Bruselas investiga si las exenciones fiscales inmobiliarias de la Iglesia católica española son ilegales

La Comisión Europea investiga las exenciones fiscales de las que goza la Iglesia católica en sus actividades inmobiliarias. Concretamente, su objetivo es el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que grava las obras que requieran autorización municipal. El Ejecutivo ya ha anticipado que su argumento jurídico se asienta sobre los acuerdos España-Vaticano de 1979.

La comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, comentó en Madrid tras un homenaje a la fallecida Loyola de Palacio, que hay una investigación en curso sobre los beneficios fiscales de la Iglesia católica [en España]. Decir que se está averiguando si son justificados, o excesivos y constituyen una subvención ilegal.

Kroes declaró que también indagan sobre una situación similar en Italia.

La investigación se ciñe al ICIO, según el Ministerio de Hacienda. Este es un tributo de carácter municipal que grava la construcción de obras que requieran una licencia municipal.

El argumento jurídico que empleará el Gobierno es que se enmarca en los acuerdos de 1979 entre España y el Estado de la Santa Sede, y según hacienda hay que respetarlo al ser un pacto anterior al de ingreso de España en la UE en 1986. El Ejecutivo de José María Aznar publicó en 2001 una orden en la que aclaraba que el ICIO se incluía en las exenciones contemplados en el concordato. La Conferencia Episcopal Española ha renunciado a dar su opinión sobre la investigación de Bruselas.

Renunciar a las cantidades que la Iglesia abonaría por el ICIO supone una importante pérdida económica para los ayuntamientos. Este tributo aporta un 5% de los ingresos anuales de los ayuntamientos (unos 1.600 millones de euros, según los últimos datos disponibles en el Ministerio de Economía, referentes a 2004). Lo abonan las personas o empresas que corran con los gastos de construcción de una obra y puede representar hasta un 4% de ese coste.

Actualmente, la iglesia católica no es la única exenta del pago. Las obras de las administraciones del Estado (incluidos puertos, aeropuertos, carreteras y ferrocarriles) escapan de la obligación, lo que ha motivado protestas en los tribunales de los ayuntamientos. No hay una estimación hecha sobre cuánto podría aumentar esta partida si todos pagaran, pero el ICIO constituye el más cuantioso de los impuestos indirectos municipales.