Al Gobernador de Oaxaca por el caso Ozolotepec

Gabino Cué Monteagudo
Gobernador de Oaxaca
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Por medio de los funcionarios de su administración usted ha de estar enterado de las atrocidades cometidas en San Juan Ozolotepec. El presidente municipal, Pedro Cruz González, en días pasados escaló su hostigamiento hacia los evangélicos de la localidad al ordenar demoler su templo. Ésta acción es un nuevo eslabón de una larga cadena de agresiones simbólicas y físicas en contra de quienes no se identifican con el catolicismo romano.

En el reciente ataque, además, hubo heridos y encarcelados. Los principales afectados fueron los evangélicos que se opusieron a la destrucción de su lugar de reuniones. Anteriormente, bajo el señalamiento en su contra de no cooperar para las festividades religiosas (todas ellas vinculadas al credo católico romano) de Ozolotepec, a los evangélicos se les cortó el suministro de agua potable y el derecho a recibir beneficios de programas sociales federales.

Frente a las elecciones de nuevas autoridades municipales, señalan integrantes del grupo acosado, Pedro Cruz González y sus partidarios han intensificados las acciones intolerantes hacia quines no concuerdan con la cerrazón de su administración municipal a la diversificación religiosa de Ozolotepec.

Alfredo Alonso, uno de los agredidos por el contingente afín al edil, y quien junto con sus hermanos Raymundo y Aquiles logró escapar de San Juan Ozolotepec ha declarado que “el munícipe busca perpetuarse en el poder y para tapar sus actos de corrupción no permite que haya ninguna oposición en su contra, por ello ha arremetido contra los evangélicos, a quienes han sido los únicos que lo delatan y a los que ahora señala de traidores y difamadores de Dios”.

Considero que los integrantes de su equipo que le hacen llegar tarjetas informativas sobre lo que acontece en Oaxaca ya le habrán entregado fotografías de cómo resultaron golpeados algunos evangélicos en Ozolotepec. Un medio publicado en la entidad de la que usted es gobernador ha publicado una imagen en la que se ven claramente las huellas de los ataques en dos de los agredidos.

El testimonio de Alfredo Alonso estremece: “Por obra de Dios estamos vivos, porque nos golpearon con toda saña utilizando hasta varillas y piedras; y amenazaban con quemarnos vivos tan solo por querer ayudar a nuestros familiares, que son víctimas de un abuso de autoridad por parte de una autoridad municipal intolerante […] el alcalde [ha] envenenado al pueblo, para generar un odio contra todo aquel que no es católico, violentando la ley y la propia Constitución que permite la libertad de creencia de todos los ciudadanos”.

En el extremo del mal gobierno, el munícipe, no satisfecho con haber prohijado la demolición del templo evangélico, encarceló al pastor Leopoldo Alonso y tres integrantes de la Iglesia cristiana independiente pentecostés de Ozolotepec: Manuel Martínez Silva, Miguel Silva Reyes y Plácido Aragón. Estuvieron encarcelados por tres días, sin haber razón jurídica alguna para ello.

La congregación de Ozolotepec que ha sido agredida es una misión de la Iglesia cristiana independiente pentecostés de Miahuatlán de Porfirio Díaz. El pastor de ésta última, Sergio Aquino Domínguez, ha solicitado medidas de protección “para la familia del pastor Leopoldo Alonso, a quien la autoridad municipal lo ha despojado de sus terrenos, ha mandado a quemar su vivienda y reprime a sus hijos”. Quien está cometiendo delitos en su afán de reprimir a los evangélicos es el presidente municipal de San Juan Ozolotepec. ¿El gobierno de Oaxaca a su cargo va a fincarle cargos al munícipe por las comprobadas transgresiones legales en que ha incurrido?

La presente situación es resultado de la intolerancia violenta desatada contra la comunidad evangélica de Ozolotepec. Pero también es consecuencia de la inacción de funcionarios gubernamentales designados por usted. Ya en abril pasado el pastor Leopoldo Alonso Silva había denunciado las medidas represivas padecidas por él e integrantes de su congregación a manos de quienes les han negado la libertad de cultos. Entonces Alonso Silva, ante lo que consideró permisividad y solapamiento de las autoridades gubernamentales de Oaxaca, particularmente de la Secretaría General de Gobierno y de la Dirección de Atención a Asuntos Religiosos, demandó la intervención de la Secretaría de Gobernación federal.

El pastor Alonso Silva denunció el caso en la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca. También hizo pública su insatisfacción con la “actitud del director de atención de asuntos religiosos de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Zavaleta Rojas, quien ha hecho caso omiso a la queja presentada”. Sus palabras de hace ocho meses se cumplieron en todos sus términos: “Nosotros estamos denunciando públicamente lo que sucede, porque pueden llegar a más y queremos que se nos haga justicia, no creemos que por profesar una religión distinta a la católica tengamos que abandonar nuestra comunidad”. Sus perseguidores llegaron a más porque antes quedaron impunes.

Un antecesor suyo en la gubernatura de Oaxaca, el indígena zapoteco Benito Juárez García, y después presidente de México, promulgó el 4 de diciembre de 1860 la Ley de Libertad de Cultos. Dicha Ley significó entonces no nada más una victoria política sobre los conservadores que combatieron ferozmente a Juárez, sino también fue, y es, un muy significativo triunfo cultural ante el inmovilismo que promueven los intolerantes que se esfuerzan por tratar de uniformizar las creencias de la ciudadanía.

El espíritu de la Ley decretada por Juárez fue recogido en la Constitución de 1917, y ha seguido vigente en las subsiguientes reformas constitucionales a los artículos relacionados con la libertad de creencias y su práctica. Al Estado mexicano le corresponde proteger ésa libertad. Usted, cuando juró como gobernador de Oaxaca se comprometió a cumplir y hacer cumplir las leyes mexicanas y de la entidad de cuyo gobierno está al frente. El caso de Ozolotepec demanda de su parte que cumpla cabalmente con ese juramento. ¿Lo hará, o va dejar en el desamparo a los perseguidos y agredidos?

Señor gobernador, he decidido hacer pública esta carta porque el asunto tratado no es privado, sino que se relaciona directamente con cuestiones de interés público. También he incluido en la misiva su dirección de correo electrónico, con la intención de que personas preocupadas por los acontecimientos de Ozolotepec y consideren urgente la acción de su gobierno para proteger los derechos de los hostigados le hagan llegar su opinión.

Me despido con la esperanza de que una ejemplar intervención del gobierno de Oaxaca haga valer, sin reticencias, la libertad de cultos y conciencia en San Juan Ozolotepec.