¿Qué ha conseguido ya la visita de Ratzinger?

Para quienes piensan, dentro y fuera de México, que la visita de Joseph Ratzinger tiene sólo propósitos “pastorales” y no políticos, lo sucedido en la Cámara de Senadores el miércoles 14 es una refutación bien clara: como un “obsequio” para el obispo de Roma, el Episcopado Mexicano y la población católica, en ese orden estricto, las comisiones legislativas aprobaron el dictamen que modifica el texto del artículo 24 constitucional para establecer la controversial “libertad religiosa”, fruto de la presión de la iglesia católica para congraciarse con su máximo dirigente mundial.

A escasos 9 días de la llegada de Ratzinger al país, los senadores dieron cabida a las minutas enviadas en diciembre pasado por la Cámara de Diputados, en un movimiento calificado como express o de fast track, puesto que hay toda una serie de iniciativas o proyectos de ley, considerados incluso como urgentes, pero que deberán esperar su turno, ante la premura con que se trabajaron estos temas en vista de la cercanía de la “visita papal”. Semejante celeridad en el tratamiento de estas reformas contrasta con la necesidad de abordar otros asuntos y muestra el grado de influencia del catolicismo en un país que no acaba de normar suficientemente los comportamientos políticos de las jerarquías religiosas mayoritarias, a pesar de que la separación del Estado y las iglesias proviene desde el siglo XIX y fue confirmada por la Constitución promulgada en 1917.

Ciertamente, ese mismo día dichas comisiones aprobaron también el cambio al artículo 40 para que ahora se establezca explícitamente la laicidad del Estado mexicano, pero también es verdad que la aprobación de ambos artículos fue negociada por los partidos mayoritarios, Acción Nacional, de Felipe Calderón (PAN), y el Revolucionario Institucional (PRI). Se supo muy bien que los representantes del primero aceptarían que el texto constitucional afirme que el Estado es laico, a cambio de que el segundo condescendiera con la modificación tan ansiada por los obispos. El sitio oficial del Senado consigna que la minuta aprobada establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión”, así como “a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado”. Y agrega que los senadores “ratificaron el agregado que los diputados hicieron al texto constitucional para indicar ‘que esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado’ en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley”. Y concluye: “En el dictamen aprobado se aclara que como todo derecho, también la libertad religiosa tiene límites jurídicos, por lo que se incluyó en la última parte del primer párrafo del artículo que ‘los actos públicos de expresión de la libertad religiosa no se utilicen con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política’”.[1]

La Jornada consigna que Antes, durante la discusión en comisiones, el senador Pablo Gómez (Partido de la Revolución Democrática) preguntó: “¿Qué necesidad hay de meter este galimatías a la Constitución, donde ya se establece la libertad de profesar la religión que más convenga?”. Coincidió en ello el panista Alejandro González Alcocer, que votó en contra de la reforma. Gómez expuso “que es innecesario fijar esas tres libertades que están ya integradas en otras partes de la Constitución, y alertó sobre la gravedad de que ello derive en llevar a la ley suprema del país la objeción de conciencia y abrir el camino a litigios interminables en la educación, la medicina y la función pública”.[2]

El editorial de La Jornada del jueves 15 expresa muy bien el sentir de los sectores que incluso se consideran “agraviados” por la aprobación inicial de estas reformas, llegando al extremo de decir que con ellas se inicia “el desmantelamiento del Estado laico”, lo cual resulta paradójico al considerar que simultáneamente se modificó el artículo que afirma la laicidad estatal.[3]Luego de destacar lo innecesario de las reformas en este momento, concluye: “Ante la falta de razones válidas y de peso para la reforma mencionada, y en vista de los efectos políticos y sociales nocivos que pudieran desprenderse de ella, la única explicación plausible a la luz verde legislativa otorgada ayer es un inadmisible afán de dar gusto al alto clero católico ante la inminente llegada al país de Benedicto XVI. Así pues, a reserva de esperar a que la citada reforma sea o no avalada por el pleno, ésta difícilmente ayudará a construir una sociedad más justa y libre, y sí fortalecerá, en cambio, el poder –de suyo desmedido– de la jerarquía católica en el país, y se sumará, para colmo, a las poco decorosas muestras de abandono del carácter laico del Estado mexicano frente al Vaticano”.[4]

