Cuando las cortes reunidas en Cádiz proclamaron la nueva constitución en 1812, que no la primera, ya que la primera fue el Estatuto de Bayona de 1808, los escasos protestantes españoles debieron pensar que era el paso previo para la instauración de la libertad religiosa. Nada más lejos de la realidad, habría que esperara a la constitución republicana de 1869 para que las autoridades toleraran a los protestantes españoles.
En el artículo 21 de dicha constitución dice: Art. 21.- La nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la Religión Católica.
El ejercicio público o privado de cualquier otro culto queda garantizado a todos los extranjeros residentes en España, sin más limitaciones que las reglas universales de la moral y del derecho.
Si algunos españoles profesasen otra religión que la Católica, es aplicable a los mismos todo lo dispuesto en el párrafo anterior.
La constitución de 1869 fue limitada en sus reformas entre la Iglesia Católica y el Estado. La difícil situación de la república no permitía enfrentarse contra la poderosa “Iglesia Nacional”. El esfuerzo de algunos evangélicos para extender en estos años de relativa libertad el Evangelio, fue un ejemplo de tenacidad y constancia. El 25 de abril de 1868, Juan Bautista Cabrera convocaba en Gibraltar, el único territorio en el que había libertad religiosa en toda España, a los pastores o evangelistas refugiados para celebrar con ellos una Asamblea, para redactar una Confesión de Fe Reformada. El grupo de hombres que realizaron el duro trabajo de la evangelización en España fueron: Francisco de Paula y Ruet, Manuel Matamoros, Alhama, Trigo, Carrasco y Cabrera, entre otros. Aunque a ellos se unieron decenas de colportores y evangélicos anónimos que promovieron el Evangelio donde les fue posible.
El retroceso en las libertades fue progresivo hasta la proclamación de la 2ª República. Con las reformas republicanas se limitaba algunas funciones de la Iglesia Católica como el control sobre cementerios, el matrimonio y las instituciones de enseñanza. Pero la constitución dejó paso, tras la Guerra Civil, al famoso Fuero de los Españoles del año 45 y a la ampliación de la tolerancia religiosa, que no libertad, de la Ley Orgánica del Estado de 1966.
Tras la llegada de la Democracia en 1978, la nueva constitución otorgaba, por primera vez de forma explicita, la libertad en materia religiosa, aunque no fue reforzada con una ley de libertad religiosa hasta 1980 y los acuerdos con las entidades religiosas no se cerraron hasta 1992.
En este breve repaso de las relaciones entre protestantismo y Estado hemos podido observar, que en la mayoría de los casos la actitud de la administración fue proclive a aplicar la política del “palo”. La situación ha cambiado en la actualidad. El crecimiento de las iglesias evangélicas por la inmigración y otros factores, ha animado a los partidos políticos a ganarse la confianza, aunque sea en parte, de la opinión pública evangélica. Las subvenciones públicas que los Consejos Evangélicos reciben de las distintas administraciones comenzaron a llegar en los años noventa. Alberto Ruiz Gallardón fue pionero en la política de la “zanahoria” firmando los primeros acuerdos con un Consejo Evangélico de Madrid y otorgando una exigua subvención para actividades culturales. Desde entonces, el CEM ha recibido cada año el maná del cielo, que ha permitido organizar numerosos actos culturales y la publicación de varios libros. Entre ellos las “obras completas” de Máximo García, actual presidente del CEM. Los dos últimos secretarios del CEM han intentado mantener el equilibrio entre el apoyo institucional y el agradecimiento complaciente. Aunque, el miedo y el recelo a perder la subvención y la inclinación de los evangélicos hacia la derecha en la últimas décadas, ha contribuido a la complacencia entre el CEM y el gobierno de Gallardón y su sustituta Esperanza Aguirre.
A nivel estatal, el presidente Zapatero ha hecho algo parecido. Con sus ideas visionarias y sus deseos de terminar una transición inconclusa ha levantado la liebre del ataque a los privilegios, que no derechos, de la Iglesia Católica. Con la creación de Pluralismo y Convivencia, institución creada para apoyar a las confesiones religiosas no católicas que sufrían el agravio comparativo con la confesión mayoritaria. Aunque, en su otra agenda el gobierno tenía el objetivo de molestar, presionar y atacar a la jerarquía católica.
El ataque del gobierno a la Iglesia Católica ha provocado la manifestación pública de un hecho probado, el catolicismo militante del PP y, en algunos casos su rancio nacional catolicismo.
El supuesto nuevo proyecto de ley de libertad religiosa sigue una doble estrategia. Dar a las confesiones religiosas no católicas la mayor zanahoria de al historia de España y, al mismo tiempo, el mayor palo a la Iglesia Católica. Lo único que todavía no sabe el gobierno es que lo único que le duele a la Conferencia Episcopal es el bolsillo, mientras el Estado siga manteniéndola no abordara su necesaria reforma interna e independencia política.
Los evangélicos estamos en la tesitura de apoyar a un gobierno laicista, progre y amoral o quedarnos del lado del partido católico, reaccionario y mojigato. Esperemos que al final no todo dependa de elegir al que ponga más dinero sobre la mesa.
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