La CE cree que las exenciones fiscales a inmuebles de la Iglesia Católica podrían ser ilegales

En el caso español, la Comisión informó que el pasado 19 de julio pidió información por carta a las autoridades españolas, de las que se espera una respuesta a mitad del mes de septiembre. "El examen trata de evaluar la posible calificación de la exención como una ayuda estatal y su compatibilidad con el mercado único", indicaron fuentes comunitarias que precisaron que las dudas se centran en las exenciones del patrimonio de la Iglesia.

Las fuentes añadieron que si finalmente la Comisión determina que tal exención constituye una ayuda estatal incompatible, se pediría a España que "elimine voluntariamente los elementos de ayuda incompatibles de la exención". Si las autoridades españolas no lo hacen, entonces Bruselas "podría decidir iniciar una investigación formal".

TAMBIÉN EN ITALIA
Por lo que respecta a Italia, el portavoz de Competencia del Ejecutivo comunitario, Jonathan Todd, precisó que de momento tampoco hay investigación, pero que se va a solicitar por segunda vez información a sus autoridades sobre sus exenciones fiscales a los bienes inmuebles de la Iglesia en este país.

La Comisión envió una primera petición de información a Roma en el mes de enero y en julio recibió una respuesta que Bruselas cree insuficiente y por eso ha pedido más datos. "Hemos recibido información y vemos que no es suficiente, vamos pedir información suplementaria", dijo Todd que precisó que se trata "sobre todo sobre actividades inmobiliarias de la Iglesia".

En concreto, las sospechas se centran en tres disposiciones legales italianas que reconocen a la Iglesia católica "exenciones fiscales locales sobre propiedades inmobiliarias", "exenciones fiscales sobre empresas si la renta viene de propiedades inmuebles de la Iglesia católica" y una "reducción del 50% del impuesto de sociedades para entidades no comerciales de instituciones religiosas".

El portavoz indicó que, tal como es habitual en este tipo de casos, la petición de información al Gobierno italiano se produjo después de que la Comisión recibiera quejas sobre estas supuestas irregularidades. Rehusó desvelar la identidad de los denunciantes, también práctica habitual, para protegerles ante potenciales represalias. Aclaró que "no estoy sugiriendo que la Iglesia (católica) en particular tratase de tener represalias" sino que se trata de "una regla general de proteger la identidad de los denunciantes a menos que estos acepten que se sepa".

Ésta no es la primera vez que la Comisión se plantea tomar medidas en relación a las actividades de la Iglesia católica en un país de la UE y que ya hay precedentes en Bélgica y también otro en España. Puntualizó que "una vez que una organización tiene actividad económica, podría haber distorsiones de competencia" y que Bruselas ya ha perseguido con anterioridad "las ventajas a la Iglesia en Estados miembros".

Así, en diciembre de 2005 la Comisión pidió a España que modificara el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos -el Concordato, de 1979- al declarar ilegales las exenciones al pago del IVA a determinadas entregas de bienes muebles e inmuebles vinculados a la actividad religiosa efectuadas por comerciantes con destino a la Iglesia católica.