Acteal: ¿y ahora qué sigue?

Hasta ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se da cuenta de que la Procuraduría General de la República y otras entidades encargadas de hacer “justicia” no sólo se equivocaron, sino que “fabricaron” a los culpables, destruyendo así la vida de más de 80 cristianos manteniéndolos privados de su libertad por casi 12 años.

Un reconocimiento especial merecen los abogados del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE), quienes lograron la libertad de los hermanos evangélicos presos por la vía constitucional y han iniciado los trámites necesarios para que los absueltos por la Corte, recuperen aunque sea algo de lo inimaginablemente perdido.

VIDAS DESTRUÍDAS
No son tan sólo las cosas materiales como sus parcelas que quedaron abandonadas, sus instrumentos de trabajo que ya nadie utilizó, sus escasas riquezas personales, sino la vida familiar de cada uno de ellos como padres, hijos, hermanos, tíos de familia… pero sobre todo, su dignidad pisoteada.

¿Cómo puede el Gobierno pagar el daño que causó a cada una de las más de 80 familias que quedaron sin el hombre de la casa?

¿Cuánto cuesta reparar el daño hecho a una pareja cuando los obligaron a separarse, como en el caso de Mariano Pozo y Guillermina Sarmiento, quienes apenas tenían un año de casados?

¿Con qué dinero se puede pagar a una persona de la tercera edad que fue detenida con engaños y sentenciada por el delito de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, sin siquiera saber disparar una escopeta?

¿A cuánto asciende la cantidad que deben dar a Estela Luna Pérez, cuyo padre, Bartolo; sus hermanos Manuel y Miguel, así como sus dos cuñados: Juan Santís y Antonio Gutiérrez, fueron privados de su libertad por el único delito de conocer el poblado de Acteal, y de pronto ella se vio en la indefensión total, pasando a ser padre y madre de familia al mismo tiempo?

OTRA LISTA
Hoy toca a las autoridades llamar a cuentas a los autores de la “falla” que llevó a privar de su libertad a los inocentes del Caso Acteal. Estos son algunos de ellos:
- Tres jueces que convalidaron las pruebas
- Peritos que, bajo presión o a título personal, presentaron pruebas falsas
- Funcionarios que autorizaron órdenes de aprehensión contra indígenas inocentes
- Jorge Madrazo Cuéllar, ex Procurador de la República
- Ernesto Zedillo, ex Presidente de la República
- Julio César Ruiz Ferro, ex Gobernador de Chiapas

EL FACTOR RELIGIOSO
La periodista Carmen Aristegui entrevistó en su programa de radio el pasado viernes 14 de agosto al ex obispo coadjutor de San Cristóbal de las Casas, Raúl Vera, quien señaló que la Suprema Corte comete un grave error al dejar en libertad a quienes llamó “paramilitares”.

Para el clérigo, los evangélicos representan una afrenta a las víctimas y familiares del Caso Acteal, y dijo que estas y otras personas que están encarceladas -y unas más que aún están en libertad- son los verdaderos autores de la masacre.

Otro de los obispos católicos que saben mucho del asunto es Samuel Ruiz, quien es mencionado por conocedores del tema como uno de los que se congratularon por la detención de líderes evangélicos después de la masacre

Finalmente, los mismos abogados del CIDE coinciden en señalar las necedades que se cometieron por parte de pastores y pseudo abogados que pretendieron “ayudar” a los evangélicos acusados aquél diciembre.

“Tengo en mi poder, documentos que se presentaron ante el Ministerio Público Federal, donde con citas bíblicas pretendieron fundamentar un alegato de defensa jurídico para disculpar a los acusados, lo que fue no sólo un error legal, sino una estupidez que acabó de hundir a los hermanos, por lo que tuvieron que soportar años de cárcel y vejaciones”, dice Hugo Erick Flores, quien en breve publicará un libro donde da pormenores de todo este asunto.

LO INDIGNANTE
Resulta ofensivo que el Gobierno Estatal de Chiapas y el Federal, es decir la Secretaría de Gobernación, no quieran garantizar la estadía pacífica de los indígenas liberados a su natal Chenaló, bajo el argumento de que “no existen las condiciones de seguridad” para que regresen a sus casas, ya que corren el riesgo de ser agredidos.

Argumento similar es el que usan las autoridades de los Municipios y Estados donde hay expulsados por motivos de persecución e intolerancia relgiosa.

Es hora de que los evangélicos exijan al Estado garantizar la libertad de culto, en un país donde los ministros no católicos se han resignado -con poca dignidad- a poner siempre la otra mejilla.

MÁS INFORMACIÓN
Pueden leer aquí la noticia Corte Suprema de México libera indígenas evangélicos, injustamente presos 11 años por la masacre de Acteal en Protestante Digital.

Y aquí el artículo La tragedia de Acteal y los presbiterianos inocentes del escritor e historiador mexicano Carlos Martínez García.