Persecución a evangélicos se cobra una víctima de un mes de edad

Los evangélicos en Chiapas siguen esperando que se haga justicia. A lo largo de los años se han visto sometidos a presiones que, en algunos casos, ha terminado en una verdadera persecución religiosa, siendo los evangélicos expulsados de sus casas y territorios.

El último episodio nos dejaba a un centenar de evangélicos huyendo para refugiarse en un albergue de San Cristóbal de las Casas. Cuenta Carlos Martínez García en su blog de este domingo en Protestante Digital que “una víctima de la intolerancia religiosa es un bebé de 23 días del grupo de evangélicos expulsados de su comunidad S. José Yashtinín. Murió en el albergue”, cuenta el periodista mexicano citando una información de la Organización Puertas Abiertas.

No es este un caso aislado; sino que durante varios años se han producido ataques, coacciones y persecución a los evangélicos en los estados de Michoacán y Chiapas.

Aunque desde algunos frentes se quiere defendee que se trata de conflictos de índole política y económica, el trasfondo que todo lo impregna, afirma Carlos Martínez García, es indudablemente religioso. “El factor desencadenante” está en “una identidad religiosa tradicionalista que se opone por todos los medios a su alcance, entre ellos la violencia simbólica y física, para que en un territorio bajo su control puedan subsistir otras creencias”.

El problema está en que, a pesar de que las autoridades reiteradamente muestran su voluntad de mediación y resolución del conflicto, éste nunca llega a favor del más desfavorecido, en este caso las comunidades evangélicas que han sido desplazadas de su hogar y en ningún caso han podido regresar, siendo “recolocados” por el Gobierno “en instalaciones precarias”.

Refiere Martínez que “les prometen mesas de diálogo y negociaciones para convencer a los expulsadores de que permitan el retorno de los evangélicos a sus comunidades. Si es que logran la aceptación para el regreso, es común que los perseguidores busquen la firma de convenios que son lesivos a los derechos constitucionales de los agredidos”.

Así, aquellos que “intimidan y agreden”, salen siemopre favorecidos e inmunes ante las autoridades estatales y federales que prefieren mirar hacia otro lado.

EL CASO DE CHIAPAS
Es en Chiapas donde las comunidades evangélicas, muchas de ellas de etnia indígena, han sido más vituperadas, atacadas y a veces masacradas por sus vecinos católicos. La organización Voz de los Mártires ha informado reiteradamente de grupos que debieron salir de ante la persecución o por ser ecpulsadas de sus hogares en Los Llanos y San Gregorio que tendrán que esperar años a que se resuelva su caso.

El origen de muchos de los conflictos en este Estado se encuentran en la negativa por parte de la comunidad evangélica de colaborar con los pagos para las festividades católicas, en honor a patrones o vírgenes. Un ejercicio de libertad religiosa que debería ser amparado por las autoridades es vulnerado. “No se les debe obligar a dar recursos económicos para una fiesta que es ajena a ellos y ellas”, subraya Martínez García.

PERSECUCIÓN EN “NUEVA JERUSALÉN”
Denuncia también Martínez que en la comunidad Nueva Jerusalén, municipio de Turicato, (Michoacán) existe desde 1973 un gobierno en que se articula lo religioso con lo político. El fundador del lugar se hace llamar Papá Nabor y le imprimió un cariz integrista católico a la Nueva Jerusalén. En este espacio particular quedan excluidas todo tipo de instituciones estatales, entre ellas la posibilidad de impartir una educación laica. “Nabor – cuenta Martínez - decía que él solamente estaba poniendo en práctica las revelaciones dadas por la virgen del Rosario a través de la vidente Gabina Sánchez, conocida como Mamá Salomé”.

Es en este contexto en el que se gesta un grupo poblacional que depende de las “videntes de turno” para decidir cómo regirse, sobre todo a partir de la muerte de su fundador en 2008. Los inconformes con el aislamiento total del mundo se organizaron para construir una escuela primaria en la que se impartieran clases por parte de docentes del sistema de educación pública, laica y gratuita.

En julio de este año, un grupo de violentos decidió atacar y demoler la escuela, siguiendo las órdenes del patriarca Antonio Lara, apodado San Martín de Tours, cuya vidente es Rosa Gómez Gómez. “Ella es quien dice que la virgen del Rosario le ordena derribar la escuela. Con el inicio del reciente año escolar, hace una semana, los disidentes pretendieron comenzar clases para sus niños y niñas en una casa habilitada para tal propósito. San Martín de Tours ordenó bloquear la entrada al lugar para impedir a los docentes cumplir su tarea”, dice Martínez.

La situación, lejos de ser atajada por las autoridades, y como en el caso de Chiapas, vuelve a superar a los gobernadores. Fausto Vallejo Figueroa, gobernador, hizo llamados para que se respete el derecho a la educación y exhortó para que prevalezca la tolerancia. “Ni una palabra sobre los múltiples delitos cometidos por San Martín de Tours y sus huestes”, exclama Martínez, que denuncia que según el testimonio de algunas víctimas que han denunciado “abusos sexuales y disciplinas crueles contra quienes se revelan a su gobierno tiránico”.

Todo ha sucedido, concluye Martínez, mientras “el Estado mira para otro lado”, que no ha dejado más que palabras, mientras se vulneran “los derechos de los perseguidos”. “Basta de exhortaciones, nada más, pero nada menos, hay que aplicar las leyes”, concluye.