El País ha publicado en su edición de este sábado un bochornoso artículo sobre el crecimiento de iglesias evangélicas en la zona de Carabanchel.
Más de 1.000 menores han sido víctimas de abusos en las últimas siete décadas, según la acusación de la Corte Suprema, que denuncia que Diócesis y Vaticano prefirieron “proteger a la institución” antes que a las víctimas.
La Corte Suprema del estado de Pensilvania (EE.UU.) publicó este martes un informe de un gran jurado que documenta 300 supuestos casos de “sacerdotes depredadores” sexuales en seis diócesis, tras investigar denuncias de abusos de menores.
El jurado explicó en el documento, que consta de 1.356 páginas, que ha identificado a unos 1.000 menores que han sido víctimas, entre los que hay adolescentes y muchos preadolescentes.
El texto entra en detalles sobre las actividades sexuales de los depredadores de menores. Entre los detalles que dio a conocer el fiscal Shapiro aparecen las cruces de oro que le daban a los niños abusados para distinguirlos de los otros y el caso de una niña que quedó embarazada. Shapiro leyó una nota donde un sacerdote mostraba su empatía y compasión por la situación que estaba viviendo. Estaba dirigida al violador, no a la víctima.
El jurado detalló que para elaborar este documento ha escuchado el testimonio de decenas de testigos y ha revisado medio millón de páginas de documentos internos de las diócesis, sin descartar que el número real de víctimas ascienda a miles, ya que es posible que los registros de algunos menores se hayan perdido o que el afectado optara por mantener el silencio.
ENCUBRIMIENTO POR PARTE DE LA IGLESIA CATÓLICA
En el informe, el jurado criticó que todos los casos fueron dejados de lado por los líderes de la iglesia “que prefirieron proteger a los abusadores y a la institución, sobre todo”.
La investigación acusa a los responsables de la iglesia de desalentar a las víctimas a la hora de denunciar los crímenes:
“Varios administradores diocesanos, incluidos los obispos, a menudo disuadieron a las víctimas de denunciar abusos a la policía, presionaron a las fuerzas del orden público para que cancelaran o evitaran una investigación o llevaron a cabo su propia investigación deficiente y sesgada sin informar los crímenes contra los niños a las autoridades correspondientes”.
Como consecuencia del encubrimiento, casi todos los casos son demasiado antiguos como para ser juzgados, ya que la mayoría son anteriores al año 2000, aunque el jurado subrayó que ha emitido acusaciones contra un sacerdote de la diócesis de Greensburg y otro de la de Erie, que presuntamente ha estado abusando de menores en la última década.
En una rueda de prensa, el fiscal general del estado, Josh Shapiro, destacó que el informe detalla “un encubrimiento sistemático por altos cargos de la Iglesia en Pensilvania y en el Vaticano”.
Aparte de las diócesis de Greensburg y Erie, el resto de las afectadas son las de Scranton, Allentown, Harrisburg y Pittsburgh, todas ellas en Pensilvania.
El pasado 1 de agosto, la diócesis de Harrisburg, una de las implicadas, publicó una lista de 71 religiosos y seminaristas, algunos de ellos ya fallecidos, “acusados” de abusos sexuales a menores desde 1940.
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