Un juez británico confirma el despido de un terapeuta cristiano por no querer tratar parejas gays

Para Laws, el juez de la Corte de Apelaciones que ha negado el recurso, McFarlane tiene todo el derecho del mundo a tener sus creencias religiosas, pero que en ningún caso el cumplimiento de la ley puede ser supeditado a éstas. La legislación británica es clara al respecto: negarse a prestar un servicio por razones de orientación sexual es discriminatorio.

El juez dice, además, que ofrecer cualquier tipo de protección de una religión frente a otra es la mejor manera de encaminarse hacia un régimen «teocrático». Así que todos los ciudadanos tienen derecho a tener unas creencias religiosas, pero delante de un tribunal, sirven de poco.

Gary McFarlane había recibido el apoyo, entre otros, de George Carey, arzobispo de Canterbury (líder espiritual del anglicanismo) entre 1991 y 2002. Carey, que actuó en el juicio como testigo, ha puesto el grito en el cielo. «No es más que un paso entre el despido de un empleado cristiano y el final de la contratación de cualquier cristiano. Creo que más decisiones de este tipo van a terminar así y es el momento de actuar», ha dicho.

Pero Laws no tuvo en cuenta ese razonamiento y dijo que «no vivimos en una sociedad en la que todo el mundo tiene las mismas creencias religiosas. Ninguna religión puede estar por encima de otra ante la ley. Si fuera así, los que no serían menos ciudadanos y nuestra constitución estaría en camino de convertirse en una teocracia, lo que debe ser un motivo de autocrítica».

Según recoge el diario The Times, para Andrea Williams, director del Centro Legal Cristiano, «la decisión del juez podrían provocar una barrera religiosa en las contrataciones, en la que los cristianos podrían estar vetados en puestos como concejales, profesores, trabajadores sociales o en agencias de adopción».

Laws no negó la profunda tradición judeocristiana, pero simplemente insistió en que Carey parecía estar pidiendo la protección de los cristianos ante la ley. Algo que merece una distinción entre «la protección de la ley ante la libertad religiosa y la protección de la ley ante el contenido de esas creencias».