España evangélica: ¿discriminados?

Por ejemplo, en España es difícil decir que se discrimina a los evangélicos de forma global cuando la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE, respresentante legal ante el Estado) recibe directamente y para uso propio desde hace dos años unos 600.000 euros (100 millones de las antiguas pesetas) anuales, vía Fundación Pluralismo y Convivencia (FPyC), entidad que depende del Ministerio de Justicia español.

O cuando por la misma vía (FPyC) sólo en 2006 se han destinado casi 2 millones de euros a proyectos de confesiones no católicas (judíos, evangélicos y musulmanes) no relacionados con el culto religioso, es decir, para actividades relacionadas con la presencia cultural y la ayuda social de las diferentes entidades evangélicas.

O cuando existen firmados acuerdos más o menos recientes de Cooperación con los Gobiernos autonómicos de varias Comunidades españolas (en concreto, Madrid, Catalunya, Andalucía y Galicia), con diversos beneficios económicos y en forma de presencia (caso de Catalunya, Andalucía y Galicia) en los medios autonómicos de radio y televisión de propiedad pública.

O cuando por dos años consecutivos (2005 y 2006) el medio público TVE transmite en directo un culto protestante en las fechas de Navidad, algo que antes no sólo no ocurría, sino que se denegaba sistemáticamente (de hecho, este medio digital y la Alianza Evangélica Española recogieron 5000 firmas en 2004 apoyando a Buenas Noticias TV, dependiente de la FEREDE para que se le concediese y se realizase esta transmisión, lo que finalmente se otorgó). Y dicho sea de paso, esta misma entidad (RTVE) acaba de conceder un programa semanal en Radio Nacional de España, sumándose así al también semanal que disfrutaba la misma entidad de Buenas Noticias TV.

O cuando la Dirección de Asuntos Religiosos (es decir, el Ministerio de Justicia) está presente en todo tipo de actos evangélicos (como muestra más reciente el 50 aniversario de la Comisión de Defensa Evangélica Española –con presencia del propio Ministro-, el Premio Unamuno amigo de los protestantes, o el I Congreso Evangélico de Madrid y Andalucía). Y a esto añadiríamos los avances en la asistencia religiosa en campamentos militares, hospitales, y cárceles; amén de la enseñanza religiosa evangélica en la escuela pública (al margen de que los propios evangélicos estemos de acuerdo o no con ella).

Por todo ello, hablar de discriminación en el sentido de un trato negativo o en contra de los evangélicos españoles parece contrario a la realidad y los hechos. La evolución es en general de apoyo, de simpatía y de concesiones que antes ni siquiera podían soñarse que existieran.

Otro aspecto es que se haya logrado todo lo que quisiéramos y entendemos como justo. Aunque aquí es preciso e importante preguntarnos si es lícito y correcto intentar lograr una situación equiparable en todo a la Iglesia católica española.

EL DINERO DE HACIENDA
Al hilo de esta situación surge la cuestión del dinero que de la declaración de Hacienda destina el Gobierno a la Iglesia católica. Un dinero que recauda el Estado, y que sin coste alguno para el contribuyente se destina una parte a la Iglesia católica (y/o a otros fines sociales) si se marca la casilla correspondiente en la declaración de la renta.

Sin duda otras confesiones no católicas podrían hablar de discriminación por no recibir lo mismo: una cantidad del dinero recaudado a través del IRPF (declaración de Hacienda). Aunque la discriminación real sea –a nuestro juicio- que el dinero que el Estado debe utilizar para bien de todos los ciudadanos se destine para una confesión religiosa determinada (o varias de ellas).

El fin real de la discriminación entendemos que sería que cada confesión se autofinanciase. sin recibir directamente dinero público, del aporte de sus fieles. Aunque sin duda las confesiones religiosas, como entidad sin fines lucrativos, deberían beneficiarse de condiciones especiales (desgravación de donativos, etc.), así como de apoyo en sus proyectos sociales y culturales (como cualquier otra entidad). Pero nunca recibir una parte de lo que es para todos los ciudadanos.

LA ENCUESTA
Todo esto está patente en la encuesta que Protestante Digital tiene abierta sobre esta cuestión: casi la mitad de los votos (el 48% de los votantes) está en contra de esta medida de recibir dinero público una confesión religiosa. Es más, al 24% le parecería “una vergüenza” que se adoptase. Sólo la cuarta parte (el 25%) está a favor de esta idea de recibir dinero público.

Y aquí surge la cuestión de la discriminación: también casi la cuarta parte -un 26%- dice que se debe aceptar el dinero del Estado para acabar con la discriminación (respecto a la Iglesia católica). Es decir, la postura es que “si a ellos les dan, a nosotros también”. Cuando lo correcto, a nuestro juicio, es que si a ellos le dan, para que no exista discriminación la solución es que no se le de a nadie. Dicho de otra forma (sin que suponga un paralelismo) si se permite la corrupción a unos pocos la no discriminación sería que nadie fuese corrupto, no que a todos se les permita legalmente la corrupción.

Y nos parece incorrecto que una confesión religiosa, por el hecho de serlo, reciba dinero del Estado, sea la que sea. Otra cuestión es que deba recibir apoyo (como ya han comenzado a recibirlo los evangélicos) en aquellos aspectos en los que aporten social y culturalmente un beneficio a la sociedad. Como cualquier otro colectivo.

Por lo tanto, no podemos ni debemos hablar de discriminación diciendo que no tenemos lo mismo que disfruta la Iglesia católica, sino pidiendo que nadie tenga nada de lo que no le corresponde. A lo mejor entonces ganaríamos la credibilidad que ahora nos falta. Precisamente por esto escribimos estas líneas.

Otra cuestión sería el trato que el hecho religioso recibe en general, sea católico, evangélico o de otra confesión. Pero esto no es discriminación en contra de los evangélicos, sino maltrato del hecho religioso de forma global, algo que prometemos analizar en otro Editorial.