La Campaña Religiosa Nacional Contra la Tortura recordó a Michael Mukasey (juez instructor del caso) el testimonio de unos de los componentes de la CIA, en las sesiones del Comité de Justicia del Senado, cuando resultó confirmado en el cargo diciendo que una técnica de interrogatorio ´dura´ no era necesariamente tortura.
La carta se refiere al "waterboarding", tormento conocido en español como "submarino" y muy utilizada por las pasadas dictaduras militares latinoamericanas.
Esta técnica de tortura consiste en atar a la víctima acostada a una tabla inclinada con la cabeza ligeramente más baja que los pies. Se le cubre la cabeza con un filme plástico transparente y luego se le vierte agua sobre el rostro, lo que causa asfixia.
Creen que es necesario designar un consejo especial, independiente de las autoridades del Departamento, para investigar el caso ya que consideran importante que el pueblo estadounidense confíe en el resultado de la investigación.
La carta de la Campaña Religiosa Nacional Contra la Tortura se apoya en un artículo en el que se informaba que los vídeos fueron destruidos, en parte, por la preocupación de algunos involucrados cuyas imágenes los dejaban expuestos a procesos legales.
Se dice que el principal abogado de la CIA aconsejó no destruir las cintas y lo mismo habría hecho la consejera de la Casa Blanca, Harriet Miers. Las imágenes mostraban el interrogatorio a Abu Zubaydah, estrecho colaborador de Osama bin Laden, y de otro integrante de Al Qaeda de alto nivel, no identificado.
Las cintas fueron destruidas a pesar de las órdenes dictadas por varios jueces que exigían al gobierno guardarlos. Actualmente hay varias investigaciones en curso por la destrucción de vídeos. Es probable que el Comité de Inteligencia del Senado también investigue el asunto, además del propio Departamento de Justicia y la CIA.
La portavoz de la Casa Blanca, Dana Perino, no ha querido hablar del asunto porque podía comprometer las investigaciones en curso.
VIDEOGATE
La noticia desató un escándalo bautizado por la prensa como "videogate". La coalición indica que habrían pruebas creíbles de que las solicitudes de los vídeos por un tribunal federal, cuando aún estaban intactos, fueron ignoradas por la CIA.
La carta de la Campaña Religiosa Nacional Contra la Tortura fue firmada por su director ejecutivo, pastor presbiteriano Richard Killmer, y por su presidenta, Linda Gustitus. En la misiva añaden que después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), los soldados japoneses que lo practicaron fueron procesados como criminales de guerra.
Tras el testimonio de confirmación del juez Mukasey, la coalición envió una carta a los integrantes del Comité de Justicia del Senado en la que expresó su profunda preocupación por las respuestas del magistrado en materia de tortura.
Los religiosos exhortaron a los senadores designar "a un candidato con una clara postura contra el uso de la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes". Mukasey, por su parte, envió otra misiva al Comité en la que señaló que consideraba "abominable" el submarino, pero no mencionó si esa práctica constituía, a su entender, un método de tortura.
Las respuestas de Mukasey "abren la puerta para que el gobierno de Estados Unidos aplique técnicas crueles, inhumanas y degradantes, que pueden convertirse en torturas", dijeron Gustitus y Killmer ante el Comité.
"Llegó la hora de pasar la hoja", señalaron en referencia al periodo en que Alberto González fue secretario de Justicia. "Pese a su capacidad e idoneidad legal, sería trágico permitir que quien no rechazó en forma clara las prácticas de torturas ilegales e inmorales y los tratos crueles, inhumanos o degradantes se convierta en el más alto funcionario responsable de la justicia de nuestro país", añadieron.
Entre los integrantes de la coalición figuran líderes religiosos cristianos evangélicos o protestantes, católicos y ortodoxos, judíos, cuáqueros, musulmanes y sij. Más de 18.000 personas firmaron la "Declaración de Conciencia" contra la tortura.
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