El País ha publicado en su edición de este sábado un bochornoso artículo sobre el crecimiento de iglesias evangélicas en la zona de Carabanchel.
Al menos 75 personas en un área predominantemente cristiana han perdido la vida a causa de los violentos ataques y la inacción del Gobierno.
La comunidad de Miango, en el estado de Plateau (Nigeria central) ha sido objeto de violentos ataques en las últimas dos semanas, que se han saldado con la muerte de al menos 75 personas, según informa World Watch Monitor.
Jerry Datim, uno de los líderes cristianos en el lugar, explicó que el primer ataque tuvo lugar el 24 de enero: “Fue alrededor de las 12 del mediodía, cuando algunos hombres Fulani tendieron una emboscada alrededor de Rafiki, un lugar muy cerca de la 3.ª División del Ejército Acantonamiento. Mataron a tres personas antes de trasladarse a otra aldea, Jebbu Bassa, donde también mataron a tres personas. También quemaron muchas propiedades”.
Dijo que los asaltantes continuaron sus ataques, sin ser detenidos ni investigados, durante la semana siguiente.
La situación parecía haberse calmado hasta este 4 de febrero. Este domingo, dos cristianos fueron asesinados en su granja y otro, en una aldea diferente, fue asesinado en su jardín.
En total, 14 aldeas han sido atacadas, con 89 casas incendiadas y vastas extensiones de tierras de cultivo también destruidas por los atacantes, que prometieron desalojar a los nativos.
Datim expresó su desilusión de que el gobierno del Estado no se haya pronunciado en contra de los asesinatos.
“Los líderes políticos en el estado no han podido proteger a la gente de los atacantes Fulani porque temen que el presidente Muhammadu Buhari pueda actuar contra cualquier político que vaya en contra de los fulani, que son parientes de Buhari”, dijo, y agregó que algunas de las comunidades afectadas acababan de arreglar los techos de sus casas, quemados en un ataque anterior en octubre de 2017. Ahora, las casas vuelven a estar inhabitables.
Hasta 3.000 aldeanos se están refugiando con sus familiares en las comunidades vecinas de Kabon y Tudun Wada, ambas en el área del gobierno local de Jos. No solo han sido desplazados de sus hogares ancestrales; sus medios de sustento también han sido destruidos.
Un pastor local, el reverendo Jacob Gidado, que visitó las aldeas afectadas, pidió al presidente Buhari que proteja a los cristianos de los “homicidios incesantes” y dijo que los cristianos, especialmente en el norte de Nigeria, han sido “perseguidos sin medida”.
DISPUTAS ECONÓMICAS
Según informaciones locales, los ataques habrían tenido su origen en una disputa por unas vacas robadas.
El 25 de enero, Mallam Nuru Abdullah, presidente de la Asociación Miyetti Allah Ganaderos de Nigeria (MACBAN), una entidad que representa a los pastores Fulani, dijo en un comunicado de prensa que algunos de sus miembros habían perdido 350 vacas y 54 ovejas en Ganawuri y Rafiki, alegando que pueden haber sido robados por los nativos del área. En el comunicado amenazaban con vengarse si el ganado no se recuperaba.
Dos días después, MACABAN emitió otra declaración, señalando que algunas de las vacas habían sido recuperadas vivas, mientras que otras fueron encontradas muertas.
En respuesta, la Asociación de Desarrollo de Irigwe (IDA), integrada por agricultores locales, negó que supiesen algo sobre el ganado perdido, y agregó que su gente no tiene interés en el ganado, ya que su ocupación es la agricultura.
UN “PLAN SINIESTRO”
El secretario de comunicación de IDA, Ive Gulu, describió el reclamo de MACBAN como una estratagema para encontrar una razón para llevar a cabo su “plan siniestro” de atacar a la comunidad nuevamente. Alertó a las agencias de seguridad, advirtiendo de un ataque inminente.
Un portavoz militar también desestimó el reclamo de MACBAN, diciendo que solo 53 bovinos habían desaparecido y que casi todos fueron recuperados.
Pero al día siguiente (26 de enero) los fulani atacaron las aldeas de Rafiki y Jebbu-Miango, matando al menos a 12 personas y quemando más de 20 casas.
