Los acosados de Tizayuca

Un nuevo caso de persecución contra congregaciones vinculadas a la Iglesia de Jesús, con sede en la ciudad de México, tiene lugar en septiembre de 1871. El líder del movimiento evangélico era Manuel Aguas, sacerdote dominico que públicamente anuncia su adhesión a las filas del protestantismo en abril de aquel año.

Un grupo de protestantes de Tizayuca, Hidalgo, denuncia hostigamientos por parte del cura del pueblo y cinco frailes paulinos de nacionalidad española. Por no quererse confesar, sostienen, han sido “objeto de la más encarnizada persecución”.[1] En lugar de ser protegidos por las autoridades civiles, éstas han evadido su responsabilidad legal ya que “son esencialmente mochas y fanáticas”.

Además no hubo celebración de la Independencia el 16 de septiembre, ya que los fondos para ello serían destinados para sufragar los gastos de la visita a Tizayuca por parte del arzobispo Labastida y Dávalos. Luego pasan a describir las acciones en su contra:

Uno de esos gachupines se ha atrevido a romper y a escupir una de nuestras biblias, sólo porque le faltaban las notas, y no más que con el objeto de desconceptuarnos y hacernos parecer odiosos y aborrecibles ante nuestros hermanos. Habíamos sufrido que se nos ultrajara, pues algunos hemos sufrido golpes materiales, y hemos sido amagados con armas. Habíamos sufrido también que a muchos de nosotros, pobres jornaleros, sólo porque no nos hemos querido confesar, ciertos ricos, que estamos prontos a designar con sus nombres, injustamente nos quitaran el trabajo y el pan para nuestras inocentes familias. Estas y otras persecuciones habíamos sobrellevado con paciencia, pero lo que nos ha llenado de indignación, es el ver que en lugar de celebrar la Independencia nacional, se están ya colectando cien pesos para comprar un san Vicente de Paul, que los paulinos están empeñados en encajarnos en este pueblo pobre, para hacerlo más idólatra de lo que es.[2]

El domingo 17, estando reunidos en casa del juez primero conciliador, Mariano Rodríguez Gómez, para celebrar el culto protestante, irrumpe una “comisión armada” para llevarlos ante el presidente municipal, Ángel Vera. El munícipe los somete a un juicio popular y el resultado es que doce protestantes son encarcelados. También se organizan “varias comisiones, que fueron en el acto a catear las casas de los protestantes con el objeto de recogernos nuestras biblias y de aprehender a cuantos protestantes encontraran”.

Los denunciantes exponen que las agresiones las “han sobrellevado con calma, no hemos opuesto la más leve resistencia para no debilitar el derecho que justamente nos asiste para que se castiguen a esos rabiosos fanáticos”. Aseguran que hubiese sido mejor para ellos que el arzobispo Antonio Pelagio de Labastida y Dávalos se quedara en Roma, “pues desde que ha llegado a nuestra República se ha aumentado terriblemente la persecución que estamos sufriendo por todas partes los protestantes”.

Los perseguidos hacen las siguientes preguntas: “¿Por qué no nos deja ese señor ex regente, y su despótico clero que sigamos la religión de Jesús sin la mezcla de los errores romanos? ¿Por qué no nos deja gozar en paz la dulzura de nuestra religión?” Ellos mismos responden los cuestionamientos: “Porque él y su clero quieren nuestro dinero y nosotros no queremos dejarnos robar más”. Describen el entorno político legal que les ampara: “Por fortuna estamos bajo la protección de un gobierno a quien excitamos para que nos defienda, y para que castigue a nuestro injustos opresores, porque nos asiste todo nuestro derecho para que se nos proteja, puesto que no tenemos culpa ninguna, puesto que lo único que hacemos es usar de la libertad de conciencia que la Constitución nos concede”.
Por lo anterior demandan que “el gobierno castigue con mano fuerte a los culpables que en estos momentos le señalamos, para prevenir y evitar tantas desgracias, como podrían sobrevenir al país con una guerra de religión. A tiempo damos un grito de alerta”.

