Los padres católicos se rebelan contra sus colegios y piden objetar en Educación para la Ciudadanía

Además de mostrarse contrariado por las manifestaciones del responsable de FERE-CECA recogidas en su entrevista a ABC, el presidente de la confederación católica de padres Concapa, Luis Carbonel, reclamó el cheque escolar «para garantizar la libertad de las familias, frente a la posición contraria» de FERE-CECA, que ve en este modelo serios riesgos para hacer efectivo el derecho a elegir.

Carbonel justifica su demanda en que con el cheque, «los padres se convierten en los verdaderos portadores y electores de la educación para su hijos, colocando al Estado y a los colegios en una posición secundaria y no adoctrinadora -dice- como está ocurriendo con Educación para la Ciudadanía».

La Concapa insiste en oponerse a la nueva asignatura por todos los medios posibles, incluida la objeción de conciencia. Su máximo representante defiende incluso la posibilidad de que los centros no impartan la materia, porque «los límites para obedecer una ley son la legalidad, la moralidad y la justicia».

DIFERENCIAS
Concapa no comparte con FERE-CECA el que los padres que no estén de acuerdo con sus planteamientos en relación con la Ciudadanía cambien a sus hijos de colegio. «Es tanto como decir que los niños son elegidos por sus ideas» y los centros sostenidos con fondos públicos «no pueden discriminar por sus ideas». Un comunicado difundido por la organización es todavía más contundente y advierte de que «en democracia resulta intolerable la arrogancia y la prepotencia por parte de cualquier centro de decidir cuál debe ser la ideología concreta de las familias, salvo que se pretenda manejarlas en beneficio de intereses ajenos a la libertad y la calidad de enseñanza».

La LOE permite a los centros establecer su carácter propio e informar del mismo a los interesados en acceder a ellos. Además, la matriculación de un alumno en este tipo de centros supondrá el respeto de ese ideario que, a su vez, debe respetar los derechos de los alumnos y sus familias, según la Constitución y las leyes. Asimismo, regula la comunicación del cambio de ideario.

Para Carbonel, impartir Educación para la Ciudadanía en los centros católicos suponen «pervertir» su ideario o «incumplir la asignatura modificando sus contenidos al arbitrio de los titulares».

El representante de los padres católicos «lamenta que De Castro no diga categóricamente que Educación para la Ciudadanía es una mala asignatura y que pueda adaptarse al ideario». Además, enfatiza en que «nadie tiene derecho a imponer sus propios principios morales a las familias».

No obstante y pese a sus críticas a la escuela católica, la Concapa llama a un «amplio debate social» que permita definir «de manera consensuada» cuáles deben ser los contenidos de la nueva disciplina, otorgándole un carácter voluntario. Sin embargo, rechaza recurrir a los tribunales o negociar la urgente modificación de sus contenidos.

TREINTA ASOCIACIONES
La objeción de conciencia ha sido promovida por 30 organizaciones, entre ellas Concapa, para evitar que los escolares cursen la materia. Entienden los objetores que la asignatura es adoctrinadora e invade el ámbito de la conciencia personal y de los derechos de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus principios.

La Conferencia Episcopal ha alertado reiteradas veces de los peligros de la disciplina ya que considera que es un instrumento adoctrinador en manos del Gobierno. Sin embargo, no ha defendido la objeción de conciencia de forma expresa sino que ha recomendado «luchar con todos los medios legítimos» contra una «asignatura inaceptable, tanto en la forma como en el fondo». En relación con los medios, ha señalado que «no hemos querido ni queremos mencionar ninguno en particular». Es decir, que no ha recomendado en modo alguno la objeción de conciencia y ha dejado a criterios de los obispos esta determinación. Así, mientras algunos cardenales -especialmente el de Toledo, monseñor Cañizares- y obispos han llamado a la objeción e incluso han hablado de colaboración con el mal en el caso de impartir la asignatura, otros no han descendido a esos detalles.

Los impulsores de la objeción aseguran haber reunido cerca de 10.000 peticiones, pero es difícil todavía comprobarlas. Las cifras no resultan tan espectaculares como se esperaba y la comunidad con mayor número es Castilla-La Mancha, donde se acercan a las mil.