Es verdad que aún falta que los dictámenes lleguen al pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación final y que después deberán recorrer las cámaras de las 31 entidades del país para su promulgación definitiva, pero todo ello no le resta importancia al hecho de que, como varios analistas han señalado, el Episcopado, junto con el embajador del Vaticano, el francés Christophe Pierre, ha presionado indebidamente al gobierno filocatólico de Calderón para apresurar estos cambios ante la inminente presencia de Benedicto XVI. Se sabe, incluso, que el gobierno de Guanajuato quiere obligar a la Iglesia La Luz del Mundo a cubrir su templo denominado “La Torre de la Fe”, pues se encuentra muy cerca del lugar donde Ratzinger oficiará la misa principal de su viaje y desea impedir que el pontífice católico lo visualice desde el aire.[5]

Pierre declaró que “el papa respetará las leyes mexicanas” y que aunque "estamos en periodo electoral, […] el papa no viene a incidir en el periodo electoral, [pues] él también tiene que respetar las leyes del país”. Agregó que, sin embargo, “es un jefe de Estado y por eso será recibido oficialmente por el jefe de Estado y se va a encontrar con él”. Observó: “El papa nunca viene para decir a los políticos lo que tienen que hacer, él no viene para tratar un tema específico, como la pobreza, que la tratará siempre desde la fe, a partir del modo como vivimos el Evangelio podemos cambiar la realidad”. Y detalló que el papa “no llega con programa político o social, él viene con el Evangelio, va a invitar a la personas a vivir con coherencia el Evangelio a fin de dar su aportación de forma positiva”.[6]No obstante estas afirmaciones, ha quedado bien claro que Pierre ha influido de manera determinante en la organización de la agenda de Benedicto XVI, pues a diferencia de otras visitas, no se incluyó ninguna reunión con víctimas de abuso por parte de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, ni con representantes de otras iglesias o religiones.[7]

Después de todo, el editorial del semanario Desde la Fe del 11 de marzo plantea con mayor claridad otro de los objetivos de la visita de Ratzinger, esto es, contrarrestar la creciente presencia de grupos evangélicos, aunque claro, analizada desde una óptica muy peculiar: “El Papa visitará un país que ha sido punto de referencia para la fe católica por su historia de casi 500 años, simbolizada en la veneración a la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. Sin embargo, se encontrará con una realidad que está cambiando rápidamente su fisonomía religiosa, ya que en los últimos treinta años han aparecido infinidad de grupos y comunidades del protestantismo estilo norteamericano, sobretodo de evangélicos y pentecostales, caracterizados por su rechazo a la Iglesia”.[8]

En resumen, la política y la religión seguirán formando parte de una mezcla que por momentos puede ser explosiva, pero que sirve muy bien para modular lo que las masas de creyentes y ciudadanos no alcanzan a veces a percibir. Si no, cómo entender las declaraciones del embajador mexicano ante el Vaticano en el sentido de que Ratzinger y Calderón dialogarán “sobre libertad religiosa”, por supuesto. El diplomático abundó en la expresión de sus deseos personales al decir que la expectativa por la visita “es impresionante”, lo cual al menos en la capital es bastante falso y que “todo hace pensar que la visita provocará una gran sacudida de almas”.[9]De modo que mientras llega el 23 de marzo, la visita de Benedicto XVI está ocasionando ya nuevos debates políticos y religiosos, aunque de último minuto, las bancadas priísta y panista ya acordaron aprobar de manera definitiva los cambios después de la visita papal, “con el fin de evitar un mayor escándalo del que se ha suscitado”.[10]