El “caso Salman” ha llamado la atención en los últimos días en los medios de comunicación de Estados Unidos.
El pastor Michael Salman celebraba estudios bíblicos regulares en un local legalizado como “sala de juegos”, construido en 2008 en el garaje de su propia residencia, donde se reunían hasta 80 personas.
Las
denuncias por ruido de alguno de los vecinos llevó a las autoridades a
revisar la actividad del lugar, que no presentaba el acondicionamiento correcto para la celebración de reuniones religiosas, si se le aplicaba la legislación urbana sobre lugares de culto. Y de hecho, Salman celebraba allí “cultos” a pesar de que la legislación sobre sala de juegos no lo permitía. Pero ¿acaso no permite la legislación urbana tener reuniones de lectura de la Biblia, o un club de costura, o una barbacoa?
En el año 2010
Salman fue declarado culpable de 67 delitos menores, referidos a la violación del código urbano. Entre algunas de las deficiencias del local se explicaba que no disponía de salidas de emergencia o extintores. A pesar de que la sentencia fue recurrida por el pastor, el juez confirmó la condena de 60 días de prisión, tres años de libertad vigilada y una multa de 12.180 dólares. Desde el 9 de julio el pastor ha comenzado a cumplir su periplo carcelario.
“ES MI CASA”
El caso no ha quedado, sin embargo, exento de polémica.
La familia Salman ha realizado varias grabaciones de la casa en las que se puede comprobar que, por ejemplo, todos los coches de los asistentes a las reuniones aparcaban en su propiedad, con lo que no planteaban problemas de “tráfico”, como habían denunciado algunos vecinos.
Suzanne Salman, la mujer del pastor encarcelado, se preguntaba en una entrevista en Fox News por qué se planteaban problemas para la celebración de un estudio bíblico en su casa.
“Puedo realizar una barbacoa, o una reunión de Tupperware, pero ¿no estudiar la Biblia? No tiene ningún sentido”, se quejaba.
Afectada por la sentencia, Salman expresaba sus sospechas de que “haya una especial fijación en perseguir un estudio bíblico” y se aplique de forma abusiva la legislación urbanística.
El
abogado John W. Whitehead, especialista en libertades civiles, ha tomado el caso Salman. “Es absurdo – explica Whitehead – que los funcionarios del gobierno procesen a individuos que participen en actividades religiosas en su propiedad privada.
Esto va en contra de todos los principios fundacionales de los Estados Unidos de América”.
UNA IGLESIA SIN PERMISO
Sin embargo,
el fiscal a cargo del caso, John Tutelman, da una explicación al por qué del encarcelamiento de Salman. “No se trata de una persecución religiosa – afirma – sino de que
tenemos evidencias de que en esa propiedad está funcionando una iglesia, y no tienen licencia para ello. Hubiésemos hecho lo mismo si se hubiera planteado realizar sesiones de teatro o de cine en su casa sin tener licencia para ello”.
El problema, dice Tutelman, está en que “ese edificio no guarda las condiciones exigidas para la celebración de cultos públicos”. Ante ellos, los Salman dicen que nunca “publicitaron” las reuniones, que según ellos celebraban sólo para amigos y familiares.
SEGUIMIENTO MEDIÁTICO
Lo que sin duda han conseguido los Salman ha sido la atención pública. Una petición de apoyo por la liberación de Michael Salman cuenta ya con más de 10.000 firmas, y se ha puesto en marcha una campaña de donación que el lunes
contaba con casi mil dólares procedentes de diecisiete contribuyentes anónimos.
Tutelman también hizo referencia a que “en mis 26 años de trabajo en la oficina del Fiscal nunca había visto un caso que tuviese tanta notoriedad como éste”. Sin duda, toca la fibra sensible de la libertad personal y el respeto por la ley urbana, factores que de vez en cuando pueden entrar en conflicto, aún en el proclamado país de las libertades.
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