El País ha publicado en su edición de este sábado un bochornoso artículo sobre el crecimiento de iglesias evangélicas en la zona de Carabanchel.
La situación en el municipio, donde la normativa es más severa, se mencionó en una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU este verano.
El Consell Evangèlic de Catalunya (CEC) ha informado de un acuerdo con el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat para evitar el cierre de algunas iglesias. Según la entidad, el consistorio envió a algunas comunidades evangélicas de la localidad “un documento donde se les advertía del cierre de sus centros de culto”.
“Hemos hecho las gestiones necesarias con el fin de revertir esta situación y esperamos que, bien pronto, este compromiso inicial, sea reconocido mediante un escrito del mismo Ayuntamiento”, han señalado desde el Consell.
En declaraciones a Protestante Digital, fuentes del Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat han confirmado las negociaciones con el Consell y han señalado que la comunicación de aviso de cierre se envió a cinco iglesias en concreto. “Han habido conversaciones y se les ha ofrecido un acompañamiento y asesoría individualizados a los centros de culto que no se han adecuado a la normativa”, han explicado, sin concretar si publicarán el escrito solicitado o no. El ofrecimiento, dicen, ha sido posterior a las reuniones con el CEC y no es “un acuerdo para que no se hagan las cosas”. “Los centros de culto se tienen que ajustar a la normativa y tienen que pedir los permisos”, han apuntado.
Este octubre ha concluido la moratoria de la Ley de Centros de Culto en Cataluña, que obliga a las iglesias evangélicas anteriores al 2010 a adaptar sus instalaciones de acuerdo a la nueva normativa. Aunque se trata de una regulación dictada por la Generalitat, a la práctica, son los ayuntamientos los que acaban negociando con los diferentes centros de culto las adaptaciones a realizar.
En el caso de L’Hospitalet de Llobregat, durante los últimos años el Ayuntamiento ha sido acusado por diferentes confesiones minoritarias de exigir unos requisitos muy severos para regularizar los permisos de actividad. De hecho, en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas del pasado mes de julio, la situación con los centros de culto en el municipio catalán fue una de las cuestiones que se recomendó solucionar al Estado español. “Algunos municipios, como L’Hospitalet de Llobregat, han aprobado una legislación más restrictiva y severa. El resultado es que la mayoría de congregaciones locales no pueden cumplir los requisitos y corren el riesgo de ser cerradas”, aseguró el representante de la Alianza Evangélica Mundial, Markus Stefan Hofer, en base a un informe presentado por la Alianza Evangélica Española con la colaboración del Consell.
Ya a finales de 2018, un grupo de iglesias de la localidad se agruparon en una plataforma y protestaron ante el edificio del Ayuntamiento por lo que denunciaban como dificultades para obtener las licencias necesarias para la actividad cúltica. Entre otras cosas, la agrupación denunciaba entonces que de las más de sesenta iglesias en la ciudad, solo nueve centros dispusieran de licencia.
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