La llamada de atención no fue atendida. El problema de los protestantes en Tizayuca se agrava y torna trágico el primero de octubre. Manuel Aguas es quien describe lo sucedido: entre nueve y diez de la noche, pobladores del lugar, encabezados por el presidente municipal, “cayeron sobre las casas de los protestantes”. En una de ellas, la de José M. Segovia (uno de los firmantes de la carta publicada dos semanas antes en El Monitor), los atacantes “como perros rabiosos se arrojaron sobre él, asesinándolo de la manera más cruel y cobarde”.[3]

Quemaron un piano, biblias y parte de la casa, que era lugar de reunión de los protestantes. Describe lo padecido por la esposa de Segovia:

[…] pudo en medio de la confusión tomar la mano a un niño y a una niña, hijos suyos y salirse a la calle, pero esos sicarios de Satanás, le arrebataron con violencia y con atropellos al niño, al que introdujeron a la pieza donde sacrificaban a su padre. ¿Qué habrá sufrido esa desgraciada madre en tan espantosa noche? Repentinamente se vio en el campo, sola, huyendo atemorizada por salvar a la hija única que le habían dejado, y llevando el corazón quebrantado, porque además que acababa de presencia el asesinato de su esposo, y además del hijo que le arrebataron, quedaban en poder de sus perseguidores, una niña doncella ya grande, y otro hijo de trece años.
Toda la noche caminó está desolada madre por veredas extraviadas, hasta que al amanecer llegó al pueblo de Joloc, que dista como cuatro leguas del lugar de la catástrofe, adonde pidió auxilio. ¿Pero que auxilio podría darle un pueblo reducido, como es Joloc, compuesto en su mayor parte de protestantes que saben que sus principales perseguidores y enemigos en Tizayuca. Son las mismas autoridades que el día 17 del pasado, sin culpa de ninguna clase, pusieron a muchos hermanos nuestros en la cárcel, delito que ha quedado impune, hasta ahora, a pesar de haberlo denunciado al gobierno y al público.[4]

Aguas hace responsable del trágico episodio a Pelagio de Labastida y Dávalos. Considera que es así porque el obispo envía a los paulinos al poblado “para sofocar a una congregación de protestantes recientemente establecida en él”.

Mientras Aguas redacta el escrito llegan procedentes de Tizayuca dos mujeres indígenas protestantes, “hermanas nuestras que vienen huyendo de la persecución”. En presencia de Ignacio Manuel Altamirano narran que los paulinos continúan azuzando al pueblo, predicando desde el púlpito “que el que mate a un protestante se iba a la gloria”.

Manuel Aguas concluye la denuncia del caso, y junto con la comunidad que lidera manifiesta que los protestantes levantan por segunda vez la voz, “pidiendo al Supremo gobierno se nos haga justicia, y que las leyes de Reforma no sean ilusiones”.

El periódico que publica la exposición de hechos y exigencia de justicia que hace Manuel Aguas, se pregunta sobre la causa de que sucedan ataques como el perpetrado en Tizayuca y responde: “Porque el gobierno se muestra demasiado tolerante en esta parte”. La anterior es una postura equivocada, “pues sepa esa suprema autoridad que con su tolerancia hace que esas leyes de Reforma, que costaron tanta sangre y tantos sacrificios, no sean una realidad, sino una ilusión, y que a esta tolerancia la podrán llamar los frailes fanáticos debilidad, miedo y otras cosas más”.

Con el paso de los días se conoce más detalladamente lo acontecido en Tizayuca. Hubo varios muertos pero entre ellos no estuvo José M. Segovia. Éste es uno de los firmantes de la misiva en que los protestantes agradecen al jefe político de Pachuca su intervención para que los culpables de los ataques del primero de octubre sean enjuiciados.[5]

El día, 7 de noviembre, que el jefe político de Pachuca ejerce justicia a favor de los protestantes, éstos celebran un culto en la casa quemada el primero de octubre, “no obstante encontrarse sin techo y las paredes ruinosas”. Los congregantes ascienden a 120, quienes celebran “con una buena música”. En el culto, informan, “cumplimos con el deber de dar gracias a Dios nuestro Señor por todos los beneficios que se ha dignado dispensarnos, exhortándonos a permanecer fieles y constantes, confesando a Jesucristo, nuestro único Salvador e intercesor, resistiendo con fe a la seducción y terribles persecuciones que injustamente suscitan en contra nuestra los romanistas”.[6]

Firman el comunicado líderes de la Iglesia de Jesús, como Agustín Palacios y Manuel Aguas, y junto con ellos unas decenas de congregantes de Tizayuca y Joloc.