Expulsión de las Nuevas Tribus es `ilegal, inmoral e injusta’

Así lo dio a conocer el Odontólogo Juan González, colaborador por años en el campo de la salud a diversas etnias de Bolívar, Delta Amacuro, Amazonas y Monagas, agregó que la ilegalidad consiste en que no procede expulsar a una organización legalmente constituida, sin llenar los extremos de ley y que lo mínimo que exigen los cristianos evangélicos de Venezuela es una investigación seria donde se respete el debido proceso y de comprobarse que las acusaciones hechas al boleo son ciertas, seríamos los primeros en apoyar la medida gubernamental.

LA INMORALIDAD ESTÁ SIGNADA POR LAS FUENTES
No se puede jugar olímpicamente contra la libertad de cultos en el país, una de las libertades más preciadas del ser humano, argumentó González.

González prosiguió diciendo que la injusticia queda demostrada porque en realidad la mejor y mayor asistencia en el campo de la educación y la salud en la selva la prestan los misioneros. Los detractores, no tienen idea de lo que significa llegar a una nueva tribu y partiendo desde cero, aprender a hablar su idioma, registrar sus sonidos en signos, elaborar un alfabeto, plasmar palabras e ideas en escritura y enseñar al indígena a leer y escribir. Allí simplemente no funciona la Misión Robinson, ni el plan cubano de alfabetización.

Finalmente, denunció ante la opinión pública que motivado a la decisión irreflexiva del presidente Hugo Chávez, la semana pasada ocurrieron dos muertes en el alto Orinoco por mordedura de serpiente y paludismo. Antes del 12 de octubre esos enfermos habrían sido evacuados de inmediato por la avioneta de las Nuevas Tribus, un servicio gratuito que se le presta al indígena de la zona, en esta oportunidad, los organismos del Estado fueron incapaces de prestar la ayuda requerida.

Por su parte, la diputada de la Asamblea Nacional, por Proyecto Venezuela (Carabobo), Vestalia de Araujo, advirtió que la expulsión, por parte del gobierno, de las Nuevas Tribus asentadas en las comunidades indígenas en el sur del país es inconstitucional.