¿Qué hará el Rey?

Parece que ya hemos olvidado del todo que el régimen democrático que nos dimos con la Constitución de 1978 fue el de una monarquía parlamentaria, aunque desde hace algún tiempo estamos funcionando como una república de facto, con el presidente del Gobierno actuando casi como Jefe del Estado.

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No es que aboguemos por uno u otro modelo de democracia, ya que ambos son humanos y, por lo tanto, imperfectos. Por lo que sí abogamos es por el respeto a las reglas del juego que nos hemos dado, por amplísimo consenso, y por “el imperio de la ley”: esa frase que tanto gustaba de pronunciar Adolfo Suárez en los prometedores inicios de la Transición. El respeto a las leyes y a la Constitución es lo que de verdad mantiene en pie a un Estado de derecho y le proporciona un futuro halagüeño. Perdido el respeto a la legalidad, ninguna sociedad democrática puede sobrevivir ni progresar en paz, concordia y libertad.

Hay quienes jamás abrazaron verdaderamente la democracia a finales de los años 70 del siglo pasado, porque la intención de su espíritu totalitario fue siempre obligarnos a todos a entrar en su molde y a aceptar sus ideas, quisiéramos o no. Nunca pensaron en cumplir aquello a lo que se habían comprometido. Hoy en día la democracia es asaltada desde dentro mismo del sistema democrático por medio de todo tipo de irregularidades legales, mentiras y trampas de las que siempre se acusa al adversario. Se conculca la legalidad institucional y aquí no pasa nada. El orden constitucional de 1978 que —mal que bien— nos ha proporcionado una vida con un grado razonable de paz, libertad, tolerancia y justicia se está viendo gravemente amenazado.

Pero, digan lo que digan sus detractores, nuestro sistema es democrático, y bien democrático, surgido de un consenso muy mayoritario del pueblo español y representado a una por sus fuerzas políticas de derechas, izquierdas y centro, según el modelo de algunas de las más avanzadas sociedades de Europa. Y nuestra Carta Magna, también consensuada y a la que ahora algunos tratan como mero “papel mojado”, requirió del esfuerzo de grandes hombres y mentes preclaras que, por la gracia de Dios, pusieron su mejor empeño y voluntad en reconciliar a los españoles después de la tragedia de un conflicto armado que los había enfrentado a muerte y de un tiempo de falta de libertad democrática. Nuestra Constitución es testimonio y garantía de esa libertad recuperada.

Sin considerarme monárquico —si no es como súbdito de Aquel que dijo “mi reino no es de este mundo”¹—, ni tampoco republicano —por la misma razón²—, me parece justo reconocer que en España recibimos la democracia de manos de un rey terrenal que, con todas las imperfecciones y faltas que le son propias a cualquier ser humano, supo afirmarse ante los que pretendían dar al traste con el proceso democratizador y ser lo suficientemente liberal como para incorporar al mismo a fuerzas políticas de todas las tendencias ideológicas, a fin de conducir al país, en paz y concordia, de una dictadura a un Estado de derecho. Con sus luces y sombras —como es también de rigor para cualquier obra meramente humana— nos hemos beneficiado de esa situación desde hace ya 45 años.

Así fue como España se convirtió en una monarquía parlamentaria. Y por mucho que algunos actúen, de facto, como si estuviéramos ya en una república donde el que ostenta el cargo de Jefe de Estado es el Presidente del Gobierno, aún no hemos llegado a ese punto, y para alcanzarlo, para cambiar de ese modo la Constitución, tendría que haber una mayoría de dos tercios, tanto en el Congreso como en el Senado, que votara a favor de dicho cambio, el cual debería ser luego ratificado por un referéndum nacional (Art. 168).

La única otra manera de que nuestra democracia cambiara su modelo constitucional sería por medio de una revolución: idea que, tal vez, algunos hayan albergado alguna vez o aún alberguen —hay gente para todo—. Eso nos abocaría, una vez más, a pasar del “frentismo” que se promueve en ciertos ambientes a un conflicto abierto de consecuencias impredecibles. El intentar ir cambiando la Carta Magna poco a poco “por la puerta de atrás”, mediante subterfugios legales o simplemente conculcando la Constitución y las leyes, tampoco es una opción.

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Sumergidos como estamos actualmente en el cálculo de las mayorías y los apoyos que se necesitan para constituir la Mesa del Congreso, las diferentes Comisiones y el Gobierno de la nación, no olvidemos que la prerrogativa de “proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo” (Art. 63d) le corresponde al Rey. Así que la decisión de si debe formar gobierno el más votado o aquel que tenga los apoyos suficientes para hacerlo, no está del todo en mano de los partidos.

“Oh Dios, da tus juicios al rey, y tu justicia al hijo del rey” (Salmo 72:1).

1 Evangelio según San Juan 18:36

2 Epístola de San Pablo a los Filipenses 3:20