El PSOE estudia proponer que la Iglesia católica deje de percibir su asignación del IRPF en 2006

En el proyecto presupuestario remitido al Congreso por el Gobierno se indica que la prórroga del actual sistema tendrá vigencia en 2006 y que deberá revisarse en el curso de este año, pero se añade un inciso final a esa décima disposición para dejar la puerta abierta a la posibilidad de "acordarse una nueva prórroga".

CADUCIDAD DEFINITIVA
La enmienda que se baraja en el Grupo Socialista, cuya presentación o no decidirá la dirección parlamentaria del PSOE en próximos días, consiste precisamente en suprimir ese inciso final, lo que conllevaría poner fecha de caducidad definitiva al actual sistema del 0,52 por ciento, obligando al Gobierno a llegar a un acuerdo con la ICR (Iglesia católico-romana) en el plazo de un año.

La propuesta ha sido promovida por el dirigente socialista Alvaro Cuesta, secretario de Política Municipal y Libertades Públicas del PSOE, que en años anteriores ha venido denunciando lo que considera "sobrefinanciación" de la ICR.

La legislación vigente establece que el Estado adelanta a la Iglesia católica una cuantía como anticipo de los ingresos calculados por la vía del 0,5 por ciento de las declaraciones de la renta donde el ciudadano marca la casilla del sostenimiento económico de la Iglesia. Esa cantidad a cuenta, que se fija anualmente en los Presupuestos, es superior a la recaudación que finalmente se obtiene con el porcentaje del IRPF y sin embargo el diferencial nunca se devuelve al Estado, sino que queda en manos de la ICR.

Para Cuesta, ese excedente no reintegrable al Estado supone una sobrefinanciación pública de la ICR, que en su opinión incumple el artículo 16 de la Constitución referido a la aconfesionalidad del Estado. Hace dos años ya hablaba de que esa sobrefinanciación supuso 240 millones de euros en la última década.

El dirigente socialista ya defendió en la oposición una nueva regulación del sistema de asignación tributaria acorde con la concepción "laica, neutral y aconfesional" del Estado y "evitando toda discriminación positiva o negativa entre ciudadanos por sus creencias". Insistió el pasado año, ya con Gobierno socialista, pero el grupo parlamentario no le dio vía libre para presentar la enmienda. Este año sí podría prosperar.