Estado y familia: educación en democracia

Antes que el estado existen las libertades y derechos de las personas; el estado cumple amplias funciones, pero hay responsabilidades que corresponden a las personas y a las familias en las que el estado se debe limitar a garantizar su libre ejercicio.

Desde hace unas décadas, la política está invadiendo en España áreas que de ninguna manera son de su competencia; simultáneamente, el estado –ante la temeraria pasividad de la ciudadanía– está imponiendo su presencia en sectores que nunca le deberíamos ceder irresponsablemente.

Garantizar el libre ejercicio de derechos y responsabilidades por parte de las personas, las familias y los colectivos, es una función del estado; decidir los criterios éticos que nos deben regir en ese ejercicio, no es función del estado. No vale aquí apelar a mayorías electorales: hay derechos y responsabilidades que no se votan ni se deciden por el 51%, son previos, corresponden a la dotación que Dios concedió a cada ser humano y son inalienables, no sometibles a votación ni al criterio –tantas veces cambiante– de las mayorías sociales; no olvidemos que con esos criterios aparentemente “democráticos”, respetando escrupulosamente la voluntad de la mayoría, se impuso en la Alemania nazi la aniquilación de judíos y disminuidos; y al revés, desde la muy minoritaria Iglesia Confesante alemana, se proclamaron derechos que realmente representaban lo mejor de la dignidad del pueblo alemán.

Con la perspectiva del criterio estrictamente mayoritario habríamos legitimado la barbarie nazi y ahogado la voz profética de Bonhoeffer. Elegimos nuestros gobiernos por votación mayoritaria en base a programas electorales, pero el derecho inalienable a la objeción de conciencia o la libertad de expresión no se deciden en votaciones mayoritarias, forman parte de los fundamentos éticos de la democracia y no podemos permitir que este gobierno o cualquier otro intente laminarlos apoyándose en una mayoría social; en el momento en que esto suceda, podrán hablar de decisión mayoritaria, pero eso ya no será democracia, porque la democracia es algo más: no hay democracia sin respeto estricto a los derechos de la persona y de la familia y éstos dependen de principios éticos fundamentales, con clara base histórica protestante, para los que no hay que pedir autorización ni al estado ni a las mayorías del momento.

El debate no está en cómo concitar una mayoría social que decida los criterios éticos de la educación de nuestros hijos, está en ir a los fundamentos del sistema democrático y sacarle al gobierno las manos de encima de un área de decisión que no es de su competencia. La democracia no se gestó desde la perspectiva de dar todo el poder a quien conquiste el apoyo mayoritario, sino desde una perspectiva empeñada en delimitar el poder de los gobernantes, en poner el gobierno al servicio de los ciudadanos y no al revés, en delimitar áreas de la responsabilidad personal y familiar intocables por el gobierno; así, uno de los primeros derechos en ser definido fue el de la inviolabilidad del hogar familiar. Consecuentemente, es competencia del gobierno impedir que los niños trabajen o que se ejerza violencia contra las mujeres, pero no lo es regular las funciones de cada uno en la familia. Es competencia del estado garantizar a todos los niños y jóvenes el acceso a la educación, pero no lo es decidir los criterios éticos que dirijan su educación.

La responsabilidad de la educación de los hijos corresponde fundamentalmente a los padres, no al estado. La política educativa del gobierno debe en primer lugar asegurar el acceso gratuito y obligatorio a la educación y la igualdad de oportunidades –por cierto, instaurados ya hace cinco siglos en la Ginebra calvinista–; en segundo lugar, debe señalar un marco de respeto a las libertades y a la dignidad de la persona, pero debe abstenerse por completo de imponer a nuestros hijos un catecismo de lo que deben creer y lo que no; ¡tanto acusarnos a los evangélicos de que somos fundamentalistas por creer en verdades de valor absoluto, en bien y en mal, y al final les quieren imponer a nuestros hijos lo que está bien y lo que está mal, lo que es ortodoxo y lo que es herejía! Se espera del gobierno que señale un programa de mínimos que los estudiantes deben superar, pero no hay lugar para un credo ni unos fundamentos ideológicos de obligado seguimiento, y decimos esto en la certeza de que no existe una educación neutral, aséptica, libre de fundamentos éticos específicos, pero definir esos fundamentos no es responsabilidad del gobierno, sino de los padres, que decidirán en dónde recibirán mejor sus hijos una educación adecuada –y, en mi criterio, esto incluye la posibilidad de la escuela en casa–.

No hay que empeñarse en encontrar un ideario común porque con toda probabilidad no alcanzaremos un ideario consensuado, sino uno impuesto por la mayoría del momento; hay que dejar lugar a la diversidad. Sólo hay que exigir unos mínimos académicos, garantizar una igualdad de oportunidades educativas y, desde ahí, permitir una educación en libertad. Es responsabilidad del gobierno garantizar que la educación sea universal y de calidad; es responsabilidad de los padres asegurarse de que sea edificante y liberadora.

Los gobiernos españoles tienen la permanente tentación de controlar el ideario de la educación de nuestros hijos, heredando la nefasta tradición totalitaria del nacional-catolicismo; parece que los gobiernos de izquierda no se libran de esta deriva, lo que muestra que no se trata ya de una cuestión ideológica, sino de algo más profundo y preocupante: una mentalidad arraigada en la derecha y en la izquierda que quiere tutelar permanentemente a la ciudadanía y no quiere dejarle áreas en las que las personas y las familias ejerzan su responsabilidad y decidan en libertad.

Elegimos nuestro gobierno para que asegure a todos nuestros hijos una educación gratuita, obligatoria, con criterios de excelencia, con igualdad de oportunidades. Punto; hasta ahí llega; el resto, los criterios éticos e ideológicos son competencia inalienable de los padres; es nuestra libertad, es nuestra responsabilidad profundamente democrática. No dejaremos que nadie nos la hurte.