Al día siguiente, el 27 de enero, el Comisionado de Policía del estado, Undie Adie, convocó rápidamente a una reunión entre las partes afectadas, incluidos líderes comunitarios, gobernantes tradicionales, líderes religiosos, líderes juveniles y representantes de agricultores y pastores. Los llamó a “evitar la violencia y la amargura, abrazar la paz y olvidar el pasado”.
Pero los jóvenes de Irigwe dijeron que los Fulanis habían matado a sus parientes, y que deberían mantenerse alejados de sus comunidades durante un tiempo para permitirles llorar la muerte de los suyos, antes de permitirles volver a pastar en el área otra vez. Aunque los fulanis mostraron sus recelos, aceptaron finalmente el acuerdo.
Pero la noche posterior a la reunión, el 28 de enero, atacaron nuevamente, matando a varias personas en las aldeas de Tafi Gani, Ariri y Nzhweego, quemando más casas y las cosechas de los aldeanos, y destruyendo más de 7km de granjas de vegetales.
Durante los días siguientes, los ataques continuaron, con varias personas asesinadas en Kpala y otras aldeas, incluidas mujeres que regresaban del mercado de Jos.
El presidente de la IDA, Sunday Abdu, calificó los ataques como “un programa deliberado” destinado a aniquilar a las comunidades de Irigwe, e instó al gobierno a intervenir.
Peter Ahile, el miembro que representa a la circunscripción de Rukuba/Irigwe en la Cámara de la Asamblea del estado, agregó: “Como legislador, solo puedo hablar. El gobernador, como el oficial de seguridad principal del estado, es el que [puede] hacer cumplir con la seguridad; se supone que debe salir y dirigirse a la gente del estado. Hacemos un llamado al gobierno para que tome medidas, ya que es responsabilidad del gobierno proteger vidas y propiedades”.
EL TRASFONDO DE LOS ATAQUES
Como explicó Pau Amat en un reciente artículo en Protestante Digital, los ganaderos fulani son un colectivo que ha abrazado la religión musulmana y a la que no se ha llegado con el evangelio, explica el responsable de comunicación de Puertas Abiertas en España.
“Como los ganaderos fulani emigran cada vez más hacia el sur, han entrado en conflicto por los recursos con los agricultores de grano, que son principalmente cristianos”, añade Pau Amat.
Este motivo socioeconómico ha encontrado en el islam violento su gasolina.
“En las últimas décadas, los fulani se han vuelto más radicales debido a la llegada de las proclamaciones islámicas radicales de los misioneros musulmanes de Arabia Saudí e Irán”, explica Amat. Ahora se creen con el derecho de tomar los recursos de “los infieles y apóstatas” por la fuerza.
DURAS ACUSACIONES AL GOBIERNO
A las acusaciones al Gobierno nacional de falta de iniciativa para resolver el problema y detener esta masacre se han sumado algunos medios de alcance nacional, como el digital Punch, que se hacía eco de una reciente denuncia de la situación realizada por Amnistía Internacional.
En un editorial publicado esta semana, el diario tilda de “tibia” y “partidista” la respuesta dada por el gobierno ante los “golpes de la milicia Fulani”, que apenas ha hecho nada para impedir “el persistente problema de los frecuentes ataques de pastores y milicias fulani y sus enfrentamientos con los agricultores”.
“La responsabilidad primaria irreductible de cualquier gobierno es garantizar la seguridad de vidas y propiedades; el gobierno de Buhari ha estado fallando a este respecto, apareciendo impotente y poco dispuesto a hacer cumplir la ley mientras los pastores armados y sus milicias desatan el terror en todo el país”, advierte el diario.
“El enigma de los pastores Fulani ha estado envuelto en política, religión, seccionalismo y partidismo”, añade el editorial, que considera este conflicto una amenaza directa “a la cohesión de Nigeria”.
Finalmente pide al presidente Buhari que dejen “de poner excusas para los asesinos en masa Fulani o buscar soluciones injustas e ineficaces como rutas de pastoreo o reservas. La ganadería es un negocio. Insistir en el pastoreo nómada en la tierra de otras personas ya no es factible o exigible; porque otras personas también necesitan sus tierras para la agricultura, las empresas y la vivienda (…) El trato paternalista del gobierno hacia los pastores es discriminatorio, provocador y divisivo”.
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