La Iglesia católica sigue siendo una potencia económica, cultural, educativa e incluso inmobiliaria

Con ese dinero -más de 3.000 millones de euros, según el Ejecutivo- y el beneficio de sus muchos bienes o inversiones, incluso en Bolsa, los obispos financian una imponente red de servicios -culturales, educativos, hospitalarios, en guarderías, ONG u obras de caridad, entre otros muchos- atendidos por decenas de miles de personas.

¿Qué queda del nacionalcatolicismo consagrado por el Concordato de 1953 entre España y el Estado vaticano? ¿Es todavía un "poder fáctico" la Iglesia católica, como solía pensarse durante la larga dictadura franquista? Los enfrentamientos entre la jerarquía eclesiástica y el Gobierno socialista en las últimas semanas suenan a ruido de sotanas, como si la Iglesia católica añorase los tiempos en que su poder de intervención sobre la vida y costumbres de los españoles era absoluto.

La legislación vigente, de separación entre el Estado y las iglesias por mandato de la Constitución de 1978, no avala esas pretensiones episcopales, pero la realidad es tozuda año tras año, conflicto tras conflicto. La Iglesia católica es en España una poderosísima potencia económica, cultural, educativa e, incluso, inmobiliaria, por delante, con creces, de cualquier otra organización, si exceptuamos, como es lógico, al Estado.

LOS PODERES DE LA ICR
La fuerza del catolicismo español, medida en fieles, curas y monjas, obispos y otras jerarquías; en dinero, o en patrimonio inmobiliario; y en servicios educativos, sociales y de caridad, no tiene parangón porque se nutre de complicados y, a veces, inescrutables mecanismos de ingresos privados y de financiaciones y subvenciones públicas.

Los obispos suelen decir que la dotación estatal no alcanza el 10% del presupuesto de la Iglesia católica. Aluden sólo a la financiación directa fijada cada año en los Presupuestos Generales del Estado -144 millones de euros en 2006-, e ingresada por el Ministerio de Hacienda en una cuenta de la Conferencia Episcopal, que ésta destina al pago de sueldos de los obispos (120) y los sacerdotes incardinados en las diócesis (menos de 20.000).

Hacienda recauda una parte de esos 144 millones a través del IRPF de los declarantes católicos, muy escasos sobre el total de declaraciones -apenas un 35%-. Este sistema data de 1988 y debía ser transitorio mientras los obispos y el Gobierno encontraban en tres años un mecanismo de financiación definitivo. El llamativo fracaso de lo que entonces se llamó el impuesto religioso paralizó más tarde cualquier negociación, a la vista de lo que el historiador William J. Callahan llama "la tradicional tacañería del católico español".

COMPLICADOS MECANISMOS
Pero esa tacañería es muy relativa cuando se refiere al Estado, es decir, al conjunto de los españoles, sean religiosos o ateos, católicos, protestantes, judíos, musulmanes o budistas. Así, través de sus administraciones central, autonómica y municipal, el Estado aporta cada año otros 3.500 millones a la Iglesia católica en sus numerosísimas manifestaciones, más las cifras de ahorro por el paraíso fiscal en que se desarrollan la práctica totalidad de las actividades eclesiales. Se trata de un dinero que sale de las arcas de varios ministerios -Educación, Cultura, Defensa, Sanidad, Trabajo y Asuntos Sociales- y de las consejerías equivalentes de los Gobiernos autonómicos.

Es en el campo de la asistencia social y de la caridad -donde Cáritas es el buque insignia, con una labor imponente en recursos humanos y económicos- y en el sector de la enseñanza donde las organizaciones católicas reciben más dinero del Estado. Por ejemplo, en sueldos para pagar a los aproximadamente 30.000 profesores de catolicismo -los datos del Estado y la Iglesia nunca coinciden-, de los que unos 15.000 imparten doctrina en los colegios públicos, o para pagar el sistema de conciertos con las congregaciones eclesiales.

En estos conciertos se incluyen las subvenciones por módulo y las nóminas de los docentes, además de una partida para administración de los centros. Total, 3.017 millones de euros, según dijo el Gobierno en vísperas de la manifestación contra la reforma educativa del día 11.

La actividad educativa de la ICR se resume en 45.240 aulas, 1.500.037 alumnos y 80.959 profesores en todos los niveles. Diferentes órdenes eclesiásticas son propietarias de siete universidades -la de Deusto, de los jesuitas; la de Navarra, del Opus; la de San Pablo-CEU, en Madrid, de la Asociación Católica de Propagandistas; las pontificias de Comillas y Salamanca; y las universidades católicas de Murcia y Ávila- y de 15 Facultades eclesiásticas, 41 centros teológicos, 11 colegios universitarios, 55 escuelas universitarias, y 72 institutos superiores.

FUENTES DE FINANCIACIÓN
Otra fuente de financiación son los centros hospitalarios (107); los centros sociales como ambulatorios y dispensarios (128); casas de ancianos o discapacitados (876); orfanatos (937); guarderías (321); centros especiales de reeducación (365) y "otros centros de caridad y sociales" (717). El Estado paga también la nómina de los capellanes hospitalarios (510 a tiempo completo y 297 a tiempo parcial), los penitenciarios (130), más los sueldos de los capellanes castrenses, a cuyo frente está un arzobispo con grado de general de división.

Capítulo aparte, muy relevante, son las subvenciones o ayudas directas a la ICR para su ingente patrimonio artístico e inmobiliario: 280 museos, 103 catedrales o colegiatas con cabildo y casi mil monasterios. Para sostener ese patrimonio, las administraciones públicas han gastado en los últimos 20 años miles de millones. Fue el caso de la Comunidad y el Ayuntamiento madrileños, que, gobernados aún por los socialistas, financiaron gran parte de la finalización de la catedral de La Almudena.

En cambio, por todos los conceptos, las demás confesiones religiosas recibieron este año en España apenas tres millones de euros.