El boom inmobiliario católico: 4.500 propiedades en 10 años

Según informa hoy el diario El País, la Iglesia Católica ha aumentado su patrimonio gracias al registro de unas 4.500 propiedades en los últimos diez años. Una reforma de la ley Hipotecaria realizada en 1998 permite desde entonces el registro de propiedades con la sola certificación de un Obispo.

Esta medida ha permitido que la Iglesia registrase miles de propiedades, entre ellas la Mezquita de Córdoba, sin necesidad de hacerse público ni de pagar el impuesto de transmisión patrimonial. Es un movimiento opaco, pero legal, ya que el gobierno de Aznar permitió a la Iglesia Católica con esta medida hacerse con templos, ermitas, casas parroquiales, cementerios y fincas de todo tipo, algunas de las cuales vendió con posterioridad a su registro y le permitió obtener las correspondientes plusvalías, por una cuantía desconocida porque ni siquiera tienen la obligación de rendir cuentas a la Conferencia Episcopal en este asunto.

“La inmatriculación [el acto del primer registro de una finca] de una propiedad a través de un notario es un proceso complejo, que exige certificaciones y testigos y que, en este caso, es obviado por una certificación del Obispo”, señala una fuente del Consejo General del Notariado.

En la Ley hipotecaria de 1944 se equipara al eclesiástico (el obispo) con un fedatario público, es decir a un notario, una norma no derogada que, según algunos expertos, es inconstitucional. Alejandro Torres, de la Universidad Pública de Navarra, ha divulgado numerosos artículos sobre este particular: “Este proceso no es compatible con los principios constitucionales de igualdad religiosa, neutralidad y separación entre Iglesia y Estado”, dice.

DENUNCIAS DE INCONSTITUCIONALIDAD
Navarra es la comunidad donde el fenómeno de las inmatriculaciones ha sido más estudiado y ha dado lugar al nacimiento de una Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro a la que se han adherido 117 municipios. Dicha plataforma ha llegado a censar hasta 1.087 propiedades a nombre de las diócesis navarras.

“A principios de 2007, de manera casual”, explica un documento de la plataforma, “se descubrió que la Diócesis navarra estaba inmatriculando masivamente todo tipo de edificios religiosos, casas, tierras, arbolados, cementerios… Más de mil escrituraciones desde el año 1998, por unas docenas de euros, al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, más que cuestionado por ser totalmente anticonstitucional”.

La Iglesia, según el documento, se ha convertido en la mayor inmobiliaria de Navarra. “El procedimiento no exige exposición pública alguna, por lo que los pueblos navarros no se han enterado y se han encontrado de la noche a la mañana con que una parte de su patrimonio público, mantenido siempre con gran esfuerzo, está privatizado”.

Esta movilización inmobiliaria se realizó sin una coordinación central a través de la Conferencia Episcopal. “Las diócesis tienen un elevado grado de autonomía”, señala José Manuel Vidal, experto en temas religiosos y director de Religión Digital, “incluso en temas económicos por lo que no dan cuentas mas que a Roma cada cinco años. Los ecónomos se reúnen una vez al año en unas jornadas, pero no han tratado conjuntamente el asunto de las inmatriculaciones. Las diócesis se han limitado a solicitar informes jurídicos a la Conferencia Episcopal. No creo siquiera que Fernando Giménez Barriocanal, el gerente del Episcopado, tenga una información detallada al respecto”.

El asunto se trató en una moción debatida en el Senado el pasado mes de octubre, presentada por el grupo catalán Entesa. Se pedía la supresión de la reforma que hizo el Gobierno Aznar en la Ley Hipotecaria. Pero fracasó por 8 votos contra 12. PP y PNV votaron en contra, a pesar de reconocer la complejidad jurídica del asunto y las dudas de inconstitucionalidad.