Que no haya marcha atrás, por favor

Por ambas partes se lanzan todo tipo de acusaciones. Unos tachan a otros de clericalistas o de antirreligiosos, según la dirección en las que viajen las palabras.

LOS HECHOS
Los Comités de Ética hospitalaria son una institución oficial (en España dependen del gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente), que existe en muchos otros países, y que están formados por profesionales de los centros sanitarios (médicos, enfermeras, trabajadores sociales) junto a expertos legales, y representantes de la sociedad.

Estos Comités tienen funciones asesoras (nunca vinculantes) en cuestiones éticas que afecten el funcionamiento de los hospitales. Aunque –es cierto- si se pide opinión en unas circunstancias complejas que desbordan al médico, es difícil luego desligarse del consejo recibido. También es cierto que estos comités son amplios (generalmente más de diez personas) y que las decisiones se toman por consenso y muy raramente por votación.

Estos Comités, en las normas iniciales de su constitución en la Comunidad de Madrid 1995 (gobierno socialista) y su renovación en 1997 (gobierno del PP de Gallardón), recomendaban la inclusión de los capellanes católicos de los hospitales públicos. Ahora en la ratificación del Convenio de 1998 (PP de Esperanza Aguirre) pasa a ser un imperativo: el capellán "formará parte del comité de ética".

LA FE EN LA VIDA PÚBLICA
En primer lugar, debemos decir que cualquier ciudadano no debe ser discriminado por sus creencias. Esto incluye su derecho a la pertenencia a uno de estos Comités ¿debe ser excluido un médico de fe islámica, o una enfermera judía, o una trabajadora social protestante por sus ideas religiosas de un Comité de ética? No.

Por otro lado, no existe neutralidad en cualquier ser humano en sus ideas ante lo trascendente: cualquier persona no religiosa tiene valores éticos que se fundamentan en sus creencias, aunque se definan como “no religiosas”. Por ello, si se recusa a las personas religiosas, también debería hacerse con quienes no son religiosos: sus valores trascendentes influyen en sus decisiones morales.

Así pues, el criterio de las creencias personales no debería ser exclusivo a la hora de aceptar o no a una persona en una institución pública, incluyendo a la Comisión de Ética de los hospitales.

LO LAICO EN LA VIDA PÚBLICA
Expuesto lo anterior, y con la misma firmeza, debemos defender que los criterios confesionales no sean quienes decidan –en el sentido de autoridad o última palabra- sobre cuestiones que afecten el conjunto de la ciudadanía.

Esto significa tres cosas:
• 1.- El escoger a una persona para un Comité de Ética no puede basarse en un criterio puramente confesional. No sólo porque vulnere un trato justo con todas las religiones (¿por qué una si y otras no?). También porque implica un maridaje entre lo público y una confesión determinada que fusiona poder político y religioso. Una de las mezclas más explosivas y dañinas para la sociedad.
En este sentido, nos manifestamos contrarios absolutamente a que se afirme que el capellán "formará parte del comité de ética" en el último Convenio firmado por la Comunidad de Madrid con la Conferencia Episcopal católica. Y nos preocupa sobremanera esta forma de actuar.
• 2.- Si una persona es escogida para un Comité de Ética por considerarse adecuada por su perfil (profesión, experiencia, formación, representatividad) y pertenece a una confesión determinada, debe aplicar sus opiniones entendiendo que no puede imponer sus criterios morales a quienes piensen distinto a él. Sólo influir con el diálogo y la razón desde sus convicciones y perspectiva entendiendo a quién se aplica.
Algo que en España la jerarquía católica (y en general a lo largo de la Historia todas las jerarquías religiosas, incluida la protestante) tienden a olvidar con enorme facilidad. Esto hace entender la enorme sensibilidad y reacciones –a veces fuera de tono- que esto provoca.
• 3.- Esta situación anómala nace de la existencia de empleados públicos con funciones religiosas, como son los capellanes católicos en los hospitales públicos (o los profesores de religión confesional). El dinero de todos los ciudadanos paga un servicio religioso que debería ser ofrecido por cada confesión a sus fieles, no con el dinero del Estado.
Hasta ahora los protestantes españoles hemos mantenido siempre de forma mayoritaria que la función religiosa debe ser sostenida por los propios fieles. Así se obvian situaciones éticamente incorrectas, legalmente confusas, y socialmente mal vistas –que perjudican notablemente la imagen de una confesión religiosa- como ésta de la que estamos hablando.

Concluyendo: pueden haber sacerdotes católicos en los Comités de Ética de los hospitales, si están preparados y formados para esta labor y son aceptados como cualquier otro ciudadano para ese papel. Pero nadie debería decir que tiene que haberlos. Es una gran diferencia. La misma que existe entre el nacional-catolicismo y el pluralismo religioso de nuestra España democrática. Que no haya marcha atrás, por favor.

MULTIMEDIA
Pueden ver aquí un video de la noticia sobre capellanes católicos en hospitales públicos, de la que trata este Editorial (5.5 Mb).