El Pleno del Tribunal Constitucional aprobó el martes por mayoría (7 a 4) la sentencia, cuya ponente ha sido Inmaculada Montalbán Huertas, que desestima íntegramente el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular contra la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, más conocida como la ley de plazos del aborto.

Esta Ley permitió la interrupción voluntaria del embarazo por decisión libre de la mujer dentro de las primeras catorce semanas de gestación, introduciendo el denominado “sistema de plazos”. Este sistema vino a sustituir al anterior de “indicaciones”, en que sólo se permitía en aquellos supuestos de riesgo para la vida o salud de la embarazada, violación, o probabilidad de que existieran en el feto graves taras físicas o psíquicas.

Para tomar esta decisión, el Tribunal ha determinado la “importante afectación existencial que el embarazo y parto supone para el cuerpo y psique de la mujer”. Considera que “el sistema de plazos es conforme a la Constitución por cuanto reconoce a la mujer embarazada el ámbito razonable de autodeterminación que requiere la efectividad de su derecho fundamental a la integridad física y moral, en conexión con su derecho a la dignidad y libre desarrollo de su personalidad”.

“Los poderes públicos no solo tienen el deber de respetar y no lesionar los derechos fundamentales, sino también la obligación positiva de garantizar su efectividad. La obligación de las Administraciones Públicas de asegurar la prestación de interrupción voluntaria del embarazo deriva de ese deber positivo de velar por la efectividad de los derechos fundamentales”, expone el TC.

Decisión mayoritaria, pero no unánime

Los magistrados discrepantes con la sentencia son cuatro (Enrique Arnaldo Alcubilla, Ricardo Enríquez Sancho, César Tolosa Tribiño y la magistrada Concepción Espejel Jorquera) que entienden que la sentencia “excede gravemente el alcance y los límites del control jurisdiccional que corresponde al Tribunal”.

“Excediendo el alcance y los límites del control de constitucionalidad que corresponde a este Tribunal, viene a reconocer un nuevo derecho constitucional, que denomina derecho de la mujer a la autodeterminación respecto de la interrupción del embarazo (…) Con ello, la sentencia se sitúa fuera de los márgenes del control de constitucionalidad que a este Tribunal corresponden, pues reconocer nuevos derechos fundamentales es una potestad del poder constituyente, no de los poderes constituidos y, por tanto, no lo es del Tribunal Constitucional”.

Evangélicos ante el aborto

El debate sobre el  aborto ha estado presente en el ámbito evangélico en las últimas décadas. En España, en las recientes jornadas de Bioética, se publicaron unas conclusiones en las que se expresa una visión compartida por diferentes profesionales evangélicos del ámbito jurídico, científico y sanitario.

“Creemos en la identidad, y con ello en el carácter único e irrepetible, de cada vida humana desde el momento de la concepción hasta la muerte”, expresa el documento, que dedica un capítulo a los asuntos relacionados con el principio de la vida humana.

“Aunque nos parece totalmente legítimo el derecho de la madre sobre su propio cuerpo, no debería prevalecer sobre el derecho a la vida del no nato. Sí consideramos ética la opción del aborto cuando sea necesario para salvar la vida de la madre, como mal menor”, expone el documento, que recomienda trabajar “por alternativas a favor de la vida” como la adopción y “por un asesoramiento previo a la decisión de abortar; a fin de asegurar que quien tome esta decisión, siempre trágica para cualquier mujer, haya recibido consejo y apoyo en todas las formas posibles, con otras alternativas ante las situaciones que empujan a tomar el aborto como salida, tal y como se realiza en otros países europeos”.

Las conclusiones de las IV Jornadas de Bioética se pueden consultar aquí.

Comunicado de Ferede

Este viernes 12 de mayo, la Federación de Iglesias y Entidades Religiosas Evangélicas de España, FEREDE, ha publicado un comunicado en el que lamenta la decisión del Tribunal Constitucional.

“Lamentamos y denunciamos la desprotección de la vida humana que provoca el reconocimiento del denominado derecho de la mujer a la autodeterminación respecto de la interrupción del embarazo”, expone la Federación, recogiendo el sentimiento mayoritario de las iglesias evangélicas en España.

“Lamentamos el reconocimiento del aborto como un derecho, por considerar que responde a un planteamiento ideológico que crea un inexistente derecho fundamental vinculado al derecho a la dignidad humana de la mujer y a su derecho al libre desarrollo de la personalidad, y a su integridad física y moral, dejando desprotegida la primera etapa de la vida humana en formación”.

[destacate]“El aborto entraña graves conflictos morales que no pueden negarse invocando sólo los derechos de la mujer”, expresa FEREDE[/destacate]Considera FEREDE que el TC “se extralimita con el reconocimiento de tal derecho, que es potestad del poder constituyente en el caso de los derechos fundamentales o del poder legislativo”.

Proteger la maternidad es necesario, pero a la vez “el Estado tiene también el mandato constitucional de defender la vida del no nacido y establecer un sistema legal para ello, puesto que la vida humana debe ser protegida en todas sus etapas de formación y desarrollo y, muy especialmente, en sus etapas de mayor vulnerabilidad e indefensión. El aborto entraña graves conflictos personales y públicos, jurídicos, éticos y morales, que no pueden negarse invocando sólo los derechos de la mujer”, sostiene FEREDE.

Desde un punto de vista más amplio, FEREDE recuerda comunicados anteriores en los que se han expuesto las dudas que genera la ley del aborto. Por ejemplo, se menciona que desprotege “el derecho a la objeción de conciencia en el caso del aborto con la creación de un registro de objetores de conciencia en el cual deba registrarse todo el personal sanitario, con antelación y por escrito”.

La federación evangélica incide en que la ley “ignora que no sólo hay maternidad, sino también paternidad y corresponsabilidad” y lamenta la “ausencia de medidas que avancen en el desarrollo de una verdadera protección de la maternidad y la ausencia de medidas que fomenten una sexualidad responsable”.

El comunicado completo se puede consultar aquí.