Legalidad ilegítima

Circular a gran velocidad, aunque con un rumbo cierto, es peligroso. Cuando no se conoce la carretera ni el rumbo, es mortal. Esa es nuestra situación en España.

El problema se agrava porque quien dirige el autobús y aprieta el acelerador, lo hace “legalmente”, no existen leyes que se lo impidan, sabe que no hay policía que le pueda dar el alto y pedirle cuentas de su temeridad. No tiene, pues, conciencia de hacer algo indebido.

La diferencia entre lo legal y lo legítimo ha sido asunto de discusión en muchas de las páginas de la Historia. De modo general, se suele aceptar que lo legal corresponde con el Derecho, con las leyes específicas de una población en un espacio y tiempo concretos. Estas leyes pueden variar, y hacer que lo que hoy es legal, mañana ya no lo sea. Lo legal depende de las leyes, del Derecho.

Lo legítimo sería, sin embargo, lo relacionado con la ética, la moral, en sentido social, del sentir común. Es algo que no depende de las leyes, tiene vida propia (sin entrar en las normas subjetivas que la motiven).

En los Estados (muy pocos, cada vez menos) donde se percibe la armonía entre lo legal y lo legítimo, esto supone una sanidad y normalidad democrática notables. Los ciudadanos asumen que las leyes tienen como referente a la ética social, y que ésta se concreta en las leyes. (Siempre quedarán, como es lógico, secciones de fricción.) En donde se percibe que lo legal es totalmente contrario a lo legítimo, se siente la presencia de una Tiranía que hace leyes para su propio beneficio y permanencia.

Tales percepciones están de plena actualidad en España. Esta misma semana se aprueban leyes de “recortes” que se perciben como ilegítimas, que no “deberían” hacerse (incluso eso lo dicen los mismos que las firman), pero que a partir de ese momento, son “la ley”. Convierten en “legal” aquello que se reconoce como inmoral.

Existe un previo en todo esto que explica, y complica la situación. ¿Qué nos ha pasado para que se acepte como normal que un Gobierno reconozca que no está aplicando su programa, sino uno opuesto, con el que fue votado con mayoría absoluta? Porque de esto es de lo único que parece no hay dudas, pues lo afirman los Ministros y el propio Presidente, una y otra vez. ¿Cómo es posible que no se hayan convocado ya nuevas elecciones? ¿Por qué no las reclaman los partidos políticos? ¿Cómo desde la moral y democrática Europa no se “recomienda” subsanar esta irregularidad? ¿Por qué se aplaude que un Gobierno haga todo lo contrario de aquello por lo que fue elegido? ¿Qué significa “que los Mercados nos vean como un país serio con un Gobierno que cumple sus promesas”? ¿Nadie cae en la cuenta de que, si esos Mercados ven algo, estarán viendo precisamente a un Gobierno que no cumple nada de lo que prometió?

Si tenemos una pierna rota (vale, la quebró la impericia del Gobierno anterior), y acordamos con un cirujano que, aunque está bastante mal, la salvará y nos recuperaremos para caminar normalmente; ¿qué pasaría si ahora ese cirujano nos dice, cuando ya lo hemos contratado, que no puede salvar la pierna, y que, además, nos sacará el hígado, pues así se lo ha ordenado Noséquién? ¿Aceptaríamos que nos anestesiara para entrar en el quirófano? ¿Qué reacción tendríamos si, además, nos dice que eso es la única solución, que no hay otro camino, que, por lo tanto, tengamos ánimo patriótico: perderemos la pierna, el hígado y, ya en el quirófano, a ver si le ordenan sacar algún que otro órgano, pues todo es justo y necesario? Pongan los ejemplos que les parezcan mejor. Contratar a un albañil para una obra en tu casa, y luego te dice que hará lo contrario. Contratar a un taxista para llevarte a una dirección, y luego te dice que tiene que llevarte a otra que él decide. Etcétera. Todo sería absurdo. Eso no se puede hacer, es ilegal; claro que sí, y el ordenamiento jurídico tendría el deber de impedir esos atropellos. A nadie se le ocurriría argumentar que como se firmó un contrato con una persona, eso es lo que vale, aunque ahora se pretenda hacer todo lo contrario de lo que ponía en el documento, y por eso no se puede acudir a los tribunales.

Pues lo que no se admite en absoluto para las relaciones sociales, se ha admitido para la relación política. Además, lo más chocante, de la que luego depende la ordenación de las relaciones sociales. Ese cirujano que no atiende a su compromiso contigo, es el que ahora tiene el poder legal para establecer las normas de la medicina, de la construcción y del transporte. Presumirá incluso de ser el Ético por excelencia y de obligar a que todos cumplan sus compromisos; quien no cumpla será “intervenido”. Desde la racionalidad, una locura.

Mirando la historia de las ideas políticas y la formación de los Estados Modernos, se ven los pasos que ha costado llegar al presente. Se puede resumir, en lo que ha costado pasar del gobierno de las personas al gobierno de las leyes. Un ejemplo: En medio de los derribos y construcciones sociales de la Revolución Inglesa, se propuso, como algo totalmente revolucionario y liberador, que la convocatoria del Parlamento, aunque potestad del monarca, no quedase a su absoluto arbitrio. Si no se convocaba en unos plazos determinados, la convocatoria se consideraba automática. Luego, otros pasos más, no se aceptaba que se dieran sus sesiones por terminadas sin el consentimiento expreso de sus miembros. Pequeños pasos, pero muy relevantes a favor de las leyes como reflejo de la ciudadanía, en contra de la decisión de los reyes.

En España se ha tendido más al gobierno de los reyes en vez de las leyes. Eso imprime carácter; el caudillismo no se quita en dos días. El resultado es que no se perciba como anomalía la situación presente. Puede sentirse incomodidad con los efectos, pero no se acude a la fuente.

Pequeño paso, parecido a lo de la Revolución Inglesa. Acordemos (por redes sociales, o como sea) no votar a ningún partido que no lleve como primera acción de gobierno proponer y apoyar una ley de contrato político (o como se llame), en la que se acuerde que sea legal la convocatoria automática de nuevas elecciones cuando, por ejemplo, en el plazo de dos años (media legislatura) no se haya cumplido un adecuado porcentaje de las acciones que se “contrataron” en las urnas. Esto sería trasladar a la esfera política el sentido común de poder parar legalmente la acción de (de nuevo, por ejemplo) un albañil que, incumpliendo su contrato de reparación por cuatro años, en vez de arreglarte la casa, te la está derribando; al menos, que no la derribe entera.

Mientras tanto, resistamos; que no nos lleven al quirófano. Nada de palabras altisonantes de “pueblo soberano”, o algo así; simplemente estamos en el corral, y nos quieren usar para paté, o salchichas, de eso dependen las leyes que nos apliquen. Demos picotazos (a la derecha, a la izquierda y al centro) antes de que nos metan en la jaula, que luego ya no podremos ni movernos. Si no nos arreglan la pierna, al menos que no se lleven el hígado. Es el derecho de resistencia, es el derecho a la defensa personal, es impedir que te roben, es defenderte de los delincuentes. Es el soberano derecho de defender tu casa y tus hijos.

Esto lo escribo desde el reposo en plena confianza de que Dios es el que tiene en su control todas las cosas. Lo uno no quita lo otro.