Mariano Blázquez (FEREDE): «Las confesiones religiosas deben situarse al margen de las luchas con el poder»

Blázquez manifiesta en esta entrevista que desde la FEREDE no se ha solicitado una nueva Ley orgánica de Libertad Religiosa, ya que el “problema no es tanto la ley que, aunque es mejorable”, sino en el trato desigual que hace de las diferentes confesiones respecto a la católica ya que “los Acuerdos con la confesión mayoritaria que son anteriores a la ley de 1980 y responden a un criterio predemocrático”, y por otro lado se ha producido un “escaso desarrollo de esa ley Orgánica de Libertad Religiosa quizás porque se tiene tendencia a que todo lo relacionado con la Iglesia católica se regule por una normativa exclusiva para esta confesión. La consecuencia es que no hay un desarrollo reglamentario suficiente para el resto de las confesiones religiosas”.

Por ello, explica Blázquez, “lo que se ha solicitado es un desarrollo de la ley existente y de los Acuerdos que tenemos firmados con el Estado”, es decir no una nueva Ley sino que se desarrolle la existente.

FEREDE Y LA REFORMA DE LA LEY
Después de anunciarse públicamente la intención del Gobierno de cambiar la ley, la FEREDE si fue consultada a través de la Dirección General de Relaciones con las Confesiones Religiosas junto al resto de las confesiones con notorio arraigo, y dio sugerencias de asuntos a cambiar en la reforma de la Ley. En opinión de Mariano Blázquez “esta tarea se está realizando de modo abierto y satisfactorio”, escuchándose todas las peticiones de FEREDE, “aunque ignoramos si tendrán alguna influencia en la futura ley” ya que afirma que desconoce “cuales son los criterios del Gobierno de modo concreto”, sin haber tenido acceso a ningún texto o borrador de esa posible reforma de la ley.

En opinión del máximo representante legal de la FEREDE “la reforma debería orientarse hacia la neutralidad porque en España todavía se percibe la tensión entre lo clerical y anticlerical, que son muestras de la lucha sorda por el espacio público”.

Considera que la ley debe encontrar un lugar adecuado para la vivencia religiosa y para su expresión pública como una opción más, “pero sin menoscabar o pretender una influencia ilegítima en la actuación política y los partidos políticos. Las confesiones deben situarse al margen de las luchas por el poder. Esa no es su tarea. Como tampoco lo es de un partido favorecer directa o indirectamente a una determinada confesión por muy mayoritaria que sea”.

En este sentido, la opinión de FEREDE es que la reforma de la ley “debería orientarse hacia una mayor igualdad jurídica, la promoción de una mayor igualdad social. Todos los gobiernos de la democracia han venido discriminando sistemáticamente a las confesiones minoritarias hasta el momento actual”.

Blázquez entiende que el protocolo público, los funerales de Estado, “son asuntos conocidos y ahora salta a la prensa también la polémica sobre los crucifijos en las escuelas. No tengo problemas, e incluso lo preferiría el que, por respeto a otras confesiones no cristianas, se supriman los crucifijos en las aulas de las escuelas públicas”. Pero cree que el verdadero mal que afecta a la sociedad española es “la tensión no resuelta en España del clericalismo y anticlericalismo, y la desconfianza y la segregación consuetudinaria hacia las confesiones minoritarias que se manifiesta en muchísimos estratos del aparato del Estado y de la sociedad”.

En su opinión, es esta desconfianza institucional la razón por la que “los ciudadanos protestantes, destinatarios de los Acuerdos de cooperación con el Estado no puedan destinar una parte de sus impuestos en la casilla del IRPF. La desconfianza y no la crisis es la que ha ocasionado que las conversaciones se paralicen al día siguiente de haberse iniciado oficialmente hace más de un año” (la FEREDE aprobó por mayoría simple esta decisión; una encuesta de Protestante Digital con 3.600 votos sobre “¿Deben pedir las confesiones no católicas una casilla para recibir dinero de Hacienda (IRPF)?” muestra que el 51% de los votantes están en contra de esta medida).

CIERRE DE IGLESIAS
También engloba en esta desconfianza que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid esté cerrando algunas iglesias evangélicas “por motivos que conocemos y que no aplica a la Iglesia católica”, o que lleva a la Generalitat de Cataluña a “pretender controlar todos los lugares de culto por motivos de seguridad. Unos motivos y una seguridad que no aplica a los lugares de culto de la que ella es propietaria ni tampoco a los centros de culto que figuren en una relación de lugares de interés histórico o cultural. Esos lugares precisamente por ese interés deben estar más controlados en su seguridad, pero no es así porque en realidad la pretensión oculta es el control y no la integración y la participación”.

Blázquez considera como “trascendental” que se termine con “el acoso que algunos ayuntamientos realizan a las confesiones religiosas para que no se establezcan en su demarcación territorial y que se dicte una normativa común y para toda España orientada a armonizar los derechos de planificación urbanística con los del ejercicio real y efectivo de la libertad de culto de las comunidades religiosas”.

Ante esta situación, lo que sí ha solicitado FEREDE es la solución para estos y otros problemas que afectan a los protestantes y otras minorías religiosas, pero “no hemos recibido respuesta a estas solicitudes y en algunos casos llevamos años esperando una reunión”, explica.

MÁS INFORMACIÓN
- NOTICIA: La Federación Evangélica (FEREDE) critica el proceso de la nueva Ley de Libertad religiosa

- ENCUESTAS:
-- "¿Deben pedir las confesiones no católicas una casilla para recibir dinero de Hacienda (IRPF)?”.

-- "¿Quitar símbolos religiosos de escuela pública?"

- ENTREVISTA de la FEREDE a Mariano Blázquez –expuesta en esta noticia- titulada “Nunca solicitamos una nueva Ley de Libertad Religiosa”

- NOTICIA: La Alianza Evangélica pide un claro consenso para reformar la Ley de Libertad religiosa

- ENTREVISTA (audio) a Jaume Llenas, Secretario general de la Alianza Evangélica Española sobre la reforma de la Ley de Libertad Religiosa.