La Unión Europea se ha posicionado a favor del derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos de acuerdo “a sus convicciones religiosas, filosóficas y educativas”.

Así lo afirmó la portavoz de Educación de la Comisión Europea, Sonya Gospodinova, este viernes 5 de febrero ante una pregunta sobre la nueva ley educativa en España (LOMLOE), conocida como Ley Celaá por la ministra española de Educación, Isabel Celaá.

En su intervención ante los medios de comunicación, según informó el diario ABC, Gospodinova recordó que “la educación es una competencia nacional. Por tanto, es potestad exclusiva de los gobiernos decidir cómo se organiza la enseñanza, y la Comisión no tiene ninguna posibilidad legal de definirlo”.

Ahora bien, “dicho esto, seguimos de cerca la situación en España, también el desarrollo de la nueva ley de educación, y las intenciones del gobierno español de reemplazar los sistemas que había por otros sistemas públicos”, en referencia al cambio de paradigma en la ley propuesta sobre la escuela concertada.

“Quiero destacar”, continuó Gospodinova, “que la Comisión sostiene que los padres tienen el derecho de asegurarse de que la educación que se les da a los niños corresponde a sus convicciones religiosas y a sus visiones filosóficas y educativas”. Recordó que ese derecho “está recogido en el artículo 14.3 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales”.

Sin embargo, insistió en que la educación es una competencia de los Estados europeos, y, por lo tanto, la Comisión Europea poco tiene que decir frente a las regulaciones nacionales educativas.

Gospodinova explicó que la Carta Europea de Derechos Fundamentales “impone obligaciones a los Estados miembro solo en los asuntos donde las instituciones europeas son competentes. Como ya he dicho, la educación es competencia nacional exclusiva, lo que no permite ninguna base a la Comisión para opinar sobre los nuevos avances legislativos del Gobierno español”.

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Una ley de escaso consenso

La LOMLOE, más onocida como ‘Ley Celáa’, fue aprobada en el mes de diciembre de 2020 por el Parlamento español, con la promesa del principal partido de la oposición de ser derogada en caso de llegar al Gobierno, algo muy alejado del gran pacto educativo que entidades educativas, padres y docentes esperaban.

La plataforma Más Libres, que reúne a una veintena de entidades de padres, educadores y centros educativos, ha denunciado la aprobación de la ley ante el Parlamento y la Comisión Europea. Según esta entidad la ley vulnera el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos conforme a sus convicciones, que se limita al eliminarse el concepto de “demanda social” como criterio a tener en cuenta en la programación de la oferta de plazas escolares sostenidas con fondos públicos.