advirtió, informa El Confidencial.
Sin embargo el proyecto de ley contó con el apoyo de 125.000 firmas el pasado año. Las firmas fueron aportadas por el grupo “Por voluntad propia”, una organización que considera que la ayuda al suicido debe legalizarse a partir de los 70 años para las personas que no quieran seguir viviendo sin demasiados condicionantes, como ocurre hasta ahora.
Una de las voces que se ha pronunciado con más claridad en contra de este proyecto es la del partido de inspiración protestante Unión Cristiana.
La parlamentaria Carla Dik-Faber considera que es un problema que se abra la puerta a la muerte exprés a personas “saludables que no están gravemente enfermas”. “No es un problema individual sino que afecta a la sociedad en su conjunto”, explica Dik-Faber, que considera que la misión del Gobierno es “proteger a las personas, especialmente las más vulnerables, y no puede ayudar al mismo tiempo con el suicidio”.
La diputada de la Unión Cristiana cree que una vez que el suicidio asistido sea legal, muchos ancianos pueden sentirse alentados por su entorno a pensar en quitarse de en medio. “Las personas mayores pueden sentirse innecesarias en una sociedad que no valora la vejez. Es verdad que hay gente que se siente sola, otros pueden tener una vida de sufrimiento y eso son cosas que no son fáciles de resolver, pero el Gobierno y toda la sociedad deben asumir la responsabilidad de asumirlo. No queremos ‘consultores del fin de la vida’, queremos ‘guías de vida’. Para nosotros toda vida es valiosa”, asegura.
La ley de eutanasia holandesa, en su formato actual, ya permite que una media de 20 personas se quite la vida cada día.
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