Promesas que se desvanecen en el aire

En primer lugar es necesario clarificar el porcentaje de quienes en México se reconocen como católicos. Obispos y arzobispos declaran con frecuencia que más del 90 por ciento de los mexicanos se identifican con la Iglesia que ellos presiden. Hace casi dos décadas, de acuerdo con el Censo de 1990, el catolicismo alcanzó 89.5 por ciento de las preferencias religiosas en el país. En el Censo del 2000, el porcentaje bajó a 87.9; y no nos extrañaría que en el ejercicio estadístico del 2010 la población católica mexicana estuviese cercana al 80 por ciento.

Por otra parte es necesario no perder de vista que territorialmente tiene marcados contrastes cómo se distribuyen los católicos en el país. A contracorriente de lo que en distintos espacios de opinión y análisis, así como popularmente, tiende a pensarse, no son las entidades mexicanas fronterizas con Estados Unidos donde existen los porcentajes mayores de población protestante/evangélica. Ésta tiene su representación más grande en los estados del sur/sureste, en la zona geográfica más alejada del territorio estadounidense.

Veamos cómo se distribuye la población, según identidad religiosa, en México. Por ejemplo, en el Censo del 2000 Guanajuato se muestra como el estado más católico, con 97.12 por ciento de la población que se identifica con la opción confesional; seguido de Aguascalientes (96.35) y Jalisco (96 por ciento). Mientras tanto Chiapas tiene 30 puntos porcentuales menos de católicos que Guanajuato; Tabasco es la segunda entidad menos católica del país, con 70 por ciento y Campeche la tercera (71 por ciento). Es en el centro y occidente del país donde la Iglesia católica todavía puede sostener que aglutina en su seno porcentajes mayores o cercanos al 90 por ciento.

Adicionalmente a las dos consideraciones anteriores, habrá que incorporar en el análisis el hecho de que la población católica tiene autonomía política y electoral respecto de las posiciones oficiales de las cúpulas clericales católicas. Desde hace varios años existe en el país un cúmulo de estudios de opinión pública que demuestran, sin lugar a dudas, que los católicos mexicanos van en sentido contrario a las enseñanzas de su Iglesia en distintos temas que conciernen a los asuntos nacionales y privados: no a la enseñanza religiosa en escuelas públicas, negativa a censuras de libros y películas que exhiben corruptelas e incongruencias de los liderazgos eclesiásticos (El crimen del Padre Amaro y las delictivas andanzas del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, acusado pederastia), derecho de las mujeres a decidir acerca de interrumpir el embarazo, aprobación de la ley de sociedades de convivencia y un prolongado etcétera.

Es cierto que la clase gobernante del Partido Acción Nacional es proclive a pavimentarle el camino a las presiones y aspiraciones de los altos integrantes de la cúpula de la Iglesia católica. Pero incluso en las entidades donde supuestamente tendría indudable éxito la vulneración de la laicidad del Estado, como Jalisco, el gobernador Emilio González Márquez debió dar reversa a su generosa donación, con recursos públicos, de 90 millones de pesos (8.6 millones de dólares) a la institución eclesial presidida allá por el cardenal Juan Sandoval Iñiguez. La movilización de la ciudadanía jalisciense echó atrás la ilegalidad y así asestó un golpe certero a los deseos político/eclesiásticos del llamado gobernador piadoso y su mentor, Sandoval Iñiguez.

Por varias vías connotados arzobispos y cardenales han hecho llegar a dirigentes partidistas y/o encumbrados funcionarios públicos, sus pareceres de que instruirán a la feligresía católica para que en las elecciones del próximo año emitan sus votos a favor de opciones partidistas, y candidatos, que respalden las enseñanzas de la Iglesia católica en temas especialmente sensibles para la misma. Mediante organizaciones y personajes cercanos a las dirigencias clericales, el cabildeo se ha venido intensificando entre asambleístas, diputados y senadores, y posibles candidatos a esos puestos, para que muestren disposición a los puntos de vista coincidentes con la doctrina social de la Iglesia católica. Una buena descripción de esas presiones ha quedado documentada en el reportaje “Por la revancha…”, de Rodrigo Vera (Proceso, 21 de septiembre).

Políticos de todas las opciones partidistas tienen múltiples deferencias con los dirigentes eclesiásticos católicos. Las externan ya sea por inercia cultural (debido al peso histórico de la institución en México); y/o por sobredimensionamiento (gracias a la ignorancia del verdadero peso que las orientaciones políticas de la Iglesia católica provocan entre la ciudadanía) de la fuerza real que tienen las directrices y homilías de obispos y arzobispo. Los clérigos amagan movilizar su pretendido capital político a favor de sus particulares visiones de cómo debería ser la organización sociopolítica del país. Por su parte gran parte de los políticos de los tres principales partidos (PRI, PRD y PAN) han mostrado tibieza en la defensa de la laicidad del Estado y otorgan a la Iglesia católica un poder en las conciencias de la ciudadanía del que simplemente carece.

Por andar negociando influencias políticas, enarbolando una representatividad de 80/85 por ciento de los católicos mexicanos a los que nunca ha consultado, la cúpula católica nombrada desde Roma sigue descuidando su terreno natural: el de pastorear a su grey, fortaleciéndola para que reproduzca en su vida personal y social los principios éticos católicos ante otras propuestas religiosas y/o seculares.

En sus “dominios” es constante la pérdida de feligreses, que por otra parte sólo han sido suyos de labios para afuera, frente a confesiones que crecen constantemente y ensanchan la diversidad en el mapa religioso mexicano. Los reflectores del poder les son más atractivos, que el trabajo cotidiano al servicio de las personas que conforman el pueblo católico.