Caso Nachig: un injusto `Pacto de no agresión y respeto mutuo´

Los líderes de la comunidad evangélica de Nachig, junto con quienes se solidarizan con ellos en su lid legal (como el Consejo Estatal de Iglesias Evangélicas del Estado de Chiapas, Puertas Abiertas, Ministerios Alfa Chiapas, entre otros), presentan su caso ante instancias gubernamentales de la entidad. Éstas, como es su modus operando en situaciones similares, proponen iniciar negociaciones entre las partes en mesas de diálogo. Los evangélicos aceptan, pero señalan que hay evidencias incontrovertibles de que ellos y ellas fueron agredidos, y que lo conducente es hacer valer las leyes contra los tradicionalistas católicos que organizaron la agresión.

Pasan los días y las precarias condiciones de las instalaciones en las que conviven casi un centenar de familias, con un promedio de cinco integrantes por cada una de ellas, y la lentitud con la cual los representantes gubernamentales actúan para detener a los principales instigadores y perpetradores del ataque del 26 de junio; confluyen para que los evangélicos decidan salir a las calles de la antigua capital de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, con el fin de dar a conocer a la opinión pública e instancias nacionales e internacionales la situación por la que atraviesan.

El 27 de julio, un mes después de su forzado exilio, las calles de la ciudad que es puerta de entrada a los pueblos indios de Los Altos de Chiapas, fue testigo de la marcha de niños, mujeres, ancianos y jefes de familia que demandaban acciones gubernamentales en su favor y no meras reuniones en las que de facto resultaban beneficiados los católicos tradicionalistas.

No le gustó al gobierno chiapaneco que los protestantes, en el doble sentido del término: en su acepción religiosa y, por otra parte, en su dimensión de disidencia política; acudieran en su recorrido a la oficina de la ONU en San Cristóbal de Las Casas.

Entregaron un documento al representante del organismo, en cuyos puntos centrales demandan:

1. La aplicación del Estado de Derecho a los verdaderos culpables de las agresiones del 26 de Junio, quiénes siguen gozando de impunidad y que trajo como consecuencia el desplazamiento sobre todo a la Cd. de San Cristóbal de Las Casas de 96 familias en su mayoría evangélicas. Entre los culpables señalaron a: Juan Ramíro Sánchez Pérez, Francisco De La Cruz Pérez, Pedro Leandro Gómez Pérez, Oscar Pérez Pérez, Juan De La Cruz Pérez, Martín Arias Hernández, José Pérez López, Manuel Pérez Pérez, Mariano Francisco Hernández Pérez, Manuel Gómez López, Martín Gómez López, Antonio López Gómez, Mariano Sánchez de la Cruz, Antonio Sánchez Pérez y Mariano De La Cruz Pérez.
2. Que se haga valer la Carta Magna, los compromisos del Milenio con la ONU, garantizando la estabilidad social del Estado y el respeto a las creencias como libertades fundamentales y la no discriminación.
3. La liberación de los evangélicos arraigados que pasaron injustamente de ser víctimas a responsables.
4. El retorno de las familias a su comunidad con plena seguridad y garantías, así como la reparación de daños a vehículos y casas.

Los negociadores evangélicos debieron hacer largas antesalas, escuchar interminables argumentaciones culturalistas (“los tradicionalistas reaccionan violentamente cuando ven vulnerada su cultura, que desean preservar a toda costa”), presionar a funcionarios que aprovechan la buena disposición y espíritu pacífico y pacificador de los agredidos para que con el paso del tiempo éstos desistan de exigir el retorno a su poblado y se asienten en un nuevo lugar (mayormente la periferia de San Cristóbal de Las Casas); antes de que se firmara un nuevo acuerdo con quienes les atacaron en Nachig.

Pacto de no agresión y respeto mutuo lleva por nombre un documento signado el 6 de agosto. En el escrito los representantes de tradicionalistas y evangélicos acordaron poner en práctica la frase que encabezan las diez cláusulas que integran el acuerdo. Firma por parte de las autoridades estatales de Chiapas, Noé Castañón León, subsecretario general de Gobierno. Con su rúbrica está avalando un trato que es inequitativo para los intereses de los evangélicos.

En primer lugar un bando fue el agresor y el otro agredido. Los católicos tradicionalistas, agrupados políticamente en el Partido Revolucionario Institucional, causaron daños físicos y patrimoniales a los protestantes. Históricamente son aquellos los que han ejercido violencia, simbólica y física, contra los conversos a la fe evangélica. Los disminuidos en sus derechos y perseguidos por los tradicionalistas han buscado el amparo de las leyes, y los encargados de hacerlas valer no las han aplicado en su momento y ello hizo crecer la impunidad de los atacantes.

Por otra parte, de las poco más de noventa familias que salieron de Nachig hacia finales de junio, la mayoría retornaron al poblado el 10 de agosto. Ocho familias no pudieron hacerlo porque en la agresión tradicionalista sus casas fueron quemadas y/o parcialmente destruidas. Se supone van a regresar cuando las viviendas sean reparadas. El documento no dice quienes se harán cargo de esas reparaciones, ni establece un plazo determinante. Deben correr con los gastos, nos parece, quienes ocasionaron las destrucciones.

Adicionalmente, leemos en el denominado Pacto de no agresión y respeto mutuo, que han sido restringidos en su derecho de volverse a establecer en Nachig, antes de 45 días, los líderes de los evangélicos y sus familias. En el escrito no se da razón alguna para que a José Hernández Pérez, Mariano Pérez de la Cruz, José Sánchez Pérez y Mariano Ramiro Sánchez de la Cruz se les impida el retorno a Nachig en el plazo ya citado. Pero ellos afirman que fue una condición de los tradicionalistas para firmar el documento. Sostienen que el cálculo de los agresores es que van a poder controlar a los disidentes religiosos y políticos si sus líderes están ausentes del poblado.

Y si transcurridos los 45 días los tradicionalistas quieren imponer un nuevo plazo que impida el regreso de los cuatro líderes evangélicos? ¿Acaso las autoridades del gobierno de Chiapas van a cabildear en favor de los agresores, con el argumento de que es necesario preservar la paz y por ende es preferible el exilio del cuarteto? ¿Pero qué la verdadera paz no es, entonces, fruto de la justicia?

Mientras tanto doce familias continúan refugiadas en San Cristóbal de Las Casas (*). Unas en las instalaciones de la Albarrada, propiedad del gobierno de Chiapas. Otras en el templo Príncipe de Paz y con familiares. Una visita a las alojadas en la Albarrada deja constancia de que las condiciones de su estancia son de hacinamiento, con poca ayuda gubernamental para su alimentación y sin respuestas claras para la preocupación de los padres sobre dónde van a estudiar sus hijos e hijas en el nuevo ciclo escolar que inicia el lunes 23 de agosto.

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(*) Las fotografías del presente artículo –de Carlos Martínez García- corresponden a las familias asiladas en La Albarrada de las que se habla en este último párrafo.

	Artículos anteriores de esta serie:
	1		El «caso Nachig» y «Fahrenheit 451»
	2		«Inquisición» en Nachig
	3		Estalla Nachig contra los evangélicos